La Fiscalía Provincial de Madrid ha archivado las diligencias de investigación sobre el chat de militares en el que se hablaba de dar un golpe de Estado o "fusilar a 26 millones de hijos de puta" al no apreciar delito de odio por considerar que los participantes se expresaron "en la confianza de estar entre amigos".
El Ministerio Público comenzó a investigar el grupo de WhatsApp formado por miembros de la XIX promoción del Ejército del Aire a raíz de un escrito enviado el pasado mes de diciembre por la ministra de Defensa, Margarita Robles, después de que algunos mensajes trascendieran a los medios de comunicación, por si pudieran ser constitutivos de delito.
Según ha informado la Fiscalía madrileña, se ha acreditado el contenido de los mensajes hechos públicos pero no el resto debido a que, conforme han señalado tanto el propio Ministerio como la Brigada Provincial de Información, se trata de un chat privado denominado 'La XIX del Aire' que forman militares retirados, algunos hace más de 40 años.
Para el Ministerio Fiscal, "no concurren elementos que permitan inferir que el chat fue creado al objeto de promover, fomentar o incitar al odio, la hostilidad o la violencia hacia un colectivo de los expresamente contemplados como grupo", por lo que ha descartado un posible delito de odio.
A su juicio, se trata solamente de un chat privado "donde los integrantes exponen con libertad sus opiniones a los demás partícipes" sin que exista voluntad alguna "de dar publicidad a las mismas fuera de dicho grupo y en la confianza de estar entre amigos".
La Fiscalía ha explicado que "los términos utilizados podrán reputarse inapropiados, excesivos y desafortunados, pero no nacieron con voluntad de publicidad, por lo que la intencionalidad de los mismos no puede ser equiparada a actos materiales del mundo exterior, sino más bien a una forma de expresar un descontento con la situación política actual".
Además, ha señalado que, al no poder contextuatilizar los mensajes que se han hecho públicos con el resto del contenido del chat, "aisladamente" contemplados solo "constituyen la exteriorización de una oposición a acciones indeterminadas y generales del Gobierno".
Así, los interpreta como una crítica "dura" enmarcada en el derecho a la libertad de expresión y de opinión, "constituidas como garantías institucionales para el debate público y que posibilita la formación de una opinión pública libre".
En este contexto, ha querido recordar que la libertad de expresión tiene un campo de acción "más amplio" que la libertad de información, "que se refiere a la narración de hechos susceptibles de ser contrastados", de ahí -ha expuesto- que un criterio fundamental para valorar su legitimidad sea la veracidad.
No ocurre lo mismo con la libertad de expresión, que "alude a la emisión de juicios personales y subjetivos, creencias, pensamientos y opiniones y la veracidad no entra en juego, puesto que las ideas y opiniones no pueden ser calificadas como veraces o inveraces en una sociedad democrática avanzada", ha indicado.
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