Casi 900.000 estudiantes de ESO, Bachillerato, Formación Profesional y Educación de Adultos regresan este martes 15 de septiembre a las aulas andaluzas. Lo harán en un sistema educativo que tiene menos alumnos que hace un año y más profesores que nunca, al menos según la fotografía con la que la Junta de Andalucía presenta el nuevo curso. Los números permiten cierto optimismo: 887.532 estudiantes se incorporan a 1.903 centros, más de 695.500 de ellos en la enseñanza pública y alrededor de 116.500 en la concertada.
Pero septiembre no pone el contador a cero. Detrás de las cifras oficiales permanece una realidad bastante más compleja que lavozdelsur.es ha venido contando durante los últimos meses. Problemas con los interinos, trabajadores que atienden al alumnado con necesidades especiales y denuncian precariedad, centros educativos que continúan sufriendo temperaturas extremas, miles de plazas de FP que llegan al comienzo de las clases sin cubrir y una enseñanza concertada que reclama no quedarse al margen de las mejoras anunciadas para la pública. Todo ello con un dato difícil de apartar de la mesa: Andalucía acaba de registrar sus peores resultados históricos en lectura y matemáticas en PISA.
La paradoja resulta especialmente significativa porque nunca había descendido tanto el número de estudiantes en un solo curso. Segundo ciclo de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato pierden conjuntamente 30.322 alumnos respecto al año anterior y desde 2018/2019 Andalucía ha perdido ya más de 150.000 estudiantes. Frente a ello, la plantilla pública alcanza los 109.128 docentes, un 7,7% más que hace ocho años. En Secundaria y Bachillerato, las etapas que comienzan este martes, habrá concretamente 11.600 alumnos menos: 7.600 en ESO y 4.000 en Bachillerato. La Consejería contrapone a esta caída demográfica el mantenimiento de los refuerzos y sitúa en 56.524 profesores la plantilla pública de Secundaria. Menos alumnos y más docentes deberían dibujar, sobre el papel, un escenario favorable. La cuestión es qué ocurre cuando se abandona el papel y se entra en las aulas.
Los interinos y un comienzo de curso accidentado
No ha sido necesario esperar al primer día de clase para encontrar el primer problema. El Sistema de Provisión de Interinidades (Sipri) sufrió una incidencia técnica en su primera adjudicación del curso y obligó a la Consejería a dejar sin efecto la resolución publicada el 7 de septiembre. El problema llegó cuando numerosos profesores habían recibido ya un destino oficial y faltaban apenas dos días para que comenzaran las clases de Infantil y Primaria. Tras la repetición del procedimiento, Educación aseguró que el 97% de los docentes mantuvo el destino inicialmente adjudicado y que, dentro del 3% restante, la mayoría incluso había mejorado su destino. La Consejería defendió además que las 1.124 plazas convocadas entre vacantes y sustituciones habían quedado cubiertas.
- Muchos interinos se han visto perjudicados por el fallo de Sipri.
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- MANU GARCÍA
La solución administrativa, sin embargo, no borró las consecuencias de las horas anteriores. El Sindicato Andaluz de Docentes Interinos y Aspirantes (Sadia) denunció casos de profesores que habían comenzado a organizar desplazamientos de cientos de kilómetros, reservar alojamientos, pagar alquileres o modificar la organización familiar después de conocer una adjudicación que posteriormente quedó anulada. El episodio de SIPRI llega, además, sobre un problema mucho más profundo. La temporalidad de los empleados públicos continúa pendiente de una solución definitiva y España mantiene abierto su pulso con Bruselas. El Gobierno solicitó ampliar hasta marzo de 2027 el plazo para presentar reformas después de que la Comisión Europea considerara insuficientes las medidas adoptadas para combatir el abuso de los contratos temporales en el sector público.
Atención a la diversidad: más inversión y una precariedad que continúa denunciándose
Otro de los grandes anuncios de la Junta para este curso afecta precisamente a la atención a la diversidad. La Administración asegura que mantendrá 600 profesores de refuerzo dentro del acuerdo marco con CSIF, ANPE y UGT y que seguirá reforzando la atención al alumnado vulnerable y con necesidades educativas especiales. Sin embargo, uno de los conflictos que ha precedido al comienzo del curso afecta a quienes acompañan diariamente a una parte de esos estudiantes. CCOO ha puesto el foco en los alrededor de 2.000 trabajadores del Personal Técnico de Integración Social (PTIS) externalizado, denunciando jornadas parciales, periodos de desempleo durante el verano y unas condiciones laborales que el sindicato considera insuficientes. También reclama que estos profesionales se incorporen a los centros desde el 1 de septiembre para preparar adecuadamente la atención que necesitan los menores.
La Junta rechaza que pueda hablarse de abandono del servicio. Educación recuerda que el modelo de externalización comenzó en 2006 y asegura haber elevado la inversión desde 11,5 millones de euros en 2018 hasta 39,9 millones en 2026. Para este curso cifra en unos 3.900 los profesionales previstos, 1.549 más que hace ocho años. Administración y sindicatos coinciden, por tanto, en que existen más recursos; donde difieren es en si ese crecimiento ha resuelto las condiciones de los trabajadores y las necesidades reales de los centros.
- Pancarta de la concentración en Sevilla para que se cumpla la Ley de Bioclimatización en las aulas.
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- MAURI BUHIGAS
Cuando el aula se convierte en un horno
Hay problemas que desaparecen del debate cuando baja la temperatura, aunque regresan puntualmente cada mayo y junio. El pasado final de curso volvió a poner sobre la mesa las deficiencias en la climatización de los centros educativos andaluces. Familias y organizaciones denunciaron aulas con temperaturas superiores a los 30 grados y episodios de alumnos con mareos, hemorragias nasales e incluso desmayos.
Andalucía cuenta desde 2020 con una Ley de Bioclimatización, pero la plataforma Escuelas de Calor considera que continúa sin desarrollarse completamente. La Junta, por su parte, sostiene que ha movilizado más de 230 millones para climatización, con actuaciones ya ejecutadas por 146 millones en 532 centros y otros programas destinados a mejorar el confort térmico. La propia Consejería estima en unos 1.500 millones el coste de climatizar todos los centros andaluces.
El nuevo curso llega con más obras. La Administración anuncia 551 actuaciones en 494 centros públicos, finalizadas o previstas hasta diciembre, por más de 106 millones de euros y con alrededor de 230.000 alumnos beneficiados. La inversión avanza; el problema es que las temperaturas también lo hacen.
Una FP que crece mientras busca 8.000 alumnos
La Formación Profesional es una de las grandes apuestas del Gobierno andaluz. La matrícula alcanza este curso los 224.600 estudiantes después de sumar otros 14.000 y ha aumentado casi un 50% desde 2018/2019. La Consejería asegura haber ofertado cerca de 200.000 plazas y reforzado la plantilla pública con 1.216 profesores adicionales. El crecimiento convive, sin embargo, con otra cifra llamativa. A cuatro días del comienzo de las clases, la Junta abrió un nuevo plazo para intentar cubrir 8.118 plazas de FP que permanecían vacantes y sin lista de espera. De ellas, 3.383 correspondían a grado básico, 3.086 a grado medio y 1.649 a grado superior. Solo la familia de Administración y Gestión acumulaba 2.072 puestos disponibles.
El dato introduce un debate distinto al tradicional sobre la falta de plazas: no basta con aumentar la oferta si esta no termina ajustándose a la demanda. La FP andaluza crece con fuerza, pero comienza el curso obligada también a encontrar estudiantes para miles de puestos que nadie había solicitado.
- Estudiantes de FP en Andalucía.
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La concertada pide no quedarse atrás
El malestar tampoco termina en las puertas de los centros públicos. La enseñanza concertada, que escolariza a más de 330.000 alumnos si se considera el conjunto del sistema andaluz, comienza septiembre reclamando que las mejoras laborales anunciadas para la pública no abran una nueva brecha entre profesionales que trabajan en centros sostenidos con fondos públicos. FSIE ha calificado de “injusta” la exclusión de la concertada de las futuras reducciones de ratios y horas lectivas. Su secretario general en Andalucía, Enrique Ríos, sostiene que las mejoras pedagógicas y laborales deberían alcanzar al conjunto del sistema sostenido con dinero público.
El diagnóstico coincide en buena medida con el realizado por USO Enseñanza Andalucía. La organización habla directamente de una concertada “estancada” y sitúa entre sus asignaturas pendientes los salarios, las jornadas, las ratios y las condiciones laborales del profesorado y del Personal de Administración y Servicios. El sindicato contrapone el límite de hasta 25 clases contemplado en el módulo de conciertos con la reforma planteada para establecer 18 horas lectivas en Secundaria y 23 en Infantil, Primaria y Educación Especial en los centros públicos. No se parte de cero. En julio de 2025 se firmaron Acuerdos Marco para la enseñanza concertada andaluza, pero USO reclama acelerar las medidas todavía pendientes y garantizar su respaldo presupuestario. También mantiene abierto el frente de la negociación colectiva y advierte sobre la situación del personal de administración y servicios.
El debate, por tanto, no enfrenta únicamente a pública y concertada. Plantea otra cuestión: hasta qué punto las mejoras laborales diseñadas por las administraciones para elevar la calidad educativa deben alcanzar de forma equivalente a los profesionales de las dos redes sostenidas con fondos públicos.
Menos burocracia, uno de los pasos adelante
El comienzo de curso también incorpora medidas que responden a reivindicaciones históricas del profesorado. Una de ellas es el intento de reducir la burocracia docente. La Junta ha aprobado cambios para simplificar procedimientos, eliminar duplicidades y conceder mayor autonomía organizativa a colegios e institutos.
La medida ha sido recibida positivamente por parte del profesorado, aunque sindicatos como Ustea advierten de que eliminar órganos o redistribuir funciones no significa necesariamente reducir la carga administrativa. Su eficacia podrá medirse durante los próximos meses en algo mucho menos burocrático que cualquier formulario: cuánto tiempo recuperan realmente profesores y equipos directivos para enseñar, coordinarse y atender al alumnado y sus familias.
PISA devuelve el debate al pupitre
Y después de profesores, contratos, ratios, inversiones, climatización, plazas y burocracia queda la pregunta fundamental: ¿qué están aprendiendo los alumnos andaluces? Los resultados de PISA 2025 conocidos justo antes del comienzo del curso ofrecen una respuesta incómoda. Andalucía obtuvo 462 puntos en ciencias, 442 en matemáticas y 441 en lectura. Está por debajo de la media española en las tres competencias y ha empeorado respecto a la edición anterior. En lectura y matemáticas son los peores resultados de la serie histórica comparable.
Las interpretaciones vuelven a enfrentar a Administración y sindicatos. La Consejería subraya cuestiones metodológicas y sostiene que el retroceso andaluz ha sido menor que el registrado en el conjunto de España. CCOO relaciona los resultados con las ratios, las plantillas y la financiación y reclama un gran acuerdo por la educación pública. Entre ambas lecturas quedan unos números que ninguna discusión política puede borrar. Ahí reside probablemente la gran contradicción con la que comienza el curso escolar 2026/2027 en Andalucía. La caída de la natalidad está reduciendo aceleradamente el número de estudiantes mientras las plantillas crecen y la inversión aumenta. Es una coyuntura que, al menos sobre el papel, debería permitir dedicar más recursos a cada alumno, reducir ratios, mejorar la atención a la diversidad y corregir déficits acumulados durante años.
La Junta llega a septiembre con inversiones y medidas que pueden exhibirse: más profesores, refuerzos para la atención a la diversidad, crecimiento de la FP, obras en casi 500 centros y menos burocracia. Sería difícil sostener que nada se mueve. Pero tampoco puede afirmarse que los viejos problemas hayan desaparecido. Los PTIS continúan reclamando estabilidad, los interinos siguen viviendo entre adjudicaciones y temporalidad, la adaptación climática de los colegios permanece incompleta, la concertada exige equiparación y la FP mantiene miles de plazas vacantes.
Y, al final, PISA devuelve toda la discusión al lugar del que nunca debería haber salido: el pupitre. Andalucía empieza otro curso con menos alumnos y más profesores. La verdadera asignatura pendiente será comprobar si esta vez esa ecuación acaba traduciéndose en una educación mejor.
Casi 900.000 estudiantes de ESO, Bachillerato, Formación Profesional y Educación de Adultos regresan este martes 15 de septiembre a las aulas andaluzas. Lo harán en un sistema educativo que tiene menos alumnos que hace un año y más profesores que nunca, al menos según la fotografía con la que la Junta de Andalucía presenta el nuevo curso. Los números permiten cierto optimismo: 887.532 estudiantes se incorporan a 1.903 centros, más de 695.500 de ellos en la enseñanza pública y alrededor de 116.500 en la concertada.
Pero septiembre no pone el contador a cero. Detrás de las cifras oficiales permanece una realidad bastante más compleja que lavozdelsur.es ha venido contando durante los últimos meses. Problemas con los interinos, trabajadores que atienden al alumnado con necesidades especiales y denuncian precariedad, centros educativos que continúan sufriendo temperaturas extremas, miles de plazas de FP que llegan al comienzo de las clases sin cubrir y una enseñanza concertada que reclama no quedarse al margen de las mejoras anunciadas para la pública. Todo ello con un dato difícil de apartar de la mesa: Andalucía acaba de registrar sus peores resultados históricos en lectura y matemáticas en PISA.
La paradoja resulta especialmente significativa porque nunca había descendido tanto el número de estudiantes en un solo curso. Segundo ciclo de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato pierden conjuntamente 30.322 alumnos respecto al año anterior y desde 2018/2019 Andalucía ha perdido ya más de 150.000 estudiantes. Frente a ello, la plantilla pública alcanza los 109.128 docentes, un 7,7% más que hace ocho años. En Secundaria y Bachillerato, las etapas que comienzan este martes, habrá concretamente 11.600 alumnos menos: 7.600 en ESO y 4.000 en Bachillerato. La Consejería contrapone a esta caída demográfica el mantenimiento de los refuerzos y sitúa en 56.524 profesores la plantilla pública de Secundaria. Menos alumnos y más docentes deberían dibujar, sobre el papel, un escenario favorable. La cuestión es qué ocurre cuando se abandona el papel y se entra en las aulas.
Los interinos y un comienzo de curso accidentado
No ha sido necesario esperar al primer día de clase para encontrar el primer problema. El Sistema de Provisión de Interinidades (Sipri) sufrió una incidencia técnica en su primera adjudicación del curso y obligó a la Consejería a dejar sin efecto la resolución publicada el 7 de septiembre. El problema llegó cuando numerosos profesores habían recibido ya un destino oficial y faltaban apenas dos días para que comenzaran las clases de Infantil y Primaria. Tras la repetición del procedimiento, Educación aseguró que el 97% de los docentes mantuvo el destino inicialmente adjudicado y que, dentro del 3% restante, la mayoría incluso había mejorado su destino. La Consejería defendió además que las 1.124 plazas convocadas entre vacantes y sustituciones habían quedado cubiertas.
- Muchos interinos se han visto perjudicados por el fallo de Sipri.
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- MANU GARCÍA
La solución administrativa, sin embargo, no borró las consecuencias de las horas anteriores. El Sindicato Andaluz de Docentes Interinos y Aspirantes (Sadia) denunció casos de profesores que habían comenzado a organizar desplazamientos de cientos de kilómetros, reservar alojamientos, pagar alquileres o modificar la organización familiar después de conocer una adjudicación que posteriormente quedó anulada. El episodio de SIPRI llega, además, sobre un problema mucho más profundo. La temporalidad de los empleados públicos continúa pendiente de una solución definitiva y España mantiene abierto su pulso con Bruselas. El Gobierno solicitó ampliar hasta marzo de 2027 el plazo para presentar reformas después de que la Comisión Europea considerara insuficientes las medidas adoptadas para combatir el abuso de los contratos temporales en el sector público.
Atención a la diversidad: más inversión y una precariedad que continúa denunciándose
Otro de los grandes anuncios de la Junta para este curso afecta precisamente a la atención a la diversidad. La Administración asegura que mantendrá 600 profesores de refuerzo dentro del acuerdo marco con CSIF, ANPE y UGT y que seguirá reforzando la atención al alumnado vulnerable y con necesidades educativas especiales. Sin embargo, uno de los conflictos que ha precedido al comienzo del curso afecta a quienes acompañan diariamente a una parte de esos estudiantes. CCOO ha puesto el foco en los alrededor de 2.000 trabajadores del Personal Técnico de Integración Social (PTIS) externalizado, denunciando jornadas parciales, periodos de desempleo durante el verano y unas condiciones laborales que el sindicato considera insuficientes. También reclama que estos profesionales se incorporen a los centros desde el 1 de septiembre para preparar adecuadamente la atención que necesitan los menores.
La Junta rechaza que pueda hablarse de abandono del servicio. Educación recuerda que el modelo de externalización comenzó en 2006 y asegura haber elevado la inversión desde 11,5 millones de euros en 2018 hasta 39,9 millones en 2026. Para este curso cifra en unos 3.900 los profesionales previstos, 1.549 más que hace ocho años. Administración y sindicatos coinciden, por tanto, en que existen más recursos; donde difieren es en si ese crecimiento ha resuelto las condiciones de los trabajadores y las necesidades reales de los centros.
- Pancarta de la concentración en Sevilla para que se cumpla la Ley de Bioclimatización en las aulas.
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Cuando el aula se convierte en un horno
Hay problemas que desaparecen del debate cuando baja la temperatura, aunque regresan puntualmente cada mayo y junio. El pasado final de curso volvió a poner sobre la mesa las deficiencias en la climatización de los centros educativos andaluces. Familias y organizaciones denunciaron aulas con temperaturas superiores a los 30 grados y episodios de alumnos con mareos, hemorragias nasales e incluso desmayos.
Andalucía cuenta desde 2020 con una Ley de Bioclimatización, pero la plataforma Escuelas de Calor considera que continúa sin desarrollarse completamente. La Junta, por su parte, sostiene que ha movilizado más de 230 millones para climatización, con actuaciones ya ejecutadas por 146 millones en 532 centros y otros programas destinados a mejorar el confort térmico. La propia Consejería estima en unos 1.500 millones el coste de climatizar todos los centros andaluces.
El nuevo curso llega con más obras. La Administración anuncia 551 actuaciones en 494 centros públicos, finalizadas o previstas hasta diciembre, por más de 106 millones de euros y con alrededor de 230.000 alumnos beneficiados. La inversión avanza; el problema es que las temperaturas también lo hacen.
Una FP que crece mientras busca 8.000 alumnos
La Formación Profesional es una de las grandes apuestas del Gobierno andaluz. La matrícula alcanza este curso los 224.600 estudiantes después de sumar otros 14.000 y ha aumentado casi un 50% desde 2018/2019. La Consejería asegura haber ofertado cerca de 200.000 plazas y reforzado la plantilla pública con 1.216 profesores adicionales. El crecimiento convive, sin embargo, con otra cifra llamativa. A cuatro días del comienzo de las clases, la Junta abrió un nuevo plazo para intentar cubrir 8.118 plazas de FP que permanecían vacantes y sin lista de espera. De ellas, 3.383 correspondían a grado básico, 3.086 a grado medio y 1.649 a grado superior. Solo la familia de Administración y Gestión acumulaba 2.072 puestos disponibles.
El dato introduce un debate distinto al tradicional sobre la falta de plazas: no basta con aumentar la oferta si esta no termina ajustándose a la demanda. La FP andaluza crece con fuerza, pero comienza el curso obligada también a encontrar estudiantes para miles de puestos que nadie había solicitado.
- Estudiantes de FP en Andalucía.
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La concertada pide no quedarse atrás
El malestar tampoco termina en las puertas de los centros públicos. La enseñanza concertada, que escolariza a más de 330.000 alumnos si se considera el conjunto del sistema andaluz, comienza septiembre reclamando que las mejoras laborales anunciadas para la pública no abran una nueva brecha entre profesionales que trabajan en centros sostenidos con fondos públicos. FSIE ha calificado de “injusta” la exclusión de la concertada de las futuras reducciones de ratios y horas lectivas. Su secretario general en Andalucía, Enrique Ríos, sostiene que las mejoras pedagógicas y laborales deberían alcanzar al conjunto del sistema sostenido con dinero público.
El diagnóstico coincide en buena medida con el realizado por USO Enseñanza Andalucía. La organización habla directamente de una concertada “estancada” y sitúa entre sus asignaturas pendientes los salarios, las jornadas, las ratios y las condiciones laborales del profesorado y del Personal de Administración y Servicios. El sindicato contrapone el límite de hasta 25 clases contemplado en el módulo de conciertos con la reforma planteada para establecer 18 horas lectivas en Secundaria y 23 en Infantil, Primaria y Educación Especial en los centros públicos. No se parte de cero. En julio de 2025 se firmaron Acuerdos Marco para la enseñanza concertada andaluza, pero USO reclama acelerar las medidas todavía pendientes y garantizar su respaldo presupuestario. También mantiene abierto el frente de la negociación colectiva y advierte sobre la situación del personal de administración y servicios.
El debate, por tanto, no enfrenta únicamente a pública y concertada. Plantea otra cuestión: hasta qué punto las mejoras laborales diseñadas por las administraciones para elevar la calidad educativa deben alcanzar de forma equivalente a los profesionales de las dos redes sostenidas con fondos públicos.
Menos burocracia, uno de los pasos adelante
El comienzo de curso también incorpora medidas que responden a reivindicaciones históricas del profesorado. Una de ellas es el intento de reducir la burocracia docente. La Junta ha aprobado cambios para simplificar procedimientos, eliminar duplicidades y conceder mayor autonomía organizativa a colegios e institutos.
La medida ha sido recibida positivamente por parte del profesorado, aunque sindicatos como Ustea advierten de que eliminar órganos o redistribuir funciones no significa necesariamente reducir la carga administrativa. Su eficacia podrá medirse durante los próximos meses en algo mucho menos burocrático que cualquier formulario: cuánto tiempo recuperan realmente profesores y equipos directivos para enseñar, coordinarse y atender al alumnado y sus familias.
PISA devuelve el debate al pupitre
Y después de profesores, contratos, ratios, inversiones, climatización, plazas y burocracia queda la pregunta fundamental: ¿qué están aprendiendo los alumnos andaluces? Los resultados de PISA 2025 conocidos justo antes del comienzo del curso ofrecen una respuesta incómoda. Andalucía obtuvo 462 puntos en ciencias, 442 en matemáticas y 441 en lectura. Está por debajo de la media española en las tres competencias y ha empeorado respecto a la edición anterior. En lectura y matemáticas son los peores resultados de la serie histórica comparable.
Las interpretaciones vuelven a enfrentar a Administración y sindicatos. La Consejería subraya cuestiones metodológicas y sostiene que el retroceso andaluz ha sido menor que el registrado en el conjunto de España. CCOO relaciona los resultados con las ratios, las plantillas y la financiación y reclama un gran acuerdo por la educación pública. Entre ambas lecturas quedan unos números que ninguna discusión política puede borrar. Ahí reside probablemente la gran contradicción con la que comienza el curso escolar 2026/2027 en Andalucía. La caída de la natalidad está reduciendo aceleradamente el número de estudiantes mientras las plantillas crecen y la inversión aumenta. Es una coyuntura que, al menos sobre el papel, debería permitir dedicar más recursos a cada alumno, reducir ratios, mejorar la atención a la diversidad y corregir déficits acumulados durante años.
La Junta llega a septiembre con inversiones y medidas que pueden exhibirse: más profesores, refuerzos para la atención a la diversidad, crecimiento de la FP, obras en casi 500 centros y menos burocracia. Sería difícil sostener que nada se mueve. Pero tampoco puede afirmarse que los viejos problemas hayan desaparecido. Los PTIS continúan reclamando estabilidad, los interinos siguen viviendo entre adjudicaciones y temporalidad, la adaptación climática de los colegios permanece incompleta, la concertada exige equiparación y la FP mantiene miles de plazas vacantes.
Y, al final, PISA devuelve toda la discusión al lugar del que nunca debería haber salido: el pupitre. Andalucía empieza otro curso con menos alumnos y más profesores. La verdadera asignatura pendiente será comprobar si esta vez esa ecuación acaba traduciéndose en una educación mejor.
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