Andalucía será una de las comunidades más afectadas por la prórroga obligatoria de los contratos de alquiler que venzan antes de 2029. En concreto, la medida permitirá ampliar hasta el 31 de diciembre de 2028 un total de 263.222 contratos en la comunidad, según los cálculos que maneja el Gobierno central. La medida entra en vigor este jueves, 1 de octubre, tras su aprobación por el Consejo de Ministros.
La prórroga está incluida en uno de los dos decretos leyes aprobados este martes y contempla que los contratos que venzan antes de 2029 puedan mantenerse en las mismas condiciones. Este viernes está previsto que el real decreto-ley sea debatido en el Congreso de los Diputados, que deberá decidir sobre su convalidación o derogación.
Dentro de Andalucía, Málaga concentra el mayor número de contratos prorrogables, con 74.050, seguida de Sevilla, con 54.866. A continuación aparecen Granada, con 40.069; Cádiz, con 35.757; y Almería, con 20.876 contratos que podrán acogerse a la medida.
Cádiz suma más de 35.000 contratos prorrogables
La lista provincial se completa con Córdoba, con 15.745 contratos; Huelva, con 11.359, y Jaén, con 10.500. De esta forma, las ocho provincias andaluzas reúnen los 263.222 contratos que, según las estimaciones de la Delegación del Gobierno, podrán beneficiarse de la prórroga obligatoria.
En el conjunto de España, la medida alcanza a 1.895.676 contratos de alquiler. De ellos, 751.166 vencen en 2026, otros 809.899 lo harán en 2027 y 334.611 en 2028. El Instituto Nacional de Estadística (INE) señala que en cada hogar hay una media de 2,5 personas, por lo que los cálculos del Gobierno sitúan en alrededor de cinco millones el número de personas que podrán beneficiarse de esta medida.
Según las mismas fuentes, estas personas "van a poder prorrogar sus contratos en las mismas condiciones". La entrada en vigor de la medida supone así que los contratos incluidos en sus previsiones podrán prolongarse hasta finales de 2028, a la espera de la decisión que adopte el Congreso sobre la convalidación del real decreto-ley.
Andalucía será una de las comunidades más afectadas por la prórroga obligatoria de los contratos de alquiler que venzan antes de 2029. En concreto, la medida permitirá ampliar hasta el 31 de diciembre de 2028 un total de 263.222 contratos en la comunidad, según los cálculos que maneja el Gobierno central. La medida entra en vigor este jueves, 1 de octubre, tras su aprobación por el Consejo de Ministros.
La prórroga está incluida en uno de los dos decretos leyes aprobados este martes y contempla que los contratos que venzan antes de 2029 puedan mantenerse en las mismas condiciones. Este viernes está previsto que el real decreto-ley sea debatido en el Congreso de los Diputados, que deberá decidir sobre su convalidación o derogación.
Dentro de Andalucía, Málaga concentra el mayor número de contratos prorrogables, con 74.050, seguida de Sevilla, con 54.866. A continuación aparecen Granada, con 40.069; Cádiz, con 35.757; y Almería, con 20.876 contratos que podrán acogerse a la medida.
Cádiz suma más de 35.000 contratos prorrogables
La lista provincial se completa con Córdoba, con 15.745 contratos; Huelva, con 11.359, y Jaén, con 10.500. De esta forma, las ocho provincias andaluzas reúnen los 263.222 contratos que, según las estimaciones de la Delegación del Gobierno, podrán beneficiarse de la prórroga obligatoria.
En el conjunto de España, la medida alcanza a 1.895.676 contratos de alquiler. De ellos, 751.166 vencen en 2026, otros 809.899 lo harán en 2027 y 334.611 en 2028. El Instituto Nacional de Estadística (INE) señala que en cada hogar hay una media de 2,5 personas, por lo que los cálculos del Gobierno sitúan en alrededor de cinco millones el número de personas que podrán beneficiarse de esta medida.
Según las mismas fuentes, estas personas "van a poder prorrogar sus contratos en las mismas condiciones". La entrada en vigor de la medida supone así que los contratos incluidos en sus previsiones podrán prolongarse hasta finales de 2028, a la espera de la decisión que adopte el Congreso sobre la convalidación del real decreto-ley.
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