Menos niños, pero no necesariamente menos alumnos por clase. Es la contradicción que denuncia Ustea en relación con la educación pública andaluza, donde, según el sindicato, el descenso de la natalidad no se está aprovechando para reducir el número de estudiantes por aula. En su lugar, sostiene que la Junta de Andalucía continúa eliminando unidades escolares, con más de 2.700 aulas públicas suprimidas desde 2019.

La organización sindical ha vuelto a poner el foco en las ratios máximas permitidas en Andalucía durante el curso 2026/2027, que siguen situándose entre las más elevadas del país. A ello añade los resultados de cerca de 2.000 encuestas realizadas al profesorado andaluz, en las que se recogen situaciones de masificación, falta de desdobles y dificultades para atender al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.

Ustea reclama a la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional que cambie su política y aproveche la disminución del alumnado para mantener las aulas abiertas, reducir el tamaño de los grupos y reforzar las plantillas docentes.

Andalucía permite hasta 35 estudiantes por aula en Bachillerato

Las diferencias entre comunidades autónomas son uno de los principales argumentos del sindicato. En Andalucía, los máximos generales se mantienen en 25 estudiantes en Primaria, 30 en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y 35 en Bachillerato.

Son cifras superiores a las de otras comunidades, según la comparación facilitada por Ustea. En Educación Infantil, la Junta ha reducido a 22 escolares el máximo para las aulas de tres años, pero mantiene los 25 alumnos en las unidades de cuatro y cinco años.

Ustea contrasta esta situación con los límites de otras comunidades: Canarias contempla 16 estudiantes y País Vasco, Madrid y Galicia establecen 20, según los datos difundidos por el sindicato. La organización considera que estas diferencias evidencian la necesidad de establecer un calendario de reducción progresiva del alumnado por clase en todas las etapas educativas.

Profesores que atienden hasta a 50 niños con necesidades educativas especiales

La situación resulta especialmente preocupante, según Ustea, en la atención al alumnado que necesita apoyos específicos. Las cerca de 2.000 encuestas realizadas al profesorado recogen casos de especialistas de Pedagogía Terapéutica (PT) y Audición y Lenguaje (AL) que deben atender hasta a 50 niños y niñas.

El sindicato advierte de que semejante carga de trabajo dificulta ofrecer una atención continuada y adaptada a las necesidades individuales de cada estudiante. También denuncia problemas entre los profesionales de orientación educativa, que en ocasiones tienen asignado un número excesivo de alumnos y deben repartir su actividad entre varios centros.

Esta situación, según la organización, complica la realización de evaluaciones psicopedagógicas, el seguimiento del alumnado y la coordinación con las familias y los equipos docentes. Ustea sostiene que no es posible garantizar una educación verdaderamente inclusiva sin profesionales suficientes y recursos adecuados.

Las encuestas también han permitido detectar, según el sindicato, grupos que superan las ratios ordinarias y centros en los que la ausencia de desdobles agrava la masificación. Por ello, reclama a la Consejería que investigue estas situaciones y garantice el cumplimiento de la normativa.

¿Por qué se cierran aulas públicas si nacen menos niños?

La organización sindical cuestiona que la Junta continúe suprimiendo unidades escolares en un contexto de descenso demográfico. Según sus datos, Andalucía ha perdido más de 2.700 aulas públicas desde 2019, una política que considera incompatible con la mejora de las condiciones de enseñanza.

"Si cada vez nacen menos niños y niñas, ¿por qué la Junta no aprovecha esta oportunidad para reducir las ratios en lugar de cerrar aulas públicas? No tiene sentido que disminuya el alumnado y sigamos teniendo clases masificadas", plantea el sindicato.

Ustea defiende que mantener las unidades existentes permitiría distribuir al alumnado en grupos más reducidos, incrementar los desdobles y ofrecer una atención más personalizada. Además, considera que estas medidas ayudarían a respetar los diferentes ritmos de aprendizaje y facilitarían el trabajo diario del profesorado.

La organización también vincula el tamaño de las clases con la salud laboral de los docentes. Advierte de que los grupos numerosos incrementan las tareas burocráticas, las dificultades de convivencia, la carga de trabajo y el estrés profesional.

"No podemos seguir metiendo al alumnado como sardinas en lata mientras se cierran aulas y se niegan los desdobles que necesitan nuestros centros educativos. Reducir las ratios no es un lujo, es una necesidad para enseñar y aprender en condiciones dignas", denuncia USTEA.

Exigen más profesores y frenar el cierre de unidades escolares

El sindicato reclama a la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional un calendario concreto para reducir las ratios en todas las etapas, acompañado de financiación suficiente.

Entre sus principales reivindicaciones figuran el mantenimiento de las unidades públicas, la ampliación de los desdobles, el incremento de las plantillas y el refuerzo de los especialistas de Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje y orientación educativa.

Ustea considera que la reducción del alumnado por clase permitiría también crear empleo público docente y consolidar plantillas estables, evitando que las necesidades permanentes de los centros dependan de programas temporales o refuerzos que considera insuficientes.