La ex consejera de Salud y Consumo y actual titular de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, ha defendido públicamente la actuación de la Junta de Andalucía en relación con los contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) que están siendo investigados por el Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla.
Estos contratos, valorados en 242 millones de euros, fueron adjudicados durante la pandemia y mantenidos después de que se diera por finalizada la situación sanitaria extraordinaria.
Antes de asistir a la inauguración del Congreso Internacional sobre el Lince Ibérico, García ha mostrado su “respeto absoluto” al proceso judicial, pero ha subrayado que en aquel contexto, “la acción que se hizo era la que se debía”. Según afirmó, las decisiones adoptadas se hicieron “para la protección de las personas y la salud” en un momento marcado por una crisis global sin precedentes.
Investigación en curso sobre los contratos del SAS
Las declaraciones de García coinciden con la citación judicial de los tres últimos gerentes del SAS, quienes comparecen esta semana ante el juez. Esta fase llega después de que la pasada semana declararan como testigos cinco altos cargos y técnicos del organismo sanitario, incluidos responsables de fiscalización y economía.
Entre ellos comparecieron la interventora central del SAS en 2022 y 2023, la interventora del año 2024 y Amelia Martínez, exinterventora general y actual viceconsejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos. También lo hicieron el director general de Gestión Económica y Servicios del SAS, así como el director de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud.
Según fuentes del caso, las interventoras ratificaron los informes sobre incumplimientos y señalaron un cambio en el sistema de fiscalización de los contratos que supuestamente se llevó a cabo sin un informe previo que lo avalara, lo que podría haber afectado al control y transparencia de las adjudicaciones.
“Era una crisis global y actuamos como se debía”
Catalina García ha reiterado que la Junta actuó conforme a las circunstancias excepcionales de la pandemia: “Durante una de las crisis más graves que se han sufrido a nivel mundial, se actuó para la protección de las personas y la protección de la salud”.
La exconsejera no ha querido entrar en detalles sobre el contenido de los contratos investigados, pero sí ha incidido en el contexto de emergencia sanitaria en el que se adoptaron estas decisiones.