El titular del juzgado de instrucción número 16 de Sevilla ha abierto diligencias previas contra el Servicio Andaluz de Salud (SAS) para investigar una presunta imprudencia profesional sanitaria, tras la denuncia de la familia de un hombre de 70 años al que tardaron cuatro años en diagnosticarle un cáncer de garganta, cuando la enfermedad ya era inoperable. El paciente falleció el pasado 4 de febrero de 2026 en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.

Según el auto judicial, el juez acuerda recabar la historia clínica del paciente y solicitar posteriormente un informe pericial al Instituto de Medicina Legal (IML) sobre la praxis médica observada a lo largo de los años que duró el proceso.

Cuatro años acudiendo a urgencias sin que nadie pidiera una prueba oncológica

El paciente comenzó a sufrir dolencias persistentes en noviembre de 2020 y acudió en numerosas ocasiones al servicio de urgencias de distintos centros sanitarios dependientes del SAS, refiriendo malestar persistente, pérdida de peso y otras molestias. Sin embargo, según ha explicado el abogado de la familia, José Antonio Sires, "no se practicaron las pruebas complementarias necesarias para descartar patología oncológica".

No fue hasta noviembre de 2024 cuando se le diagnosticó finalmente un cáncer de garganta. Para entonces, la enfermedad se encontraba en un estadio tan avanzado y con metástasis que ya era inoperable. En el momento del diagnóstico, la situación del paciente "impedía cualquier tratamiento curativo y requería atención médica continua, cuidados paliativos adecuados y respuesta sanitaria inmediata ante cualquier emergencia", según ha señalado el letrado.

Sires ha destacado que esta es la segunda investigación judicial por presunta negligencia médica impulsada por su despacho en un corto espacio de tiempo, tras el caso registrado en Huércal-Overa (Almería) relacionado con el diagnóstico de cáncer de mama en un varón. El letrado ha valorado positivamente que el órgano judicial haya acordado diligencias concretas orientadas a determinar si la asistencia sanitaria prestada se ajustó a los estándares exigibles de la práctica médica.