Patricia Soler lleva trabajando como Personal Técnico de Integración Social (PTIS) desde 2017. En estos años, con distintas empresas, ninguna le ha reconocido correctamente su antigüedad. No es un caso aislado, subraya. Es la norma. Soler es presidenta del comité de empresa de PTIS de la empresa Externa en la provincia de Cádiz, adscrita a CCOO, el único sindicato mayoritario que representa a este colectivo en toda Andalucía.

Su testimonio describe las penurias de un sector que lleva más de 15 años instalado en la precariedad estructural: sueldos rozando el Salario Mínimo Interprofesional, vacaciones robadas o contratos de cinco horas semanales con los que es imposible hacer un trabajo real con un alumno.

El sector de las PTIS, en Cádiz, está externalizado y lo gestionan dos empresas: Externa, que opera principalmente en la zona de la Bahía, y GP Servicios Educativos, que cubre Jerez y otras localidades. Son las profesionales que acompañan en el aula a los alumnos con necesidades educativas especiales, y son también las peor pagadas y con las condiciones más precarias del sistema educativo público.

Patricia empezó en 2017 cobrando 800 euros al mes. Hoy, con años de servicio acumulados, cobra en torno al SMI, pero sin superarlo. Muchas compañeras combinan este trabajo con otro para llegar a fin de mes. La propia Soler trabaja también en el comedor escolar de un colegio público de Jerez.

Vacaciones recortadas ilegalmente y antigüedad que desaparece en cada cambio de empresa

El detonante más inmediato de las huelgas de este curso es el "engaño"con las vacaciones. El convenio reconoce 35 días de vacaciones y 18 días lectivos no trabajados. Pero las empresas descuentan los festivos nacionales —Navidad, Año Nuevo, Semana Santa...— directamente de los días de vacaciones, en lugar de computarlos como lo que son. El resultado es que cada verano el número de días libres que reciben las trabajadoras es muy inferior al que les correspondería, denuncia Soler.

El problema de la antigüedad arrastra más años. Cuando una empresa pierde el contrato y otra la sustituye, las trabajadoras son subrogadas, pero la antigüedad acumulada no se transfiere o las empresas simplemente se niegan a reconocerla. En un colectivo que cobra en torno al SMI, la antigüedad importa porque se suma directamente al salario.

Contratos de cinco horas semanales

La precariedad del colectivo tiene consecuencias directas sobre los alumnos con necesidades educativas especiales. Hay PTIS con contratos de 5 o 10 horas semanales, repartidas entre dos colegios. "Con ese tiempo es imposible construir una relación de trabajo real con un alumno, hacer un seguimiento o lograr ningún tipo de integración efectiva", se queja la presidenta del comité de Externa en Cádiz. La reivindicación del colectivo es que cada PTIS cuente con 25 horas semanales en centros ordinarios y 32,5 horas en institutos o centros específicos como mínimo garantizado, porque por debajo de eso "la atención es ficticia".

Preocupa especialmente al colectivo la figura del llamado maestro sombra: personas contratadas directamente por las familias o asociaciones de padres para acompañar en el aula a niños con necesidades especiales, sin regulación administrativa, sin exigencia de la titulación específica de las PTIS y en condiciones de precariedad todavía más extremas. Soler entiende la lógica de las familias, pero es clara: el maestro sombra hace el trabajo de las PTIs, compite directamente con ellas y lo hace en peores condiciones para todos.

CCOO anuncia movilizaciones para septiembre si no hay avances

Detrás de todas las reivindicaciones concretas hay una única petición estructural: que la Junta de Andalucía asuma directamente la gestión del servicio e incorpore al colectivo de PTIS a la plantilla pública con las mismas condiciones que el personal laboral de la Junta. La presidente del comité de Externa en Cádiz advierte: si el proceso se produce, pero el tiempo trabajado en empresas externalizadas no computa, las trabajadoras entrarán como si empezaran desde cero.

CCOO Enseñanza Andalucía ha anunciado movilizaciones a principios del curso 2026-2027 si no hay avances concretos, con un decálogo de exigencias que incluye más profesionales de orientación, PT, AL y PTIS; bajada real de ratios; estabilización del personal interino; bioclimatización; reducción del horario lectivo y fin al desmantelamiento de la FP pública.