La Audiencia Provincial de Cáceres ha condenado a tres integrantes de la familia propietaria del Gran Circo África a un total de 76 años de prisión al considerar probado que sometieron durante años a una familia de trabajadores a un escenario de violencia, humillaciones, explotación laboral y agresiones sexuales contra los hijos menores. La sentencia absuelve a una cuarta acusada y descarta los delitos de trata de seres humanos que habían sido planteados durante la investigación.

Cuatro años de infierno

Los hechos se remontan al periodo comprendido entre 2020 y 2024, cuando un matrimonio y sus dos hijos menores convivían con los responsables del circo mientras este recorría distintas localidades españolas. Según recoge la resolución judicial, la situación terminó saliendo a la luz después de que la mujer consiguiera escapar y, pocos días después, también huyera su marido para denunciar lo sucedido ante la Guardia Civil cuando el circo se encontraba en la provincia de Cáceres.

A partir de esa denuncia se puso en marcha un operativo que permitió liberar a los dos menores e iniciar las diligencias judiciales. La investigación fue asumida por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Trujillo y, una vez concluida, la causa fue remitida a la Audiencia Provincial de Cáceres para la celebración del juicio.

La Sala considera acreditado que el matrimonio sufrió de forma continuada golpes, amenazas, insultos y humillaciones, todo ello dentro de un contexto de "absoluta dominación". La sentencia sostiene que los acusados ejercieron un trato "degradante" sobre las víctimas y añade que algunos episodios alcanzaron una intensidad "calificable de torturador", expresión utilizada por los propios magistrados para describir la gravedad de los hechos.

Los jueces también consideran probado que los dos hijos menores fueron víctimas de agresiones físicas, amenazas y castigos durante el tiempo que permanecieron junto a los condenados. Además, concluyen que ambos fueron obligados a realizar distintas tareas dentro del circo en unas condiciones que vulneraban sus derechos.

Grabaciones y pruebas reforzaron el relato de las víctimas

La resolución recoge igualmente que dos de los condenados impusieron a los menores "actos de naturaleza sexual", algunos de los cuales fueron grabados con teléfonos móviles. El tribunal destaca que esos vídeos, incorporados al procedimiento judicial, resultaron determinantes para corroborar los testimonios prestados por las víctimas durante la instrucción y el juicio.

El fallo condena al propietario del circo y a uno de sus hijos por un delito contra los derechos de los trabajadores, al considerar que aprovecharon la "extrema vulnerabilidad económica de la familia para imponerles unas condiciones laborales abusivas". Los tres condenados responden además por cuatro delitos contra la integridad moral, uno por cada miembro de la familia afectada.

La Audiencia suma también distintas penas por agresiones sexuales a menores, una tentativa y la elaboración de material pornográfico infantil, en función de la participación atribuida a cada uno de los procesados. Sin embargo, los magistrados concluyen que durante el juicio no quedó acreditado con la certeza exigida en el proceso penal que las víctimas tuvieran completamente anulada su libertad de movimientos ni que existiera un delito de trata de seres humanos con fines de explotación laboral o sexual.

La sentencia absuelve igualmente a una cuarta procesada al apreciar dudas sobre su participación en una de las grabaciones y entender que el resto de las imágenes atribuidas carecían de relevancia penal. En concepto de responsabilidad civil, los tres condenados deberán indemnizar de forma conjunta y solidaria a las cuatro víctimas con 180.000 euros: 50.000 euros para la madre, 30.000 para el padre y 50.000 euros para cada uno de los dos hijos. Los informes médico-forenses incorporados a la causa reflejan que los menores necesitan tratamiento psicológico por las secuelas sufridas y que la madre presenta importantes consecuencias emocionales. Además de las penas de prisión, la Audiencia impone órdenes de alejamiento, prohibiciones de comunicación, periodos de libertad vigilada e inhabilitación para desarrollar actividades profesionales, docentes o de ocio que impliquen contacto habitual con menores.