Hay aulas de Bachillerato en Andalucía que, según denuncia Ustea, llegan a reunir a 42 estudiantes. Especialistas de atención a la diversidad que acumulan hasta 75 alumnos en sus censos y profesores interinos que han visto alterados sus destinos a las puertas de incorporarse a sus centros. Eran algunas de las situaciones que debían protagonizar la huelga educativa del próximo 11 de noviembre. Sin embargo, antes de que llegara la fecha, la enseñanza pública ha tenido que buscarse un hueco en una protesta mucho mayor.

La convocatoria de huelga general respaldada por UGT y CCOO, centrada en la crisis de la vivienda, los salarios y la pérdida de poder adquisitivo, ha cambiado el escenario de una movilización que llevaba meses preparándose en Andalucía. Lo que nació como una jornada para denunciar las carencias de colegios e institutos compartirá finalmente protagonismo con reivindicaciones que afectan al conjunto de los trabajadores, en un contexto marcado además por las elecciones generales del 29 de noviembre.

La coincidencia podría amplificar las demandas educativas, aunque también amenaza con relegarlas a un segundo plano. Y mientras los impulsores de la protesta intentan preservar su identidad, las distintas organizaciones sindicales han comenzado a mostrar sus cartas. Unas consideran que ha llegado el momento de presionar a las administraciones; otras sostienen que todavía existen posibilidades de conseguir mejoras mediante el diálogo. Incluso hay quienes cuestionan la utilidad de una huelga general con un Gobierno en funciones y las Cortes disueltas. La paradoja resulta difícil de ignorar: una convocatoria que pretendía situar los problemas de la educación pública en el centro del debate ha terminado abriendo otro, el de las diferencias entre los sindicatos que representan al profesorado.

Una protesta que comenzó mucho antes

Para encontrar el origen de la movilización hay que remontarse al verano. El 18 de julio, más de un centenar de representantes y participantes de una treintena de colectivos vinculados a la comunidad educativa andaluza se reunieron en Antequera para debatir una estrategia conjunta frente a las políticas educativas de la Junta. De aquel encuentro salió el acuerdo de impulsar una huelga general educativa para el 11 de noviembre, precedida de concentraciones, manifestaciones y otras acciones reivindicativas.

CGT fue una de las organizaciones implicadas en aquel proceso. Su propuesta apostaba por construir un movimiento asambleario desde los centros educativos, con participación del profesorado, las familias y el alumnado, que permitiera mantener las reivindicaciones más allá de una jornada concreta.

El siguiente paso llegó el 1 de octubre. Ustea formalizó su convocatoria bajo el lema La Pública en Juego y presentó una extensa relación de demandas que dibujaba, desde su perspectiva, un sistema educativo afectado por problemas que se repiten cada comienzo de curso: ratios elevadas, insuficiencia de recursos especializados, inestabilidad del profesorado interino, burocracia y deficiencias en la climatización de numerosos centros.

El sindicato también ponía el foco en el cierre continuado de unidades de la enseñanza pública. Su planteamiento cuestiona que el descenso de la natalidad termine traduciéndose en la desaparición de aulas y puestos docentes, cuando, a su juicio, debería aprovecharse para reducir el número de alumnos por clase y mejorar la atención individualizada. A estas demandas añadía la recuperación del poder adquisitivo, la reducción de la carga lectiva, medidas de conciliación, mejoras en las condiciones de los mayores de 55 años y una revisión de los criterios de atención al alumnado con necesidades educativas especiales. El sindicato de izquierdas calculaba que el profesorado andaluz había perdido un 14% de poder adquisitivo en ocho años, una merma que situaba en torno a los 3.000 euros anuales para numerosos docentes. Son estimaciones del sindicato que forman parte de su argumentario reivindicativo.

Aquella convocatoria tenía un destinatario fundamental: la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, responsable de buena parte de las decisiones relacionadas con las plantillas, la organización de los centros y la distribución de los recursos escolares. Pero el calendario terminó alterando los planes.

Cuando la educación se encontró con la huelga general

El 7 de octubre, la convocatoria estatal para el 11 de noviembre adquirió una dimensión muy diferente tras confirmarse el respaldo de UGT y CCOO a una huelga general impulsada por el movimiento de sindicatos de inquilinas y otras organizaciones. La crisis de acceso a la vivienda, el encarecimiento de los alquileres y la pérdida de capacidad adquisitiva pasaron a ocupar el primer plano de una jornada que, hasta entonces, ya estaba reservada por buena parte de la comunidad educativa andaluza para sus propias reivindicaciones. La coincidencia no significa que ambas protestas nacieran juntas. Sus orígenes y sus destinatarios son diferentes, aunque compartan preocupaciones relacionadas con las condiciones de vida de los trabajadores.

Ustea reaccionó el mismo 7 de octubre mediante un segundo comunicado en el que anunciaba su apoyo a la huelga general y defendía la posibilidad de convertir la coincidencia en una movilización más amplia. No obstante, quiso dejar algo claro: su tabla reivindicativa permanecía intacta y la protesta seguiría interpelando directamente a la Junta de Andalucía. El sindicato argumentó que las dificultades de acceso a la vivienda también afectan al profesorado, especialmente a quienes deben desplazarse para cubrir vacantes y sustituciones en municipios alejados de su residencia habitual. De hecho, entre sus propuestas originales ya figuraba la creación de un complemento para docentes destinados en zonas con precios residenciales especialmente elevados.

También insistió en su autonomía respecto a los partidos políticos, defendiendo que las reivindicaciones laborales y educativas deben mantenerse con independencia de quién gobierne. Sin embargo, una cosa es compartir las reivindicaciones generales y otra conseguir que las demandas de la enseñanza pública no desaparezcan entre ellas. Por eso USTEA ha llamado a participar en un gran bloque verde por la educación pública, con presencia diferenciada dentro de las manifestaciones del 11 de noviembre.

La organización considera que la confluencia puede reforzar la capacidad de presión sobre las administraciones. Queda por comprobar si la repercusión de la huelga general favorecerá también la visibilidad de los problemas educativos o si estos terminarán ocupando un lugar secundario en una jornada dominada por la vivienda, los salarios y la proximidad de las elecciones.

La realidad que los sindicatos denuncian

Detrás de las convocatorias aparecen situaciones concretas que explican por qué una parte del profesorado considera insuficientes las medidas adoptadas hasta ahora. Fuentes de USTEA consultadas por lavozdelsur.es asegura que trasladó a la Administración datos sobre las condiciones de distintos centros andaluces. Entre ellos, mencionó la existencia de un grupo de Bachillerato con 42 estudiantes, cuyo centro afirma haber identificado ante los responsables educativos. También denunció casos de profesionales de Pedagogía Terapéutica (PT) y Audición y Lenguaje (AL) en Almería con hasta 75 alumnos incluidos en sus censos de atención. Las cifras proceden de la información recopilada por el sindicato y están pendientes de contraste con los registros administrativos, pero sirven para entender una de las reclamaciones centrales de la protesta: establecer límites al número de estudiantes que puede atender cada especialista.

No se trata únicamente de cuántos alumnos hay dentro de un aula, sino de los recursos disponibles para responder a necesidades educativas diferentes. El tercer sindicato andaluz en educación reclama plantillas estables, especialistas suficientes y una regulación que impida que determinados profesionales deban asumir un volumen de trabajo incompatible, a su juicio, con una intervención individualizada. La situación del profesorado interino constituye otro de los motivos de malestar. La representante sindical recuerda las incidencias informáticas registradas durante el proceso de adjudicación de destinos al comienzo del curso, que, según explica, obligaron a cancelar adjudicaciones cuando algunos docentes estaban a punto de tomar posesión.

A ello se suman las críticas al sistema de oposiciones. Ustea cifra provisionalmente en 928 las plazas desiertas en el último proceso selectivo, un número que, según sus cálculos, ascendería a 1.156 al incorporar las correspondientes al procedimiento anterior. Su propuesta consiste en revisar el modelo de acceso para que la experiencia docente tenga mayor peso, tanto para los interinos como para los nuevos aspirantes. La organización precisa, no obstante, que no reclama la fijeza automática del personal temporal. Estas reivindicaciones encuentran puntos de coincidencia con las de otras organizaciones, incluso entre aquellas que han decidido no sumarse a la huelga.

CSIF, por ejemplo, también denuncia una insuficiencia de recursos para atender a la diversidad. En su plan integral presentado el 5 de octubre, el sindicato señala que el número de estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo en Andalucía habría aumentado un 55% en menos de una década, mientras que los profesionales especializados no habrían crecido en la misma proporción. Entre sus propuestas figuran establecer un máximo de entre 12 y 15 alumnos por profesional de PT y AL, reforzar los departamentos de orientación y evitar que los especialistas deban compartir varios centros. Los planteamientos permiten apreciar una cuestión relevante: las discrepancias sindicales no siempre están en los problemas que se denuncian, sino en cómo conseguir que las administraciones los resuelvan.

Entre la presión de la calle y la mesa de negociación

Es precisamente en la elección de la estrategia donde aparecen las principales diferencias.

Ustea y CGT defienden que la movilización resulta necesaria para exigir respuestas a unas carencias que consideran estructurales. La primera sostiene que años de propuestas y participación en mesas de negociación no han permitido resolver buena parte de los problemas. La segunda apuesta por una organización de base que convierta a la comunidad educativa en protagonista de las reivindicaciones.

CCOO Enseñanza Andalucía también ha convocado al profesorado para el 11 de noviembre. La organización comparte demandas relacionadas con la reducción de ratios, el refuerzo de la orientación, la atención a la diversidad y la cobertura de las bajas docentes, aunque su campaña gráfica sitúa las mejoras retributivas en un lugar destacado bajo el lema Por un salario decente para los y las docentes.

Frente a esta posición, CSIF Educación ha decidido no secundar la huelga, al considerar que todavía existen vías de negociación abiertas con la Administración: "Consideramos que quedan muchas vías para seguir peleando, luchando y trabajando por todas las docentes y los docentes andaluces", explica el sindicato, que defiende los avances alcanzados mediante el diálogo y entiende que aún pueden conseguirse nuevas mejoras sin necesidad de paralizar las aulas. CSIF señala como ejemplo el acuerdo educativo suscrito con la Junta de Andalucía en julio de 2025, junto con ANPE y UGT, que contempla medidas de reducción de ratios, refuerzo de plantillas, reorganización de horarios y simplificación administrativa, con una aplicación progresiva.

La organización sostiene que esos compromisos deben continuar desarrollándose y que las mesas de negociación todavía ofrecen posibilidades para mejorar las condiciones del profesorado. Eso no significa que descarte recurrir a la huelga en el futuro. «Agotaremos todos los cartuchos previos a la huelga, la cual no descartamos si fuera necesario», precisa CSIF, que recuerda haber participado en movilizaciones en otras ocasiones. Su argumento introduce un matiz importante frente a los convocantes: mientras estos consideran que los problemas acumulados justifican intensificar la presión, CSIF prefiere dar continuidad a los acuerdos y negociar nuevas medidas antes de recurrir al paro.

Más escueta ha sido la respuesta de ANPE. Consultado sobre su posición ante la convocatoria, el sindicato se limita a señalar que "ANPE no puede dar una postura sobre una huelga que no ha convocado ella". La declaración no constituye una adhesión, pero tampoco permite interpretar que rechace las reivindicaciones educativas planteadas. La organización, que también firmó el acuerdo de julio de 2025, no ha concretado en la respuesta facilitada su valoración sobre la oportunidad del paro del 11 de noviembre. El resultado es un panorama en el que conviven distintas concepciones de la acción sindical, incluso entre organizaciones que reclaman mejoras semejantes para la enseñanza pública.

USO y el factor electoral

La proximidad de las elecciones generales incorpora otro elemento al debate. La Unión Sindical Obrera (USO), con una importante presencia en la enseñanza concertada andaluza, ha anunciado que no se sumará a la convocatoria de huelga general. Su decisión responde fundamentalmente al escenario político abierto tras el adelanto electoral al 29 de noviembre. El sindicato considera que, con un Gobierno en funciones y las Cortes disueltas, no existe un interlocutor institucional con capacidad suficiente para atender las reclamaciones planteadas.

USO reconoce la gravedad de los problemas de acceso a la vivienda, los salarios y la precariedad laboral, pero entiende que una huelga general debe dirigirse a responsables concretos y perseguir objetivos susceptibles de negociación. La organización también advierte del riesgo de que la movilización se interprete como un episodio más de la campaña electoral, en lugar de funcionar como un instrumento eficaz de presión sindical. Por ello, ha decidido trasladar sus propuestas a las formaciones que concurran a los comicios. Entre sus prioridades figuran el empleo digno, la recuperación salarial, la reducción de la jornada laboral, la negociación colectiva, la vivienda y la salud laboral.

USO reivindica su independencia respecto a los partidos políticos, llama a la participación electoral y plantea estudiar futuras actuaciones una vez constituido el nuevo Parlamento. Su posición tiene un fundamento diferente al de CSIF. Mientras este último considera que todavía existe margen para negociar con la Administración educativa andaluza, USO cuestiona principalmente la oportunidad de la huelga general por la situación institucional. Conviene distinguir, además, que la postura expresada por USO se refiere a la convocatoria estatal y no supone una valoración específica de todas las demandas formuladas por Ustea para la enseñanza pública.

La celebración de elecciones añade una circunstancia singular a la protesta. No todas las reivindicaciones dependen de los mismos responsables: algunas corresponden a la Junta de Andalucía, mientras que otras, como determinadas medidas salariales, normas básicas educativas o cuestiones relativas a la jubilación, requieren actuaciones del Gobierno central. Esa distribución de competencias obliga a diferenciar los destinatarios de las reclamaciones, incluso cuando comparten una misma jornada de movilización.

Dos batallas, una misma fecha

A un mes del 11 de noviembre, la protesta educativa se encuentra ante un escenario que sus impulsores no habían previsto cuando comenzaron a organizarla durante el verano. La coincidencia con una huelga general de mayor alcance puede favorecer la participación y la repercusión de sus demandas, pero también obliga a competir por la atención pública. Las diferencias entre organizaciones sindicales añaden complejidad a una convocatoria que nació con voluntad de unidad. Unas consideran necesario recurrir a la presión de la calle; otras defienden que la negociación todavía puede ofrecer resultados. Las discrepancias no eliminan las coincidencias sobre determinadas carencias educativas, aunque sí condicionan la posibilidad de articular una respuesta conjunta.

Queda pendiente conocer la respuesta de la Consejería de Desarrollo Educativo a las denuncias concretas formuladas por Ustea y comprobar hasta qué punto los acuerdos ya suscritos y las negociaciones abiertas permiten resolver algunas de las cuestiones planteadas. El seguimiento de la huelga permitirá medir la capacidad de movilización de sus promotores. Sus consecuencias, sin embargo, no podrán evaluarse únicamente por el número de docentes que decidan secundarla ni por la asistencia a las manifestaciones.

El verdadero balance dependerá también de las respuestas que lleguen después, de los compromisos que asuman las administraciones y de su traducción en medidas concretas para los centros. Porque la huelga del 11 de noviembre nació para hablar de educación antes de convertirse en parte de una protesta mucho más amplia. Y aunque salarios y vivienda hayan conquistado el protagonismo, seguirán existiendo las preguntas que motivaron aquella primera convocatoria: cuántos alumnos puede atender adecuadamente un profesor, qué recursos necesita un centro y hasta dónde alcanza la capacidad de negociación de quienes representan a los docentes.

La educación pública tendrá que hacerse escuchar entre dos batallas que comparten fecha, pero no necesariamente las mismas prioridades. Y quizá esa sea la principal dificultad de una huelga que, antes de llegar a las calles, ya ha tenido que luchar por conservar su propio protagonismo.