La huelga de hambre que cuatro miembros de la plataforma Unidos por el Agua mantenían, desde el pasado 15 de diciembre, en el salón de plenos del Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba, concluye tras alcanzar un acuerdo.
Tal como se comprometió el martes, el Ministerio de Transición Ecológica de la mano del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, hace firme, por escrito, su compromiso de convocar una reunión en la que estén presentes todas las administraciones y agentes sociales y económicos de las comarcas de Los Pedroches y Alto Guadiato.
Este será el inicio de los trabajos de un grupo de trabajo que tendrá como misión la solución urgente de los problemas de acceso al agua potable de más de 80.000 personas. Sin duda, un éxito de la movilización en la que está participando la entidad.
En su momento, la plataforma, liderada por el presidente de la misma, Miguel Aparicio, y por el presidente de la Fundación Savia, Paco Casero, ya explicaron que esta acción perseguía que "entre todos consigan llegar a una solución real que asegure el futuro de Los Pedroches y del Guadiato", en cuanto a contar con agua de calidad en los grifos de los 80.000 habitantes de ambas comarcas en el Norte de Córdoba, que llevan desde el pasado abril bebiendo el agua que les llega en camiones cisterna.
A este desenlace se ha llegado después de que el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, visitara este pasado martes en el Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba a los cuatro integrantes de la plataforma allí encerrados, Paco Casero, Miguel Aparicio, María Eugenia Molero y Pedro Vera, y les pidiera que dejaran la huelga de hambre.
A cambio de ello, Morán, que estuvo acompañado por el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández; por el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG), Samuel Moraleda, y por alcaldes socialistas de Los Pedroches y del Guadiato, se comprometió a "convocar una mesa de diálogo donde intervengan todas las administraciones con competencias en el grave problema de agua contaminada que sufren desde abril los habitantes del Norte de Córdoba".
El secretario de Estado admitió que, en cualquier caso, "este problema no se resuelve con buenas palabras ni con discursos mediáticos, sino poniendo sobre la mesa las distintas soluciones que pueda aportar cada administración, debatiéndolas y llegando a acuerdos. Esta situación hay que atajarla desde el origen, porque si no, en cinco o seis años, el problema no será grave, será irreversible".
Por ello, Morán avanzó que su siguiente actuación será "realizar una convocatoria abierta, en la mayor brevedad posible, donde estén representados el Ministerio de Transición Ecológica, la Junta de Andalucía, la Diputación de Córdoba, los ayuntamientos afectados y la plataforma 'Unidos por el Agua' y, a partir de ahí, crear un grupo de trabajo operativo formado por menos de 12 personas", con el fin de "pensar cuál es la solución más rápida que asegure la vuelta de agua potable, que será provisional, pero a la vez apostando por una solución estructural definitiva".
Por su parte, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, Samuel Moraleda, señaló que "toda agua se puede potabilizar sin que caigan 300 litros" de lluvia, "lo que hay que mirar es si la tecnología que se vaya a usar es la más adecuada, teniendo en cuenta el estado del agua. Además tenemos que luchar porque las aguas contaminadas dejen de llegar a la Colada, ya que es mucho más barato depurar que potabilizar".
El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, por su parte, apostó "por dejar a un lado los intereses políticos y poner toda la voluntad para que se solucione este grave problema a través del diálogo y el compromiso" y, en este sentido, afirmó este miércoles que lo necesario es que "todas las administraciones competentes" se comprometan a "buscar ese consenso, como el que se alcanzó en Doñana".
Se trata, según indicó, de "ver realmente dónde está el problema, y el más inmediato es la potabilización de ese agua que procede del pantano de La Colada, y que llega hasta Sierra Boyera" mediante una "infraestructura que acabó el Gobierno de España, aunque no era su competencia, y una vez resuelto el problema inmediato, que es la potabilización de ese agua, y hay técnicas ya acreditadas que pueden llevarlo a cabo, también ver cuál es el origen de la contaminación de esa agua embalsada en La Colada, para actuar también con la responsabilidad necesaria entre todas las administraciones".
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