Un juzgado de Madrid ha condenado a la secretaria general de Podemos y diputada Ione Belarra a pagar 9.000 euros al juez jubilado Manuel García-Castellón por considerar que sus publicaciones en la red social X perjudicaron su honor al calificarle de corrupto en septiembre de 2024. Así lo recoge la sentencia, en la que el juez Juan Antonio Lara concluye que las manifestaciones vertidas en esa red social generaron "un daño moral" que "debe ser indemnizado".

La cantidad fijada supone una rebaja muy sustancial respecto a lo que había reclamado el que fuera titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional: 350.000 euros. Pese a la condena, Belarra no ha moderado su discurso. Este viernes, tras conocerse el fallo, publicó un nuevo mensaje en la misma red social empleando de nuevo el término "corrupto" contra García-Castellón: "Nos perseguirán, pero no conseguirán que nos callemos".

El origen del conflicto: dos publicaciones en X y apariciones en televisión

El detonante de la querella fue una publicación que Belarra realizó el 2 de septiembre de 2024, el mismo día en que el Boletín Oficial del Estado publicaba la "jubilación forzosa por edad" del magistrado. En ese mensaje, la dirigente de Podemos afirmaba que García-Castellón y otros "jueces corruptos" se irían "de rositas" pese a haber "prevaricado". Días después, el 20 de ese mismo mes, publicó otro texto en el que señalaba que el magistrado "no tenía ganas de jubilarse" y seguía con "la guerra sucia judicial contra Podemos". "Se querella contra mí por decir la verdad, que lo que ha hecho para proteger al PP y para seguir a los adversarios políticos de la derecha es corrupción, con o sin condena", añadía en ese segundo mensaje.

A esas publicaciones en redes sociales se sumaron intervenciones en actos públicos y en un programa de televisión en el mismo tono sobre el juez jubilado, quien es conocido por haber estado al frente de la investigación del caso Tándem y el caso Púnica.

El caso tuvo antes que pasar por el Tribunal Supremo, que en junio de 2025 concluyó que no era el órgano competente para resolver la demanda. La Sala de lo Civil del alto tribunal consideró que los descalificativos lanzados en X no fueron proferidos "en el ejercicio de su cargo" como diputada, y que el hecho de que la cuenta de Belarra tuviese "una marca de verificación gris" no implicaba automáticamente que actuara en funciones parlamentarias ni que existiera "conexión con un acto parlamentario". El asunto recayó así en el Juzgado de Instrucción Número 45 de Madrid, que es quien ahora ha dictado sentencia.

La sentencia: expresiones "objetivamente injuriosas y gravemente vejatorias"

El juzgado madrileño determina que las expresiones utilizadas y acreditadas por Belarra fueron "objetivamente injuriosas y gravemente vejatorias" y que suponen una "atribución directa" de la condición de "delincuente y corrupto" a García-Castellón. La sentencia recalca además que la acusación de prevaricación, que para "cualquier ciudadano" constituye una imputación "grave", en el caso de un juez es "de las peores que profesionalmente cabe atribuir".

El fallo también apunta que "ni siquiera la formación a la que pertenece la demandada, ni ninguno de sus dirigentes" consideró "oportuno" presentar una querella contra García-Castellón por una supuesta actuación irregular durante su etapa como juez de la Audiencia Nacional. Y subraya que "este procedimiento se ha interpuesto porque precisamente no existe tal resolución" y que Belarra, "sin acudir a los medios a su alcance", imputó al juez jubilado "la condición de delincuente". Para el juzgado, no es "fácil" admitir que "una diputada de larga y relevante trayectoria política no conozca la específica acepción del término prevaricación".

Con todo, el juez Lara considera que la trascendencia del mensaje de Belarra es "francamente limitada", dado que de las 685.000 visitas que consiguieron sus mensajes solo se cosecharon "5.000 me gusta". Además, el fallo reconoce que García-Castellón "ha mantenido y mantiene un perfil público distinto y al margen de la estricta función jurisdiccional", lo que hace que su "exposición a la crítica" no pueda valorarse igual que la de un juez con menor presencia pública. Esos factores son los que justifican la rebaja de la indemnización desde los 350.000 euros reclamados hasta los 9.000 euros finalmente fijados. Además de abonar esa cantidad, Belarra deberá difundir el contenido de la sentencia en su propio perfil de X, donde se produjo la intromisión en el derecho al honor.

Tras conocerse el fallo, la diputada de Podemos no ha dado marcha atrás. En X publicó un mensaje en el que volvía a cargar contra el magistrado con todo: "Me condenan a pagarle 9.000 euros a García-Castellón, el juez que se va a Cartagena de Indias con los corruptos de Plus Ultra, que ha protegido a los corruptos del PP y le ha hecho la guerra sucia judicial a Podemos. Nos perseguirán, pero no conseguirán que nos callemos. Seguimos".