Ganemos Jerez reclama que la Mesa Local por la Vivienda se construya sobre la propuesta de la Federación vecinal Solidaridad, con participación directa de los colectivos implicados, grupos sectoriales, apoyo técnico y administrativo, metodología por fases y un calendario con seguimiento.

La formación confirma su voluntad de participar. Sin embargo, teme que el gobierno de María José García-Pelayo instrumentalice la iniciativa y la deje sin contenido: "Solidaridad no ha pedido una foto: ha pedido un método".

Participación vecinal y diferencias sobre el modelo

Ganemos valora la presencia del Consejo Social de la Ciudad, pero sostiene que debe acompañarse de representación directa del movimiento vecinal, colectivos de vivienda, asociaciones de inquilinos, sindicatos y entidades que atienden desahucios.

Su portavoz, Tere Chamizo, cuestiona que la apelación municipal al consenso oculte las diferencias políticas. Defiende como punto de partida que "la vivienda es un derecho y no un negocio".

La formación contrapone sus propuestas de intervención pública a las políticas de PP y Vox, que, según critica, confían en el mercado, las bonificaciones fiscales y el aumento de la oferta.

Casi 5.000 familias inscritas para acceder a una vivienda

Para justificar sus demandas, Ganemos cita datos del registro municipal de Emuvijesa: en abril de 2026 había cerca de 5.000 familias inscritas, la mayoría con ingresos inferiores a 2,5 veces el IPREM, mientras las VPO superan los 150.000 euros.

Según la formación, solo 53 solicitudes se sitúan en el tramo de ingresos que permitiría, en principio, acceder a ese precio. También señala una subida del alquiler del 13,6% entre agosto de 2025 y agosto de 2026, unas 1.500 viviendas turísticas declaradas y un Plan Municipal de Vivienda y Suelo pendiente de aprobación.

Ganemos propone solicitar a la Junta la declaración de zona de mercado residencial tensionado, destinar suelo público a vivienda pública y alquiler asequible —comenzando por El Carrascal y La Milagrosa— y apoyar los decretos estatales de vivienda.

Reclama además un recargo del IBI a las viviendas vacías, destinando la recaudación a vivienda pública, un protocolo municipal antidesahucios y un plan transparente de rehabilitación de viviendas municipales vacías.