El Gobierno ha fijado una indemnización de algo más de 210.000 euros por cada persona fallecida en los recientes accidentes ferroviarios, dentro de un paquete de ayudas inmediatas y adelantos que alcanzará los 20 millones de euros. Así lo anunció el ministro de Transportes, Óscar Puente, tras la aprobación de un real decreto por parte del Consejo de Ministros.
El titular del departamento explicó que los procedimientos ordinarios y los plazos judiciales no suelen responder a la urgencia que generan este tipo de tragedias, por lo que el Ejecutivo considera prioritario proporcionar apoyo económico a las víctimas sin demoras prolongadas. Según indicó, la experiencia de siniestros anteriores ha evidenciado la necesidad de mecanismos más ágiles.
El decreto persigue un doble objetivo: conceder ayudas directas a los afectados y adelantar parte de las indemnizaciones vinculadas al seguro de responsabilidad civil. Del total previsto, 10 millones de euros se destinarán a ayudas inmediatas y otros 10 millones corresponderán a anticipos.
En el caso de las personas fallecidas, los familiares recibirán una cantidad superior a los 210.000 euros, repartida en tres partidas: 72.000 euros como indemnización a fondo perdido, otros 72.000 euros como adelanto del seguro de responsabilidad civil y una cifra similar procedente del seguro obligatorio. Para las lesiones corporales, las cuantías se calcularán conforme al baremo vigente y oscilarán entre los 2.400 euros en los casos leves y más de 84.000 euros en los de mayor gravedad.
Una ayuda antes de la espera
El ministro subrayó que el Ejecutivo no permitirá que los afectados tengan que esperar durante años para percibir las compensaciones económicas que les correspondan. También precisó que los importes se abonarán en un único pago y estarán exentos de tributación.
Puente encuadró estas medidas dentro del compromiso del Gobierno con las 46 personas fallecidas y las 164 heridas, así como con sus familias y con la ciudadanía en general. Recordó que en apenas tres días se produjeron dos accidentes ferroviarios de especial gravedad, el de Adamuz, en Córdoba, y el registrado en la red de Rodalies.
De forma paralela, el Ministerio de Transportes impulsará modificaciones normativas para crear un mecanismo de intervención pública que permita al Estado asumir, en determinados supuestos y atendiendo a distintos factores, el pago de un porcentaje de las indemnizaciones por daños personales en accidentes de transporte colectivo, sin menoscabo de la responsabilidad civil existente.