El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del pasado 15 de julio recogía el decreto de cese, "a petición propia, de don Jorge Vázquez Calderón como Director General de Andalucía Global, agradeciéndole los servicios prestados". Apenas habían pasado unas semanas desde que un testigo lo relacionase con la investigación sobre un presunto blanqueo de capitales vinculados al narco, con epicentro en El Puerto y donde se han visto salpicados contratos de la Diputación de Cádiz y la Junta de Andalucía. 

Antes de saltar su nombre a los titulares, el pasado 8 de julio, Vázquez Calderón, arquitecto gaditano de 40 años, ligado al PP desde Nuevas Generaciones y que hasta ahora dirigía un organismo dependiente de la Consejería de Presidencia, dimitió de forma exprés, sin que realmente hubiese algo sobre la mesa que le incriminase, más allá de una mención por un apodo en un grupo de mensajería instantánea.

Según ha podido saber lavozdelsur.es, el pasado 3 de julio por la tarde —un par de días después de producirse la macrorredada y las detenciones— el propio Jorge Vázquez remitió un escrito al Juzgado de Instrucción número 5 de El Puerto de Santa María, que lleva la causa, para solicitar la declaración voluntaria y, de alguna manera, tratar de limpiar su nombre al verse involucrado en un caso cuya investigación no solo no se ha dado por finiquitada, sino que fuentes cercanas a la investigación tienen claro que escribirá nuevos capítulos una vez que el juez instructor regrese de su periodo vacacional. En este contexto, el escrito de Vázquez no ha encontrado aún respuesta por parte de la autoridad judicial. 

Unos WhatsApp que no prueban nada: "Dentro, métele tres o cinco mil euros"

Como se recordará, en un grupo de WhatsApp integrado por empresarios de Cádiz y Sevilla implicados en la causa hablaban de un tal el Gordo, que dicha testifical, según se publicó en su momento, identificó como Vázquez Calderón. Las pesquisas también recogen una conversación del 24 de octubre de 2023 en la que Mario García —el otro empresario actualmente encarcelado de manera provisional— pregunta si se le había dado "algo" a "el Gordo". En ese intercambio añade: "Yo es que para eso soy muy generoso". A continuación, plantea una comisión del "10%" sobre los contratos que pudieran conseguir y propone "regalitos todo el año". En otra intervención, Pascual Llopis sostiene sobre esa persona que "a ese le gusta tela". Otro de los empresarios investigados incluso plantea un supuesto obsequio (un "jamón") al sugerir: "Dentro, métele tres o cinco mil euros".

De acuerdo con la investigación, esas conversaciones reflejan la estrategia que presuntamente seguían los integrantes del entramado para obtener contratos públicos y patrocinios que facilitaran el blanqueo de fondos procedentes del tráfico de drogas. Sin embargo, los investigadores insisten en que, por ahora, no han podido acreditar que las personas mencionadas en esos mensajes accedieran a las supuestas presiones o recibieran los regalos a los que se hace referencia. De hecho, el propio Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) publicó una nota de prensa, tras la macrorredada de julio pasado que incluyó requerimientos de información en despachos de la Diputación de Cádiz, asegurando que no había investigación alguna en curso sobre ningún político o cargo público. 

Esta es la tesis que se mantienen en todo momento: no hay pruebas fehacientes de que ningún cargo público obtuviera mordidas o sobornos a cambio de contratos de apoyo de los eventos e iniciativas promovidas por el holding liderado por Llopis y García, pese a que el propio TSJA, entre los delitos a los que aludió que se estaban investigando, incluyó la malversación y la prevaricación, delitos que solo pueden perpetrar autoridades o cargos públicos. "Yo no he hablado con nadie, porque nadie está siendo investigado. Cuando tenga la información, responderé; no hay pruebas de sobornos", declaraba el pasado 10 de julio ante los medios el presidente del PP de Cádiz, Bruno García.

El Puro Latino, uno de los hilos del que tiró la Guardia Civil

A partir de la investigación de alrededor de un año del entramado del caso Llopis, dentro de la operación Trajano 23 Sorela de la Guardia Civil, se han detenido a once personas y se han intervenido unos dos millones de euros en efectivo, joyas, oro y coches de lujo en múltiples registros en domicilios y oficinas de Sevilla y Cádiz. 

La investigación tuvo su origen en el análisis de la inteligencia obtenida sobre un objetivo considerado de alto valor dentro del narcotráfico nacional e internacional. Ese trabajo permitió detectar una estructura societaria diseñada para ocultar el origen de importantes cantidades de dinero y dificultar la trazabilidad de los fondos mediante la utilización de múltiples empresas radicadas en Sevilla y Cádiz. A partir de esos primeros indicios, el Equipo de Delincuencia Urbanística y Económica (EDUE) y el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidrogas (EDOA) de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Sevilla iniciaron una investigación codirigida por la Fiscalía Antidroga que se prolongó durante casi un año debido a la complejidad del entramado.

Las pesquisas llevaron a los agentes a analizar la actividad de sociedades vinculadas a sectores como el ocio nocturno, la restauración, el mercado inmobiliario, la organización de eventos, el turismo y la compraventa de vehículos. Según la Guardia Civil, todas ellas formaban parte de un sistema destinado a introducir en el circuito económico legal fondos procedentes del tráfico de drogas. Entre las actividades investigadas destacaban especialmente la explotación de establecimientos de restauración y ocio nocturno ubicados principalmente en El Puerto de Santa María y Sevilla, además de la participación de algunos de los investigados en la sociedad que explota un conocido festival musical de alcance nacional, el Puro Latino.