Los sindicatos CCOO e Iniciativa Sindical Andaluza (ISA) amenazan con acudir a los tribunales si la Junta de Andalucía no aprueba de inmediato el decreto que debe regular el teletrabajo en la Administración autonómica. Ambas organizaciones denuncian los continuos retrasos del Gobierno andaluz y el incumplimiento de los plazos comprometidos para desarrollar una normativa que permitiría ampliar las posibilidades de trabajar a distancia entre miles de empleados públicos. Tras la negociación del texto en julio de 2024, consideran que la regulación sigue bloqueada pese a los sucesivos anuncios de la Administración.

El último plazo acordado con otras organizaciones sindicales fijaba el 30 de septiembre como fecha límite, pero tampoco se ha cumplido. CCOO e ISA sostienen que el acuerdo alcanzado anteriormente por otros sindicatos supuso un "cheque en blanco" que no ha resuelto los problemas existentes. A su juicio, la circular de la Secretaría General para la Administración Pública que se aplica mientras tanto ha generado más arbitrariedad en los centros de trabajo, hasta el punto de que se han revocado autorizaciones de teletrabajo que ya estaban concedidas.

Uno de los casos que destacan es el del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), donde, según denuncian ambas centrales, las solicitudes se rechazan de manera sistemática, sin tener en cuenta la carga de trabajo. Los sindicatos recuerdan que el personal pudo desempeñar sus funciones a distancia durante la pandemia y en situaciones de emergencia climática, por lo que cuestionan que ahora se deniegue esta posibilidad. También atribuyen el bloqueo a la desconfianza de la Consejería hacia los trabajadores públicos y a las dificultades para modernizar la organización administrativa.

La reivindicación llega después de que el consejero José Antonio Nieto reconociera en agosto que el decreto no estaría listo en septiembre. En la actualidad, los funcionarios de la Junta cuentan con un día de teletrabajo semanal, mientras que la nueva regulación abriría la puerta a ampliarlo a dos días para alrededor de 50.000 empleados, siempre que sus funciones sean compatibles con el trabajo en remoto. Nieto ha explicado que el desarrollo de esta normativa se solapa con otros decretos de la Ley de Función Pública, especialmente con el relativo a la carrera horizontal y la evaluación del desempeño, que permitiría controlar la actividad realizada a distancia.

El ahorro

CCOO e ISA defienden que implantar el teletrabajo no solo mejoraría la organización laboral, sino que también supondría un ahorro para las plantillas en un contexto de encarecimiento de los combustibles. En su comunicado, calculan un impacto diario de 75.000 litros de combustible consumidos, 180 toneladas de emisiones de CO2 y 150.000 euros de gasto en carburante por los desplazamientos que podrían evitarse. Además, señalan sus posibles beneficios para la conciliación familiar y el acceso a la vivienda, al reducir la necesidad de residir cerca del puesto de trabajo.

Por todo ello, las organizaciones sindicales instan al Gobierno andaluz a cumplir el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) y la propia Ley de Función Pública autonómica mediante la publicación inmediata del decreto. Si la Junta mantiene el retraso, anuncian que emprenderán acciones legales por la demora que consideran injustificada y promoverán nuevas movilizaciones después de la huelga general convocada para el 11 de noviembre. Los sindicatos reclaman así una fecha definitiva para la entrada en vigor de una norma cuya tramitación se prolonga desde hace más de dos años.