Andalucía Emprende es el organismo que tiene la Junta de Andalucía para fomentar el emprendimiento y asesorar a los nuevos emprendedores. Se trata de una institución con 835 personas en su plantilla. Hasta hace unos meses, la idea es que se integrasen en la macroagencia de Andalucía Trade. Sin embargo, el Gobierno andaluz realizó un cambio de última hora y la dejó fuera.
El emprendimiento es una de las banderas de este Gobierno andaluz. Cada mes es habitual ver a Juanma Moreno presumir de los datos de autónomos. Sin embargo, esta satisfacción no existe en la plantilla de Andalucía Emprende. Los trabajadores llevan 14 años con el convenio completamente bloqueado y, aunque ha habido épocas donde las dificultades presupuestarias han impedido sacarlo adelante, lo cierto es que ahora el Ejecutivo reconoce que es cuestión de "voluntad política".
Existe acuerdo prácticamente en la totalidad del documento salvo en uno: el apartado económico. Un decreto del Gobierno de Manuel Chaves en 2008 hizo que parte de la plantilla se subrogara. Con ello también comenzaron los desequilibrios debido a que cada grupo de trabajadores se regía por un convenio distinto. Desde 2009 hay diferencias salariales de 10.000 euros anuales entre profesionales que realizan exactamente la misma función. Y, de momento, la Junta rechaza equiparar las retribuciones y desbloquear la situación. Algo que no ha ocurrido con los sueldos de los altos cargos aprobados esta semana, protestan desde el organismo.
El 54% de la plantilla son técnicos de la red territorial en los centros andaluces de emprendimiento. Estos cobran alrededor de 10.500 euros más anualmente que el 46% restante a pesar de que realizan las mismas funciones. Esta cuestión es la clave de todo porque reconocen fuentes sindicales que "Hacienda no puede dar vigencia a un convenio con doble escala salarial para el mismo desempeño".
La única solución es la dotación presupuestaria correspondiente para igualar estos salarios. Sin embargo, el último Presupuesto aprobado tampoco lo incluye. "Hoy por hoy el problema no es el techo de gasto porque la Junta tiene margen de maniobra. Ni siquiera pedíamos los 6 millones necesarios para la equipación salarial. Aceptábamos menos dineros y tablas de amortización para llegar a la equiparación en dos o tres años", señala Yolana Díaz, presidenta del Comité de Empresa.
En las reuniones, el consejero de Universidades, José Carlos Gómez Villamandos, ha reconocido que no es un problema monetario. Además, el Partido Popular, cuando estaba en la oposición, voto a favor de una Proposición no de Ley en la que se pedía solucionar este asunto, un hecho que molesta aún más a la plantilla.
"Ellos nos dicen que no se pueden incrementar los salarios en un 20%", explica Díaz, quien también hace referencia a que esa es, precisamente, la subida del presidente de la Junta. "Nosotros no hablamos de subidas salariales, hablamos de regularizar unos salarios para equipararlos a otros trabajadores. En el momento en el que haya financiación, se puede aprobar el convenio".
Pero el enfado que existe no es únicamente por cuestiones económicas. La falta de reconocimiento para un organismo fundamental en el Emprendimiento y el tejido productivo de la comunidad también tiene mucho peso. "Hemos visto que se han concedido fondos Next Generation a entidades privadas como la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) o la Confederación de Empresarios (CEA) para hacer parte de nuestro trabajo. Se están concediendo subvenciones para realizar actuaciones que ya se hacen", denuncia Díaz.
Precisamente, hace unas semanas, Juanma Moreno recibió un premio de ATA por el emprendimiento que fomentaba su Gobierno. "No tuvo la deferencia de mencionar a Andalucía Emprende, que somos los que informamos, asesoramos, acompañamos y formamos. Sentimos que quieren invisibilizar el dispositivo dando competencias a entidades privadas con dinero público. Además no tener convenio es estar al libre albedrío de la dirección en esa toma de decisiones".
El desgaste ha aumentado desde el pasado mes de julio, cuando el 40% de los centros se tuvieron que cerrar por problemas de limpieza. Hasta diciembre no se han vuelto a abrir. Esta cuestión es otro de los argumentos que utilizan los trabajadores para denunciar el intento de "invisibilizar" la labor que realizan. La problemática ha provocado que algunas de las cuestiones se hayan terminado judicializando. La plantilla, por último, lamenta que desde el Gobierno andaluz se hayan licitado contratos bajo el título de 'Servicio de representación y asistencia jurídica de Andalucía Emprende' para externalizar la asesoría jurídica y mantener la batalla en los tribunales.
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