Era jefa de cocina y no ha podido reincorporarse a su trabajo. Depende a diario de analgésicos opioides para un dolor que no ha desaparecido en más de dos años. Su familia discrepa de su decisión, pero ella se mantiene firme.

Han pasado más de dos años desde que Ainhoa Caballero, grancanaria de 28 años, sufriera una brutal agresión a manos de su expareja en plena calle. Aquel 26 de junio de 2024 marcó un antes y un después en su vida, y las secuelas que arrastra desde entonces le han impedido recuperar cualquier atisbo de normalidad. Ahora, tras una nueva negativa administrativa, vuelve a solicitar la prestación de ayuda para morir. Lo contó en el programa Vamos a ver verano, de Telecinco, con una frase que resume su posición: "La vida es preciosa, pero deberían darme una calidad de ella para yo decidir que merece la pena".

Ainhoa fue especialmente clara al matizar el alcance de su mensaje. "No estoy dando un mensaje de que la vida no merece la pena vivirla, no es eso", explicó en el magacín matinal. Su petición, subrayó, no responde a razones económicas, sino a que, según su experiencia y su diagnóstico, no existen posibilidades de mejoría en su estado de salud tras más de dos años de tratamientos y de convivencia con un dolor que nunca ha remitido.

Antes de la agresión, Ainhoa era jefa de cocina. Desde entonces no ha podido reincorporarse a su puesto en el mundo de la hostelería. A las lesiones físicas se sumaron un conjunto de secuelas que condicionan por completo su día a día: estrés postraumático, pérdida de olfato y gusto, problemas de memoria y un sufrimiento permanente. En su rutina diaria depende de analgésicos opioides, entre ellos la morfina y el fentanilo, para aliviar unos dolores que describe como continuos.

Una batalla de dos años con la Seguridad Social

Al deterioro de su calidad de vida se le ha sumado un largo enfrentamiento administrativo con el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), que en un primer momento le comunicó el alta laboral. Ainhoa lo denunció con contundencia en Telecinco: "Estar enferma no implica demostrárselo al mundo, que es la equivocación que han tenido conmigo en dos años". Y añadió una paradoja que sintetiza su experiencia con el sistema: "Antes me estaban mandando a trabajar y ahora me lo prohíben".

Actualmente, la Seguridad Social le reconoce un 55% de incapacidad laboral, un reconocimiento que llega después de dos años de gestiones y que, sin embargo, no satisface las pretensiones de la joven. "Mi salud está bastante mal siempre y son dolores continuos", explicó. Según su relato, la administración le argumenta que para acceder a este tipo de peticiones la persona debe estar postrada en cama o en silla de ruedas, un criterio que ella considera insuficiente para valorar situaciones como la suya.

Una decisión firme pese a la discrepancia familiar

Ese criterio administrativo es precisamente el que sí se cumplió en el caso de Noelia Castillo, que quedó parapléjica por una lesión medular grave después de haber sufrido una agresión sexual múltiple y que puso fin a su vida mediante eutanasia. Un precedente que Ainhoa conoce y que forma parte del debate sobre los límites y criterios de aplicación de la ley española de eutanasia en casos derivados de agresiones violentas.

Pese a la nueva negativa de la Seguridad Social y pese a que su propia familia discrepa de su decisión de solicitar la muerte asistida, Ainhoa se mantiene firme en su posición. Su caso vuelve a poner sobre la mesa una cuestión compleja: cómo valora el sistema el sufrimiento que no siempre es visible, y qué respuesta institucional reciben las víctimas de violencia de género cuyas secuelas se prolongan indefinidamente en el tiempo.

Si eres víctima de violencia de género o conoces a alguien en esa situación, el teléfono 016 atiende de forma gratuita las 24 horas, no deja rastro en la factura y ofrece atención en múltiples idiomas. También está disponible el chat en línea del Ministerio de Igualdad y el correo 016-online@igualdad.gob.es.