Los intentos por detener el paso del narcotráfico por las aguas del río Guadalquivir siguen su curso. La última de las iniciativas del Gobierno es la de instalar “barreras móviles” en el principal río de Andalucía para combatir la navegación de las narcolanchas.

Así lo ha anunciado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en el Senado. La medida contará con una inversión de más de doce millones de euros, según ha explicado el titular de Interior durante su intervención en la Cámara Alta.

Doce millones para barreras móviles en el Guadalquivir

Marlaska defendió que la actuación llega tras meses de tramitación. “Llevamos un año con toda la tramitación, y va a ser ya efectivo la posibilidad de la ubicación de esas barreras móviles con una inversión de más de doce millones de euros”, explicó el titular de Interior.

Según añadió el ministro, el Gobierno está formalizando un último convenio con la Autoridad Portuaria de Sevilla después de haber realizado “muchísimos informes durante un año que han sido necesarios para poner barreras móviles en todo el Guadalquivir”. “Pero eso es trabajo serio y continuado”, añadió.

La medida pretende frenar el uso del río como vía de navegación para las narcolanchas. El Guadalquivir ha vuelto a estar en el foco por su papel como entrada hacia la Península, con tramos de difícil navegabilidad, numerosos recovecos y zonas que pueden ser utilizadas para alijos o para ocultar mercancía.

La presencia de grupos dedicados al narcotráfico se extiende por distintos puntos del curso del río, desde Sanlúcar y Chipiona hasta canales de la Isla Mínima, Coria, La Algaba, Lora y Sevilla, según el contexto expuesto en torno a los operativos, incautaciones y persecuciones que se producen en la zona.

Los agentes avisan: “ineficaz y oportunista”

El anuncio ha generado sorpresa entre agentes que combaten el tráfico de drogas en el litoral de Cádiz, que dudan de la oportunidad y de la viabilidad real de la medida. Algunos guardias civiles consideran que una infraestructura de este tipo puede resultar “inútil” por las características del río y por el tránsito que soporta.

“Es completamente inviable por muchas cosas: por el continuo tráfico de mercantes, por el cauce del río, por la anchura de la desembocadura, por los innumerables canales, no es un río cualquiera...”, advierten. También recuerdan el precedente del Guadarranque, donde una barrera antinarcos sufrió sabotajes después de su instalación.

La Asociación Unificada de la Guardia Civil de Cádiz ha calificado la propuesta de Grande-Marlaska como “ineficaz y oportunista”. Desde esta asociación sostienen que la infraestructura podría ser saboteada durante su construcción o una vez terminada, y temen que el Estado acabe desentendiéndose del mantenimiento si los daños se repiten.

Los agentes también advierten de que, como ocurrió en Guadarranque, la instalación de barreras podría obligar a mantener patrullas fijas en esos puntos. A su juicio, eso supondría otro problema añadido en un contexto de déficit de medios y con una única patrulla del Servicio Marítimo para toda la Costa Noroeste, e incluso para toda la costa de Cádiz.

“¿A nadie en Madrid se le ocurre con ese presupuesto aumentar los efectivos personales y los medios materiales de la zona?”, se preguntan los agentes. En la misma línea, critican que se apueste por una infraestructura antes que por reforzar recursos humanos y materiales para quienes persiguen directamente a las organizaciones criminales.

El precedente de Guadarranque pesa en estas críticas. La barrera instalada en 2016 entre San Roque y Los Barrios sufrió varios sabotajes en poco más de un año. En algunos ataques, los narcos llegaron a cortar las estructuras con herramientas para abrir paso a las embarcaciones.

El debate llega en un contexto de mayor violencia ligada al narcotráfico. Las organizaciones que operan en la zona están cada vez más profesionalizadas y conviven con grupos locales vinculados al hachís y también al negocio de la gasolina. Además, el salto al tráfico de cocaína en narcolanchas ha elevado el valor de las cargas y el riesgo de enfrentamientos, robos entre bandas y ataques contra los agentes.

Por todo ello, asociaciones y sindicatos policiales reclaman que el problema se tome “de una vez en serio” si realmente se quiere acabar con el narcotráfico en Cádiz, en Andalucía y con las consecuencias que tiene para la seguridad de los ciudadanos y para la vida de quienes lo combaten.