COAG Andalucía ha trasladado a los partidos que concurren a las elecciones del próximo 17 de mayo un paquete de propuestas estratégicas para el campo andaluz. La organización agraria quiere que estas medidas entren en los programas de gobierno con una idea central: proteger el modelo de agricultura y ganadería profesional que, según defiende, convierte a Andalucía en un referente de calidad, seguridad alimentaria, empleo y vida rural.
"Somos un tercio de la agricultura nacional. Andalucía representa el 39% de las exportaciones de su economía y sostiene el 70% del empleo rural. Aquí no hablamos de paisaje ni de tradición: hablamos de un sector estratégico, moderno y profesional que necesita políticas a su altura", ha subrayado el secretario general de COAG Andalucía, Juan Luis Ávila.
La principal reclamación de la organización pasa por aprobar una Ley Integral de Agricultura y Ganadería que reconozca la singularidad del campo andaluz y despliegue medidas concretas para cada explotación. COAG considera que el primer gran frente está en la defensa de la tierra productiva, amenazada, según advierte, por fondos de inversión que buscan reconvertirla en parques de energías renovables.
Para la organización, este proceso destruye capacidad productiva, empleo y futuro en los pueblos, además de poner en riesgo la soberanía alimentaria. Por eso reclama que las Zonas de Especial Protección Agraria actúen como un escudo legal efectivo. Las tierras fértiles, insiste COAG, deben ser protegidas como patrimonio de todos los andaluces.
Otro de los grandes retos es el relevo generacional. La edad media de los agricultores andaluces supera los 62 años y, si no cambia la tendencia, en menos de una década el 70% de los actuales productores estará jubilado o en edad de jubilación. A día de hoy, apenas uno de cada veintidós tiene menos de 35 años. COAG pide incentivos reales: acceso a tierra, financiación, formación y condiciones dignas para que el campo vuelva a ser una opción de vida.
La modernización de las explotaciones ocupa también un lugar destacado. La organización defiende que la innovación tecnológica, la digitalización y la sostenibilidad son claves para mejorar la eficiencia y la competitividad. A ello suma una exigencia clara: un equilibrio justo en la cadena alimentaria, con garantías para impedir la venta por debajo de los costes de producción.
El agua es otro de los pilares del documento. COAG define el Guadalquivir como la columna vertebral de Andalucía y reclama un Plan Estratégico específico. "COAG Andalucía es consciente de que la gestión de la cuenca del Guadalquivir es competencia del Estado -señala Juan Luis Ávila-. Pero que la Junta no tenga competencias directas sobre el río no puede significar que Andalucía sea un mero espectador de las decisiones que condicionan su agricultura. Una comunidad que concentra el 39% de las exportaciones agroalimentarias nacionales y que tiene en la agricultura la base de su economía rural no puede quedar al margen de los planes hidrológicos que afectan a sus campos".
Además, plantea modificar la Ley de Aguas en el ámbito intracomunitario para garantizar un acceso al riego sostenible y equitativo, promover aguas regeneradas, Bancos Públicos del Agua, comunidades de usuarios de aguas subterráneas, recarga artificial de acuíferos y tarifas ligadas al consumo real.
"Necesitamos una nueva ley de agua para las cuencas intracomunitarias. Pero también necesitamos que la Junta de Andalucía se siente en la mesa del Guadalquivir con la autoridad que le da ser la comunidad que más depende de ese río. No podemos tener competencias en agricultura y resignarnos a no influir en cómo se gestiona el agua que la hace posible", ha subrayado Ávila.
Un enfoque turístico
COAG también propone vincular la promoción agroalimentaria al turismo. Andalucía recibe más de 36 millones de visitantes al año y la organización cree que cada turista puede convertirse en embajador de los productos andaluces.
"Nuestros productos tienen los estándares de calidad más altos del mundo. Tenemos que conseguir que los turistas sean nuestros mejores prescriptores cuando regresen a sus países", ha explicado Ávila.
Por último, COAG rechaza la renacionalización de la PAC a través del Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea. "Renacionalizar la PAC es romper Europa. Dejar que cada Estado miembro gestione los fondos agrarios a su manera, sin una estrategia y unas normas comunes sólidas, abre la puerta a distorsiones del mercado interior, a desigualdades profundas entre agricultores de distintos países y a una ruptura de la cohesión territorial y social que tanto ha costado construir", ha afirmado Ávila.
La organización advierte de que este escenario crearía agricultores de primera y de segunda según el país en el que vivan, debilitando una política que debe seguir siendo común. Por ello, pide a los partidos que defiendan en Madrid y Bruselas una PAC europea, con fondos suficientes, normas compartidas e igualdad de condiciones.
Con estas propuestas, COAG Andalucía busca que la próxima legislatura sitúe al campo andaluz en el centro de la agenda política.
COAG Andalucía ha trasladado a los partidos que concurren a las elecciones del próximo 17 de mayo un paquete de propuestas estratégicas para el campo andaluz. La organización agraria quiere que estas medidas entren en los programas de gobierno con una idea central: proteger el modelo de agricultura y ganadería profesional que, según defiende, convierte a Andalucía en un referente de calidad, seguridad alimentaria, empleo y vida rural.
"Somos un tercio de la agricultura nacional. Andalucía representa el 39% de las exportaciones de su economía y sostiene el 70% del empleo rural. Aquí no hablamos de paisaje ni de tradición: hablamos de un sector estratégico, moderno y profesional que necesita políticas a su altura", ha subrayado el secretario general de COAG Andalucía, Juan Luis Ávila.
La principal reclamación de la organización pasa por aprobar una Ley Integral de Agricultura y Ganadería que reconozca la singularidad del campo andaluz y despliegue medidas concretas para cada explotación. COAG considera que el primer gran frente está en la defensa de la tierra productiva, amenazada, según advierte, por fondos de inversión que buscan reconvertirla en parques de energías renovables.
Para la organización, este proceso destruye capacidad productiva, empleo y futuro en los pueblos, además de poner en riesgo la soberanía alimentaria. Por eso reclama que las Zonas de Especial Protección Agraria actúen como un escudo legal efectivo. Las tierras fértiles, insiste COAG, deben ser protegidas como patrimonio de todos los andaluces.
Otro de los grandes retos es el relevo generacional. La edad media de los agricultores andaluces supera los 62 años y, si no cambia la tendencia, en menos de una década el 70% de los actuales productores estará jubilado o en edad de jubilación. A día de hoy, apenas uno de cada veintidós tiene menos de 35 años. COAG pide incentivos reales: acceso a tierra, financiación, formación y condiciones dignas para que el campo vuelva a ser una opción de vida.
La modernización de las explotaciones ocupa también un lugar destacado. La organización defiende que la innovación tecnológica, la digitalización y la sostenibilidad son claves para mejorar la eficiencia y la competitividad. A ello suma una exigencia clara: un equilibrio justo en la cadena alimentaria, con garantías para impedir la venta por debajo de los costes de producción.
El agua es otro de los pilares del documento. COAG define el Guadalquivir como la columna vertebral de Andalucía y reclama un Plan Estratégico específico. "COAG Andalucía es consciente de que la gestión de la cuenca del Guadalquivir es competencia del Estado -señala Juan Luis Ávila-. Pero que la Junta no tenga competencias directas sobre el río no puede significar que Andalucía sea un mero espectador de las decisiones que condicionan su agricultura. Una comunidad que concentra el 39% de las exportaciones agroalimentarias nacionales y que tiene en la agricultura la base de su economía rural no puede quedar al margen de los planes hidrológicos que afectan a sus campos".
Además, plantea modificar la Ley de Aguas en el ámbito intracomunitario para garantizar un acceso al riego sostenible y equitativo, promover aguas regeneradas, Bancos Públicos del Agua, comunidades de usuarios de aguas subterráneas, recarga artificial de acuíferos y tarifas ligadas al consumo real.
"Necesitamos una nueva ley de agua para las cuencas intracomunitarias. Pero también necesitamos que la Junta de Andalucía se siente en la mesa del Guadalquivir con la autoridad que le da ser la comunidad que más depende de ese río. No podemos tener competencias en agricultura y resignarnos a no influir en cómo se gestiona el agua que la hace posible", ha subrayado Ávila.
Un enfoque turístico
COAG también propone vincular la promoción agroalimentaria al turismo. Andalucía recibe más de 36 millones de visitantes al año y la organización cree que cada turista puede convertirse en embajador de los productos andaluces.
"Nuestros productos tienen los estándares de calidad más altos del mundo. Tenemos que conseguir que los turistas sean nuestros mejores prescriptores cuando regresen a sus países", ha explicado Ávila.
Por último, COAG rechaza la renacionalización de la PAC a través del Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea. "Renacionalizar la PAC es romper Europa. Dejar que cada Estado miembro gestione los fondos agrarios a su manera, sin una estrategia y unas normas comunes sólidas, abre la puerta a distorsiones del mercado interior, a desigualdades profundas entre agricultores de distintos países y a una ruptura de la cohesión territorial y social que tanto ha costado construir", ha afirmado Ávila.
La organización advierte de que este escenario crearía agricultores de primera y de segunda según el país en el que vivan, debilitando una política que debe seguir siendo común. Por ello, pide a los partidos que defiendan en Madrid y Bruselas una PAC europea, con fondos suficientes, normas compartidas e igualdad de condiciones.
Con estas propuestas, COAG Andalucía busca que la próxima legislatura sitúe al campo andaluz en el centro de la agenda política.
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