La Policía Nacional ha desmantelado en Sevilla una organización criminal que se dedicaba a facilitar de manera fraudulenta la obtención de autorizaciones de residencia para ciudadanos extranjeros. La red recurría a la creación de falsos matrimonios y parejas de hecho para conseguir las tarjetas de residencia y, según la investigación, cobraba importantes cantidades de dinero a quienes querían regularizar ilegalmente su situación administrativa en España. Hasta el momento, la operación Boni se ha saldado con 24 personas detenidas.

La investigación comenzó después de que los agentes localizaran abundante documentación que apuntaba a la posible comisión de delitos de favorecimiento de la inmigración irregular y falsedad documental. Entre los principales objetivos de las pesquisas se encontraban un abogado con despacho en Sevilla y "la jefa" de la organización, a quien los investigadores atribuyen las funciones de captación, coordinación y control de la actividad. El análisis de los documentos intervenidos permitió descubrir numerosos indicios de fraude relacionados con supuestas relaciones de convivencia que, en realidad, nunca habían existido.

La organización habría llegado a presentar documentación para intentar acreditar que personas que ni siquiera se conocían mantenían una relación de convivencia. Para sostener esas falsas circunstancias, los implicados utilizaban documentos falsificados, entre ellos contratos de arrendamiento, facturas o reservas de establecimientos hoteleros. Los agentes detectaron así una estructura destinada a reunir los documentos necesarios para incorporarlos posteriormente a distintos expedientes administrativos y facilitar con ellos la concesión de las autorizaciones de residencia.

Informes periciales

Los indicios encontrados fueron reforzados por los informes periciales caligráficos realizados durante la investigación. Estos análisis concluyeron que una parte importante de la documentación habría sido confeccionada por una misma persona, lo que, según la Policía, evidenciaba una producción sistemática y centralizada de documentos. El material elaborado estaba destinado a ser incorporado a diferentes expedientes con los que se pretendía obtener las correspondientes tarjetas de residencia mediante información y acreditaciones falsas.

Por estos trámites fraudulentos, los integrantes de la organización cobraban entre 7.000 y 10.000 euros a los ciudadanos extranjeros, principalmente de origen marroquí. El dinero se exigía a cambio de regularizar de forma ilegal su situación administrativa en España mediante la obtención fraudulenta de tarjetas de residencia sustentadas en documentación falsa. La investigación continúa dentro de la operación Boni, aunque por el momento ya son 24 las personas detenidas por su presunta vinculación con esta trama.