La Junta de Andalucía ha presentado por medio de Juan Bravo, consejero de Hacienda, un decreto que pretende actualizar la ley vigente sobre juegos y apuestas que data de 1986 y afectará a salones de juego, salas de bingo, casinos e hipódromos. En la misma rueda de prensa, se ha anunciado la toma en consideración de la Proposición de Ley de la bajada de impuestos presentada en el Parlamento por Vox, Ciudadanos y PP hace dos semanas, y que este martes se ha publicado en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía, que contempla la reducción de tributos para este tipo de actividades. Dos hechos cruzados que dejan dudas de si la intención de la Junta es restringir estos locales o fomentarlos.
La principal novedad es una reclamación que vienen haciendo en los últimos años diferentes partidos políticos, la prohibición de que estos establecimientos se puedan situar cerca de los centros educativos. Finalmente, la distancia que se establece es de 150 metros “para evitar que estén en las puertas de donde están nuestros niños”, que se suma a los 100 metros que debe haber entre los locales que se dediquen a estas actividades. Sin embargo, esta medida sólo afectará a aquellas de nueva constitución, por lo que las que ya están, seguirán estando.
Bravo ha resaltado durante toda su intervención el consenso con el que se ha redactado este decreto. Según ha relatado, en la elaboración han participado, junto a la Consejería de Hacienda, los principales sindicatos, el sector empresarial, Federación Andaluza de Asociaciones de Jugadores de Azar en Rehabilitación (Fajer), Instituto Andaluz de la Juventud y el Servicio Andaluz de Salud.
Esta distancia es inferior a los 500 metros que planteaba el Ayuntamiento de Cádiz a través de la modificación de su PGOU. Una propuesta que fue recurrida en los tribunales el pasado mes de febrero por la Junta de Andalucía alegando ser la administración competente, algo que ha vuelto a recalcar en el día de hoy Juan Bravo. En concreto ha hecho mención al artículo 81.1 del Estatuto de Andalucía “Corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de juegos, apuestas y casinos, incluidas las modalidades por medios informáticos y telemáticos, cuando la actividad se desarrolle exclusivamente en Andalucía”.
Otro de los motivos mencionados por Bravo para defender esta distancia ha sido que aumentarla supondría que en algunos municipios sólo se pudiera establecer un número reducido de estos locales, “lo que iría contra la libre competencia”. El consejero ha recordado que la Comunidad Valencia estableció que fueran 800 metros de distancia por falta de fundamentación. Sin embargo, esta limitación no será de aplicación para otros espacios donde se puedan concentrar menores como pudieran ser los parques u otros centros de ocio.
El decreto también contempla la prohibición de las imágenes y mensajes que inciten al juego, incluidas aquellas en las que se usan deportistas como reclamo, así como las cuotas en tiempo real, que no podrán ser visibles. Esto, según Bravo, elimina “de facto” la publicidad sobre este tipo de actividades.
Con la nueva normativa se impone a estos locales el control de acceso fuera del mismo, de forma que ni menores ni aquellas personas incluidas en el Registro de Control e Interdicciones podrán acceder siquiera a la zona de bar. Con ello, aumentan las sanciones para quienes lo infrinjan pasando de las multas actuales de 600 euros a multas entre 10.000 y 300.000 euros que, además, conllevarán el cierre del local en cuestión.
Este medio se ha puesto en contacto con Fajer a través de su presidente, Francisco Abad, para conocer el grado de satisfacción de esta asociación respecto a este decreto. Abad confirma que han asistido a las reuniones, pero que “no nos han dado pie a decidir”. Desde la organización, por ejemplo, habían solicitado que la distancia con los colegios e institutos fuera de 500 metros, aunque muestra su satisfacción por la prohibición de publicidad, “es un paso importante que estos locales no se identifiquen como tales y no llamen la atención de los jóvenes”, sostiene en declaraciones a lavozdelsur.es.
Desde Fajer critican la bajada de impuestos reciente y creen que es necesario que parte de la recaudación de estos salones vaya destinada a la rehabilitación de personas adictas al juego: “Nos parece que es hora de que quien lo haga lo pague”. Para Abad, el control de acceso para las personas que se autoexcluyen también es una noticia positiva, aunque señala que habría que ampliarlo a bares y cafeterías mediante sistemas de identificación a través de la tecnología, “porque muchas personas entran en el juego por las tragaperras”.
Sobre la bajada de impuestos a estas actividades, Francisco Abad también denuncia que a ellos, como ONG, “no hayamos recibido ninguna bonificación en los impuestos ni ayudas, a pesar de haber sido un servicio esencial y hayamos estados abiertos durante toda la pandemia”. Fajer actualmente presta su ayuda entre su red de asociaciones a 400 afectados por el juego, entre enfermos y familiares de forma gratuita o con una cuota simbólica. Sobre esta cuestión, la asociación pide que desde la administración se realicen estudios sobre la adicción y que los datos no se ofrezcan únicamente por parte del sector del juego, puesto que “están viciados, hay una diferencia grande entre los resultados y la gente que acude a nosotros”.
La Consejería de Hacienda seguirá teniendo encuentros y reuniones con el objetivo de avanzar en la prevención y en la formación acerca de los problemas que puede conllevar la adicción a estas actividades. Para ello, se llevarán a cabo charlas informativas en los centros educativos por parte de la Educación y del propio IAJ.
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