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Este miércoles, Dámaso, de 49 años y guardia civil natural de Ferrol, mató a tiros a su exmujer, Laura, de 50 años, también agente de la Benemérita, dentro del propio cuartel de Llanes donde ella estaba destinada y convivía con sus tres hijos. El ataque se produjo poco antes de las 13.30 horas, cuando él entró en el despacho donde ella trabajaba y disparó contra ella. En su huida, abrió fuego contra otros agentes que intentaron detenerlo; dos resultaron heridos, uno de gravedad, aunque su vida no corre peligro. Dámaso murió horas después en la UVI móvil que lo trasladaba al hospital.
Cómo accedió al cuartel es, quizás, lo más inquietante del caso. Viajó desde Zamora, donde estaba destinado desde 2014, y no entró por la puerta principal: se coló por el garaje, aprovechando la salida de un vehículo, y utilizó el conocimiento que tenía del cuartel, donde había trabajado años atrás, para moverse sin ser detectado. "Burló las medidas de seguridad con el plus del conocimiento del lugar", señalan medios locales. Como ya no tenía su arma reglamentaria —retirada tras la condena por malos tratos—, forzó la taquilla de un compañero en Zamora y le robó la pistola, un extremo que ahora se investiga como posible negligencia en la custodia de armas.
A finales de julio se le notificó su expulsión definitiva del cuerpo, la sanción disciplinaria más grave que existe, tras la firmeza de su condena. En esas mismas fechas se revaluó el nivel de riesgo de Laura dentro del sistema VioGén, decidiendo mantenerla bajo protección. Varias fuentes cercanas al caso apuntan a que esa notificación de expulsión pudo actuar como "disparador" de la violencia.
Detrás hay un proceso judicial de casi seis años. La violencia se remonta al menos a 2019, cuando Dámaso agredió brutalmente a Laura delante de sus hijos en el propio cuartel; testigos hablaron de "extrema violencia", con patadas y puñetazos en la cabeza. La sentencia no fue firme hasta 2025 y le impuso cárcel —que no llegó a cumplir—, privación de armas, alejamiento y pérdida de la patria potestad. Pero en diciembre de 2025 esas medidas de protección judicial decayeron por cumplimiento de plazos: la orden de alejamiento venció.
Entre 2014 y 2019, Dámaso denunció a Laura al menos 45 veces, casi todas archivadas por no ser delito. Un comandante llamado a declarar resumió el motivo con una frase contundente: "por joder". En 2025 ella volvió a denunciarlo, esta vez por presionarla con una hipoteca compartida. Y en diciembre de ese mismo año pidió que se reactivaran las medidas de protección para ella y sus hijos. La justicia consideró que no había riesgo objetivado y se lo denegó.
La polémica institucional no ha tardado en llegar. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Jesús María Chamorro, aseguró que no le constaba que hubiera "ningún fallo en el sistema", unas palabras que generaron fuertes críticas, entre ellas las de Izquierda Unida de Asturias, que las calificó de "prematuras" y "complacientes", recordando que había juicios pendientes desde hacía meses en el Juzgado de Violencia de Género de Gijón. El Ayuntamiento de Llanes decretó dos días de luto oficial y se han vivido concentraciones multitudinarias de repulsa.
El caso se suma al asesinato de otra mujer el mismo miércoles en un centro comercial de Murcia, y a la espera de confirmación oficial de otro crimen en Benahavís, lo que elevaría a 36 las víctimas mortales por violencia machista en lo que va de año, con 26 menores huérfanos registrados en 2026.
Este miércoles, Dámaso, de 49 años y guardia civil natural de Ferrol, mató a tiros a su exmujer, Laura, de 50 años, también agente de la Benemérita, dentro del propio cuartel de Llanes donde ella estaba destinada y convivía con sus tres hijos. El ataque se produjo poco antes de las 13.30 horas, cuando él entró en el despacho donde ella trabajaba y disparó contra ella. En su huida, abrió fuego contra otros agentes que intentaron detenerlo; dos resultaron heridos, uno de gravedad, aunque su vida no corre peligro. Dámaso murió horas después en la UVI móvil que lo trasladaba al hospital.
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A finales de julio se le notificó su expulsión definitiva del cuerpo, la sanción disciplinaria más grave que existe, tras la firmeza de su condena. En esas mismas fechas se revaluó el nivel de riesgo de Laura dentro del sistema VioGén, decidiendo mantenerla bajo protección. Varias fuentes cercanas al caso apuntan a que esa notificación de expulsión pudo actuar como "disparador" de la violencia.
Detrás hay un proceso judicial de casi seis años. La violencia se remonta al menos a 2019, cuando Dámaso agredió brutalmente a Laura delante de sus hijos en el propio cuartel; testigos hablaron de "extrema violencia", con patadas y puñetazos en la cabeza. La sentencia no fue firme hasta 2025 y le impuso cárcel —que no llegó a cumplir—, privación de armas, alejamiento y pérdida de la patria potestad. Pero en diciembre de 2025 esas medidas de protección judicial decayeron por cumplimiento de plazos: la orden de alejamiento venció.
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