La junta de accionistas de Ferrovial vota en la tarde de este jueves el traslado de su sede legal a los Países Bajos, una decisión que está levantando mucha polémica, ya que es una empresa que ha crecido tras serle adjudicados innumerables contratos públicos en España.
El Gobierno no se ha tomado bien la mudanza, y ha llegado a advertir a Ferrovial de que la Agencia Tributaria será el organismo que tendrá la última palabra sobre las ventajas fiscales a las que la compañía podría acogerse por su traslado a Países Bajos. El Ejecutivo sostiene que una de las condiciones para que una empresa pueda disfrutar de las ventajas fiscales del régimen especial de fusiones es que la operación responda a un motivo económico válido, "que tenga una lógica empresarial y no persiga únicamente un ahorro tributario", algo que el Gobierno duda.
Hay ciertos impuestos que una compañía tiene que pagar por realizar una fusión como la que Ferrovial ha planeado con su filial neerlandesa, pero que podrían estar bonificados si se alega un motivo económico válido y con lógica empresarial. El estudio llevado a cabo por BME y la CNMV ya ha concluido que no es necesario que Ferrovial traslade su sede para llevar a cabo su principal objetivo, que es cotizar en Estados Unidos. Sin embargo, la empresa defiende que ninguna empresa cotiza en ese país manteniendo su sede en España.
La multinacional, a una carta remitida por el Gobierno, ha respondido asegurando a través de su consejero delegado, Ignacio Madridejos, que "no comparte en modo alguno" las críticas declaraciones que en los últimos días han realizado distintos miembros del Ejecutivo.
Ferrovial admite que sería la primera sociedad con una doble cotización, tanto en España, en el Ibex 35, como en EEUU, en la Bolsa de Nueva York, a diferencia del resto de Europa, donde existen "numerosos ejemplos de sociedades domiciliadas en jurisdicciones europeas cuyas acciones cotizan directamente en EEUU".
Madridejos sostiene en la carta de Ferrovial al Gobierno, a la que ha tenido acceso la Cadena Ser, que hay una "pluralidad de razones" para el traslado de la sede legal a los Países Bajos. "El proyecto de fusión y el resto de documentación son públicos. Serán los accionistas los que hayan de valorarlas", reseña.
La vicepresidenta y ministra de Economía, Nadia Calviño, ha señalado que "el Gobierno tiene respeto absoluto de las decisiones en el ámbito empresarial pero creemos importante que se tomen con toda la información de todas las opciones que tiene la empresa y los riesgos y contingencias de esas decisiones (...) No existe un fundamento que justifique esta decisión".
PP y Cs critican al Gobierno
La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha pedido al Gobierno de Pedro Sánchez, ante el anuncio de Ferrovial de trasladar su sede social a Países Bajos, que deje de "insultar a los empresarios" y se dedique a "garantizar la seguridad jurídica" para que las empresas "se queden" en España.
Gamarra ha afirmado que el Gobierno "debería de actuar como un gobierno serio y responsable". "Aunque a estas alturas los españoles ya sabemos que esto es mucho pedir a Pedro Sánchez y a todo su Gobierno. Y eso significa dejar de insultar a los empresarios españoles, dejar de atacar los intereses de las empresas españolas y garantizar la seguridad jurídica", ha proclamado.
Según la dirigente del PP, eso es "lo que debe hacer un gobierno serio" pero que "hace mucho tiempo" que el Ejecutivo de Sánchez lo ha dejado de hacer. Por eso, ha apelado "a una manera de hacer las cosas distinta, desde el respeto, el reconocimiento y, sobre todo, las garantías de seguridad jurídica en España para que las empresas se queden".
La portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Inés Arrimadas, ha acusado al Gobierno de ser un "espantapájaros" de empresas e inversiones tras conocerse la carta que el Ejecutivo ha remitido a Ferrovial para recordar a la compañía que no existen obstáculos para que esta cotice en Estados Unidos sin cambiar su sede social de España a Países Bajos.
"Este Gobierno es el espantapájaros de las empresas, de las inversiones y de la seguridad jurídica", ha dicho Arrimadas durante una rueda de prensa en el Congreso. Asimismo, la portavoz de la formación liberal ha criticado al Ejecutivo por "señalar" a compañías, por subirles los impuestos y las cotizaciones y por generar un clima de "inseguridad jurídica".
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