El anterior gobierno municipal del Partido Popular adjudicó de forma presuntamente irregular el expediente de 'contratación del servicio de dirección letrada de los procedimientos individuales de despidos derivados del ERE municipal' a la consultora Deloitte, la mayor auditora que opera en España y que está sentada en el banquillo por su supuesta implicación en el falseamiento de las cuentas de la salida a Bolsa de Bankia durante la etapa de Rodrigo Rato, hoy en prisión, al frente de la entidad. Este contrato costó a las arcas municipales 121.000 euros y no pasó por concurso público, vinculándose, además, a otras tres contrataciones con la consultora que implicaron un desembolso de dinero público de otros 100.000 euros en apenas tres años.
Un informe de la Intervención Municipal coincide con el de un bufete externo, Sanguino Abogados, contratado por el Ayuntamiento de Jerez a instancias de la Comisión Especial de Auditoría y Transparencia para esclarecer si el PP de Maria José García-Pelayo y Antonio Saldaña obró de manera legal en las sucesivas contrataciones que adjudicó a Deloitte en tres años en relación con los despidos masivos en el Consistorio jerezano.
En ambos informes, a los que ha tenido acceso lavozdelsur.es y que forman parte del procedimiento jurídico que inició la propia comisión, se arrojan las mismas conclusiones: el ejecutivo del PP hizo uso de forma presuntamente irregular del procedimiento negociado sin publicidad, llegando a trocear la defensa jurídica del ERE municipal que había promovido para que todos los contratos, por valor de más de 200.000 euros, fueran a manos de Deloitte. Hay un tercer informe que, según fuentes municipales consultadas, no atiende a la consulta concreta sobre el último contrato adjudicado a Deloitte y solo entra en el análisis de contratos anteriores por si concurre fraccionamiento.
"Caza de brujas contra el PP"
En una reunión prevista para el próximo 10 de febrero, la referida comisión municipal, presidida por el portavoz de Ganemos, Santiago Sánchez, decidirá si con toda la documentación que obra en poder del Consistorio acude a la Fiscalía Anticorrupción para presentar una querella contra los dirigentes populares por presuntos delitos de malversación y prevaricación continuada. En este contexto, el PP, a través de su edil Jaime Espinar, ha utilizado una vez más la táctica de la mejor defensa es un ataque y ha asegurado que, no solo el procedimiento fue correcto, sino que "se reserva el derecho a ejercer acciones judiciales por poner en duda su trabajo y el de los técnicos municipales".
"Es una campaña de difamación del PP pagada con dinero público", ha sostenido Espinar, quien asegura que la Junta de Andalucía avaló la contratación y también un primer informe "pagado con dinero público". En este sentido, ha denunciado que "el PSOE de Mamen Sánchez esté intentando hacer una caza de brujas contra el PP usando dinero del Ayuntamiento. Han llevado a la Comisión de Transparencia no uno, sino dos informes distintos encargados por el PSOE en su afán por intentar buscar alguna irregularidad en el proceso de contratación de Deloitte para la defensa jurídica del Ayuntamiento en el ERE".
"Resulta improcedente el procedimiento negociado sin publicidad"
El informe del interventor municipal, sin embargo, deja claro en sus conclusiones que el procedimiento seguido para adjudicar un contrato con Deloitte de 100.000 euros más IVA en enero de 2015 no fue el correcto o, como se dice coloquialmente, se hizo a dedo: "No es procedimiento negociado por razón de la cuantía, por exceder el límite cuantitativo; se ha omitido publicidad preceptiva por ser importe superior a 60.000 euros; se ha omitido la consulta a tres empresas capacitadas, al menos; no se justifica la omisión de publicidad ni de petición de otras ofertas; y no queda justificada la elección de una sola oferta.
Un momento de la Comisión de Transparencia celebrada en el Ayuntamiento.
Igualmente, el informe del bufete Sanguino Abogados, que "no ha costado dinero a las arcas municipales, puesto que ya trabajan como bufete jurídico externo", también refleja similares conclusiones: "El uso del procedimiento negociado es verdaderamente excepcional dentro de nuestra legislación de contratos, lo que requiere su interpretación en sentido estricto". En la adjudicación de este contrato, aclaran, "resulta improcedente el procedimiento negociado sin publicidad por razón de la cuantía del mismo, así como por la no concurrencia de los requisitos exigidos por los artículos 170 d) y e) del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público".
Asimismo, el bufete mantiene que "la Junta Consultiva de Contratación Administrativa considera que la defensa jurídica en juicio de una entidad debe efectuarse de forma conjunta, mediante la adjudicación de un solo contrato, teniendo en cuenta la cuantía global de todos los juicios que comprenda, si ello fuera posible, o si no, en atención al plazo de duración de ese servicio de defensa legal, para lo cual deben respetarse los principios de publicidad y concurrencia. Se aconseja la celebración de un único contrato de representación y defensa en juicio y no uno por cada juicio que se celebre". En última instancia, concluye el informe, "atendiendo a lo mantenido por la doctrina del enriquecimiento injusto, procede el abono del servicio prestado al órgano de contratación a pesar de la improcedencia del procedimiento por el que ha sido adjudicado el contrato".
Una tramitación del ERE municipal a la que renunció Garrigues
Curiosamente, el primer contrato para la tramitación del ERE municipal que adjudicó el anterior gobierno municipal del PP también fue mediante procedimiento negociado sin publicidad, aunque en aquella ocasión, abril de 2012, sí invitó a varias empresas. De hecho, la adjudicación en primer instancia fue para la empresa J&A Garrigues SLP, quien finalmente presentó escrito de desistimiento y se optó por la segunda mejor oferta presentada, "tanto por el plazo como el precio", que era la correspondiente a Deloitte Abogados. Ese primer contrato para despedir a 260 trabajadores municipales fue de 46.500 euros más IVA. En ese mismo mandato, Deloitte firmó otros 20.000 euros por el recurso de casación al Tribunal Supremo, al haber sido declarado el ERE como no ajustado a derecho por su "absoluta arbitrariedad" en la selección de afectados por el TSJA, y otros casi 21.000 euros por acometer el proyecto de remodelación de las empresas municipales que, finalmente, fue elaborado por técnicos de la ‘casa’.
Pelayo y Saldaña "excusaron su ausencia" de la junta de gobierno local que adjudicó los últimos 121.000 euros para Deloitte
En el último controvertido contrato con la consultora multinacional, que está en manos de la comisión municipal decidir finalmente si lo pone ante los tribunales, hay otra curiosidad. Y es que tanto la exalcaldesa García-Pelayo como su primer teniente de alcalde, Antonio Saldaña “excusaron su ausencia” en las dos juntas de gobierno local donde se inició la contratación y donde se adjudicó la misma, dejándoles la responsabilidad de su aprobación al resto de miembros del órgano ejecutivo municipal en aquel momento, enero de 2015. A ambas sesiones, casualmente, tampoco asistió Enrique Espinosa, delegado de Economía del que dependía entonces el área de Contratación, por lo que la responsabilidad de estas contrataciones quedaron en manos de los entonces tenientes de alcalde Javier Durá y Felisa Rosado; el entonces delegado de Urbanismo y Movilidad, Agustín Muñoz; y la entonces delegada de Bienestar Social, Isabel Paredes.
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