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El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud celebró este miércoles un pleno extraordinario monográfico sobre el estatuto marco de los profesionales sanitarios que concluyó sin acuerdo y con un nuevo choque frontal entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas. Los consejeros de sanidad se negaron a votar los puntos del orden del día y presentaron a la ministra Mónica García un documento firmado por 16 de ellos en el que le urgían a "reabrir con urgencia un proceso de diálogo real, efectivo y constructivo". El desencuentro llega a apenas días de la quinta huelga de batas blancas del año, prevista para la semana del 15 al 19 de junio.
García no ocultó su frustración: "No se puede hacer como el perro del hortelano, que ni resuelves ni dejas resolver", espetó tras el pleno, recordando que la cumbre fue convocada a petición de las propias comunidades, instadas a su vez por los sindicatos médicos. La ministra defendió que los puntos que se iban a votar eran "muy sencillos" —retribución de guardias y jornadas de 35 horas— y acusó a los consejeros de "ponerse de lado" cuando podían haber ayudado a "desarticular el conflicto". Pese al rechazo generalizado, García fue tajante: "Nosotros no vamos a renunciar", porque hacerlo sería "traicionar a mis compañeros y traicionar el espíritu de transformación del Sistema Nacional de Salud".
Andalucía: 173 millones de euros en pérdidas y 1,3 millones de actos sanitarios suspendidos
El consejero en funciones de Sanidad de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, que había pedido sin éxito la presencia de los ministros de Hacienda y Función Pública en el encuentro y calificó la reunión de "tomadura de pelo", fue igual de contundente en sentido contrario: "La ministra se ha quedado sola", con un estatuto marco aprobado "de espaldas a los profesionales, los sindicatos y las comunidades autónomas". Sanz recordó que el impacto económico de las huelgas anteriores en Andalucía supera ya los 173 millones de euros, con más de 1,3 millones de actos sanitarios suspendidos y una media de más de 60.000 citas, pruebas diagnósticas o intervenciones quirúrgicas canceladas cada jornada de paro.
El consejero andaluz insistió en que "esta huelga es contra el Ministerio" y que la negociación sigue "encallada por la incapacidad de García para la escucha, para el diálogo y para llegar a acuerdos". También rechazó que las comunidades deban asumir responsabilidades sobre una norma cuya aprobación "corresponde en exclusiva al Ministerio de Sanidad": "Por más que la ministra no quiera aceptarlo y pretenda hacernos responsables a las comunidades autónomas", afirmó.
El estatuto en el aire y una huelga a la vista
El texto del estatuto marco fue aprobado en primera vuelta por el Consejo de Ministros la semana pasada, pero García recordó que eso "no significa que se termine el texto": permanece abierto a aportaciones hasta el 26 de junio en fase de audiencia pública, tras lo cual pasará al Congreso para su tramitación parlamentaria.
Sin embargo, los sindicatos que cerraron el texto en enero —Satse-FSES, UGT, CCOO y CSIF— ya mostraron la semana pasada su malestar por la exclusión de aspectos como la jubilación parcial y anticipada y recortes en cuestiones retributivas como los trienios de categoría superior por promoción interna.
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