La ex empleada de empresas de la trama Gürtel Paula Seco ha atribuido a un posible error un contrato para el stand de Fitur 2004 del Ayuntamiento de Jerez que está datado un año antes de que el evento se celebrase. Concretamente, se trata de una póliza de seguros fechada en enero de 2003 y que pasó por sus manos, cuando en esas fechas ella aún no trabajaba en Special Events.
Seco ha comparecido en calidad de testigo ante la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que enjuicia las adjudicaciones del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera a las empresas de Francisco Correa y que tiene en la lupa el stand de Fitur de enero de 2004 y dos eventos en la localidad gaditana promovidos por el consistorio.
La Fiscalía Anticorrupción ha mostrado durante la sesión el contrato correspondiente a la póliza de seguro que las empresas de Correa contrataron para el stand y que tiene fecha de enero de 2003 para poner en evidencia que se organizaban los eventos antes de ganar el preceptivo concurso público porque sabían que serían los adjudicatarios.
Seco ha reconocido la anormalidad de la fecha porque "puede ocurrir que antes se pida una cotización para tenerla en cuenta en el proyecto" de cara a presentarse a un concurso público con todos los gastos calculados, "pero no se le da el ok" hasta no tener el contrato en marcha. Aunque no recordaba ese asunto en particular y planteaba que debió pasar por su correo electrónico porque alguien le pidiera hacerlo, sí ha señalado que en esas fechas aún no trabajaba allí. "Podría ser un error. Yo entré en verano de 2003 y no empecé a ejercer labores de ayudante de producción hasta septiembre, octubre, de aquel año", ha señalado.
Pablo Crespo, instructor de la trama
Además de Seco, han declarado las exempleadas de las empresas de Gürtel Alejandra Lascaray y Rocío Perea, que a preguntas de la Fiscalía y las defensas han informado sobre el modo en que funcionaban las empresas: Correa era el jefe y apenas tenían trato con él, pues sus instrucciones eran ejecutadas por Pablo Crespo, su número dos y ante quien respondían directamente. Era quien estaba en el "día a día".
También ha sido testigo Verónica Castañé, una abogada que trabajaba para el despacho dirigido por Luis De Miguel y que llegó a estar imputada en esta causa por haber figurado como administradora en una de las sociedades dirigidas por Correa, que no constaba, tras haberla constituido. Conforme ha señalado, asumió ese papel por orden de su jefe y durante el tiempo que constó como administradora la sociedad no tuvo actividad. Al cabo de unos meses, le vendió a él las participaciones, siguiendo también sus instrucciones.
Por otro lado, ha prestado testimonio José Luis Peñas, el ex concejal del Ayuntamiento de Majadahonda que destapó la trama Gürtel y que estuvo dos años (de diciembre de 2005 a diciembre de 2007) grabando reuniones con personas como Correa o Crespo. Tras recordar cómo acometía aquellas grabaciones e insistir en que no se movió por venganza o con interés de extorsionar sino por "compromiso personal", ha reconocido que en esos dos años no captó ninguna conversación relativa al objeto de este juicio, las adjudicaciones del Ayuntamiento de Jerez.
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