Tener una pensión fija cada mes no es garantía de encontrar piso en Andalucía. Cada vez más mayores denuncian que propietarios e intermediarios los descartan nada más conocer su situación laboral, sin entrar a valorar si pueden pagar la renta o no. La edad, y no la solvencia, se convierte así en el primer criterio de selección.

El debate saltó a la actualidad tras unas declaraciones en el programa Y Ahora Sonsoles, donde una joven propietaria reconoció que convivir con una persona mayor no era su preferencia. Lo que podría haber quedado en una opinión personal ha terminado por abrir una discusión más amplia sobre los prejuicios que operan en el mercado privado del alquiler.

Las organizaciones de mayores llevan tiempo señalando esta realidad. Su argumento es sencillo: una pensión puede ser baja, pero es un ingreso predecible, puntual y que no desaparece de un mes para otro. Piden que se evalúe a cada persona por lo que realmente puede pagar, no por la etiqueta de "jubilado" o "mayor de 65 años".

Una discriminación con respaldo legal

El ordenamiento jurídico español no ampara este tipo de exclusiones. La Ley 15/2022 de igualdad de trato y no discriminación recoge expresamente la protección frente a situaciones basadas en circunstancias personales, incluida la edad.

Los juristas distinguen entre estudiar la capacidad económica de un candidato, algo legítimo, y rechazarlo de plano por su condición de pensionista, lo que puede tener consecuencias legales para el propietario.

Recursos públicos que no cubren toda la demanda

La Junta de Andalucía dispone de varias vías de apoyo para mayores con dificultades de acceso a la vivienda: vivienda protegida en alquiler, ayudas para personas en situación de vulnerabilidad y un complemento económico para pensionistas no contributivos que viven de alquiler.

Son recursos útiles, pero insuficientes para absorber una demanda que crece a medida que los precios del mercado libre siguen al alza en las zonas más tensionadas de la comunidad.