Un juez ha decretado prisión para dos personas por alojar en un garaje de Ceuta a migrantes que habían accedido a la ciudad a finales de julio y a los que cobraban hasta 900 euros por permanecer ocultos en el espacio. La investigación permitió descubrir una actividad organizada de alojamiento y favorecimiento de la inmigración irregular en unas plazas de garaje situadas en la avenida de los Reyes Católicos.
Uno de los condenados es un ciudadano ceutí, al que se le atribuyen delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y de amenazas. Por el primero ha sido condenado a nueve meses de prisión y por el segundo a otros seis meses. El segundo implicado, un ciudadano marroquí con residencia legal en España, ha sido condenado por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y se ha acordado sustituir la pena de cárcel por su expulsión de España durante cinco años.
La investigación comenzó después de que los propietarios del garaje fueran señalados por aprovecharse de la situación de vulnerabilidad de los migrantes para ofrecerles alojamiento. Las plazas de uno de los edificios de la zona eran utilizadas para darles cobijo y los agentes determinaron que no se trataba de una situación aislada, sino de una actividad organizada.
Los vecinos dieron la alerta
El operativo fue desarrollado por agentes de la UCRIF de Ceuta, junto con la UCRIF Central, dentro de la denominada operación Senen. Fueron los propios vecinos quienes alertaron de la presencia continuada de migrantes en unos garajes cuyas plazas permanecían cerradas. Los agentes localizaron finalmente a ocho personas, entre ellas dos mujeres, aunque se estima que llegaron a convivir una veintena.
Algunos de los migrantes explicaron a los policías que permanecían ocultos en estos espacios a la espera de ser trasladados a la península. Cada uno de ellos llegó a pagar hasta 900 euros por permanecer allí, según las fuentes judiciales. La investigación policial y las actuaciones judiciales han permitido esclarecer la situación y determinar las responsabilidades de las dos personas implicadas.
Un juez ha decretado prisión para dos personas por alojar en un garaje de Ceuta a migrantes que habían accedido a la ciudad a finales de julio y a los que cobraban hasta 900 euros por permanecer ocultos en el espacio. La investigación permitió descubrir una actividad organizada de alojamiento y favorecimiento de la inmigración irregular en unas plazas de garaje situadas en la avenida de los Reyes Católicos.
Uno de los condenados es un ciudadano ceutí, al que se le atribuyen delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y de amenazas. Por el primero ha sido condenado a nueve meses de prisión y por el segundo a otros seis meses. El segundo implicado, un ciudadano marroquí con residencia legal en España, ha sido condenado por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y se ha acordado sustituir la pena de cárcel por su expulsión de España durante cinco años.
La investigación comenzó después de que los propietarios del garaje fueran señalados por aprovecharse de la situación de vulnerabilidad de los migrantes para ofrecerles alojamiento. Las plazas de uno de los edificios de la zona eran utilizadas para darles cobijo y los agentes determinaron que no se trataba de una situación aislada, sino de una actividad organizada.
Los vecinos dieron la alerta
El operativo fue desarrollado por agentes de la UCRIF de Ceuta, junto con la UCRIF Central, dentro de la denominada operación Senen. Fueron los propios vecinos quienes alertaron de la presencia continuada de migrantes en unos garajes cuyas plazas permanecían cerradas. Los agentes localizaron finalmente a ocho personas, entre ellas dos mujeres, aunque se estima que llegaron a convivir una veintena.
Algunos de los migrantes explicaron a los policías que permanecían ocultos en estos espacios a la espera de ser trasladados a la península. Cada uno de ellos llegó a pagar hasta 900 euros por permanecer allí, según las fuentes judiciales. La investigación policial y las actuaciones judiciales han permitido esclarecer la situación y determinar las responsabilidades de las dos personas implicadas.
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