En algunas viviendas próximas a la cementera de Alcalá de Guadaíra, en la provincia de Sevilla, la preocupación por la contaminación empieza mucho antes de consultar cualquier informe ambiental. Según relata Mariví Martín, portavoz de la Plataforma contra la Incineración de Residuos Los Alcores-Sevilla, hay vecinos que llevan años denunciando la presencia de polvo oscuro sobre los muebles, la vajilla y otras superficies domésticas. Algunos, asegura, han llegado a remitir fotografías de cocinas y baños que deben limpiar diariamente. Son testimonios que el colectivo atribuye a las emisiones industriales y que reflejan una inquietud difícil de reducir a cifras. Mientras tanto, a cientos de kilómetros, las instituciones europeas siguen calculando cuántas toneladas de dióxido de carbono podrán emitir determinadas industrias sin necesidad de comprar todos los derechos correspondientes.

La última controversia tiene su origen precisamente en uno de esos documentos. Una decisión de la Comisión Europea, publicada el pasado 5 de octubre, recoge las asignaciones gratuitas de derechos de emisión previstas para numerosas instalaciones industriales durante el periodo 2026-2030. Entre ellas figura la fábrica de Cementos Portland Valderrivas de Alcalá de Guadaíra, a la que corresponden 2.125.991 derechos gratuitos de emisión de CO₂ durante esos cinco años. La cifra ha provocado una nueva denuncia de la Plataforma Los Alcores, que considera este mecanismo una forma de subvencionar indirectamente a las empresas contaminantes mientras la ciudadanía soporta las consecuencias ambientales de su actividad.

Detrás de esta controversia hay una pregunta que trasciende los límites del municipio alcalareño: ¿quién debe asumir el coste de la contaminación? Para Martín, la respuesta parece evidente, aunque sostiene que las políticas actuales continúan ofreciendo ventajas a industrias que deberían acelerar su transformación. La polémica llega, además, cuando todavía permanece abierto el enfrentamiento por el proyecto de utilización de residuos como combustible en los hornos de la cementera, una batalla que los colectivos ecologistas mantienen desde hace catorce años.

Dos millones de derechos y una factura pendiente

La asignación europea establece que la fábrica alcalareña dispondrá de 503.728 derechos gratuitos en 2026. La cantidad se reducirá a 490.812 en 2027, 464.980 en 2028 y 400.399 en 2029, hasta situarse en 266.072 durante 2030. Una disminución progresiva que responde a las reformas emprendidas por la Unión Europea para reducir las emisiones industriales y limitar las ventajas concedidas a determinados sectores productivos.

Para comprender la denuncia resulta necesario detenerse en el funcionamiento del sistema. El Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la Unión Europea obliga a las instalaciones industriales incluidas en él a entregar derechos suficientes para cubrir sus emisiones verificadas. Cada derecho equivale, con carácter general, a una tonelada de CO₂ equivalente. Las empresas pueden adquirirlos en el mercado, recibir una parte gratuitamente o combinar ambas posibilidades.

La asignación sin coste no supone una autorización para contaminar sin límites ni determina cuánto dióxido de carbono emitirá realmente la cementera. La instalación continúa sometida a sus obligaciones ambientales y debe justificar las emisiones que produce. Sin embargo, estos derechos poseen un valor económico que depende de su cotización en el mercado europeo. Ahí se encuentra una de las principales críticas de la Plataforma. Martín explica que, cuando una empresa dispone de más derechos de los que necesita para cubrir sus emisiones, puede comercializar el excedente conforme a las reglas del sistema. Es decir, un recurso recibido gratuitamente puede convertirse en un activo con valor de mercado.

"Esto es una subvención indirecta a las empresas", sostiene la portavoz, que cuestiona que determinadas industrias continúen disfrutando de esta protección mientras las administraciones reclaman esfuerzos para reducir las emisiones. La interpretación del colectivo no implica que Portland Valderrivas haya obtenido necesariamente beneficios por la venta de derechos sobrantes. Para determinarlo sería preciso conocer las emisiones verificadas de cada ejercicio, las asignaciones efectivamente recibidas y las operaciones realizadas. Tampoco puede calcularse el valor económico definitivo de los 2,1 millones de derechos sin considerar los precios de mercado y su utilización.

El sistema fue concebido, entre otras razones, para evitar que determinadas actividades industriales se trasladaran a países con normativas climáticas menos exigentes, fenómeno conocido como fuga de carbono. Bruselas entiende que proteger temporalmente a las empresas expuestas a la competencia internacional contribuye a mantener la producción dentro del territorio europeo mientras avanzan en su descarbonización.

Para Martín, el problema radica en que esas facilidades pueden retrasar algunas inversiones. Considera que la industria debería dedicar más recursos a transformar sus procesos productivos y reducir su dependencia de los combustibles fósiles. La existencia de derechos gratuitos, no obstante, no elimina completamente los incentivos económicos para disminuir las emisiones, puesto que esos permisos conservan su valor aunque se reciban sin coste.

El calendario de Bruselas

La disminución de derechos prevista hasta 2030 está relacionada con una reforma europea que comenzó a aplicarse definitivamente este año. Se trata del Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM), concebido para atribuir un coste a las emisiones incorporadas a determinados productos importados desde países ajenos a la Unión Europea. El mecanismo afecta, entre otros sectores, al cemento, el acero y el aluminio. Su finalidad es evitar que los fabricantes europeos, sujetos a obligaciones climáticas, compitan en desventaja frente a productores establecidos en territorios donde emitir dióxido de carbono resulta más barato.

Su implantación se acompaña de la retirada progresiva de los derechos gratuitos concedidos a los sectores afectados, un proceso previsto hasta 2034. En consecuencia, la reducción de las asignaciones de Portland Valderrivas forma parte de una transformación más amplia del mercado europeo de carbono.

La Plataforma considera, sin embargo, que el calendario resulta demasiado prolongado para responder a la urgencia climática. Martín insiste en que las reducciones previstas sobre el papel deberían acompañarse de cambios comprobables en el funcionamiento de las industrias. Los datos del Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes, conocido como PRTR-España, permiten aproximarse a la dimensión de la actividad cementera. La fábrica de Alcalá declaró 637.000 toneladas de CO₂ en 2024, frente a las 776.000 toneladas comunicadas durante 2023. Se trata de las emisiones correspondientes a cada ejercicio, no de derechos gratuitos asignados.

La diferencia representa una disminución apreciable, aunque esos datos no permiten determinar por sí solos si responde a mejoras tecnológicas, una reducción de la actividad productiva o una combinación de factores. Tampoco resulta adecuado comparar directamente las emisiones de 2024 con los permisos gratuitos correspondientes a 2026, dado que pertenecen a periodos diferentes. En cualquier caso, las cifras muestran el volumen de emisiones asociado a una actividad industrial cuyo proceso productivo continúa dependiendo, en buena medida, de combustibles convencionales y de reacciones químicas que liberan dióxido de carbono.

La batalla por los residuos

La discusión sobre los derechos de emisión se suma a un conflicto que arrastra años de movilizaciones, procedimientos administrativos y recursos judiciales. La Plataforma Los Alcores mantiene desde hace catorce años una oposición continuada al proyecto de utilización de residuos como combustible alternativo en los hornos de Cementos Portland Valderrivas. La iniciativa contempla el aprovechamiento de hasta 197.000 toneladas anuales de residuos, una posibilidad que los colectivos ecologistas rechazan por sus potenciales consecuencias sobre la calidad del aire y la salud de la población.

En enero de 2024, la Junta de Andalucía concedió una nueva autorización ambiental integrada que permite desarrollar esta actividad en la instalación alcalareña. La resolución llegó después de una prolongada controversia judicial relacionada con la tramitación de autorizaciones anteriores. Los colectivos contrarios al proyecto recurrieron posteriormente la nueva decisión administrativa. La capacidad autorizada no significa, por sí misma, que la fábrica esté utilizando actualmente esa cantidad de residuos. Para conocer el alcance real de la actividad sería necesario disponer de los registros actualizados de consumo y funcionamiento.

La Plataforma cuestiona especialmente las ventajas económicas que, según Martín, podría obtener la empresa mediante la sustitución de combustibles tradicionales por residuos industriales. Su razonamiento parte de una doble posibilidad: reducir el gasto en coque de petróleo y recibir ingresos por la gestión de materiales destinados a su aprovechamiento energético. A ello se suma la existencia de los derechos gratuitos de emisión. La portavoz considera que esta combinación puede convertir la gestión de residuos en una actividad especialmente rentable. Sin embargo, determinar el beneficio económico real requeriría conocer los contratos de tratamiento, los costes operativos y las cantidades efectivamente utilizadas.

Los datos publicados en el PRTR indican que la fábrica consumió en 2024 unas 80.913 toneladas de coque de petróleo, además de 22.718 toneladas clasificadas como otros residuos de biomasa y 510 toneladas de residuos industriales empleados como combustible. Estas cifras permiten conocer parte de la actividad correspondiente a aquel ejercicio, pero no describen necesariamente la situación actual del proyecto autorizado. La preocupación ecologista se dirige también a los materiales que podrían entrar en los hornos. Entre los residuos contemplados en el proyecto figuran distintas fracciones no peligrosas, incluidos neumáticos fuera de uso, plásticos y lodos, cuyo comportamiento durante la combustión depende de su composición y de las condiciones técnicas del proceso.

Martín advierte de que la sustitución del coque por mezclas heterogéneas podría generar emisiones de sustancias adicionales. Menciona las dioxinas, los furanos y determinados metales pesados, y cuestiona que las garantías de control resulten suficientes. Son riesgos que deben evaluarse a partir de las características de los residuos, los sistemas de depuración y las mediciones correspondientes. La presencia de determinadas sustancias en un proceso industrial no demuestra, por sí sola, que se estén emitiendo por encima de los límites legales ni que la población esté expuesta a concentraciones peligrosas.

La legislación europea contempla requisitos específicos para las instalaciones que coincineran residuos, y las autorizaciones ambientales establecen condiciones de funcionamiento y vigilancia. La discrepancia reside precisamente en el alcance de esas garantías y en la confianza que ofrecen a quienes viven alrededor. Desde el sector cementero se defiende la valorización como una forma de aprovechar determinados residuos, reducir el consumo de combustibles fósiles y disminuir el volumen de materiales destinados a vertederos. Portland Valderrivas también ha difundido actuaciones de eficiencia energética y reducción de emisiones en su fábrica alcalareña, incluidas mejoras en los procesos de molienda y en la utilización de materiales alternativos.

La Plataforma considera insuficiente esa estrategia. Para el colectivo, la combustión no debería desplazar opciones como la prevención, la reutilización o el reciclaje, que ocupan posiciones preferentes dentro de la jerarquía europea de gestión de residuos. Existe, además, una particularidad técnica que condiciona cualquier intento de descarbonizar la fabricación de cemento: una parte relevante del CO₂ procede de la transformación de la piedra caliza durante la producción de clínker. Cambiar el combustible puede modificar las emisiones asociadas a la energía, pero no elimina las derivadas de esas reacciones químicas.

El polvo que preocupa a los vecinos

El debate adquiere otra dimensión cuando se abandona el lenguaje administrativo y se escucha a quienes viven cerca de las instalaciones. Martín asegura que algunos vecinos de las viviendas próximas a la cementera, en la barriada de la Liebre de Alcalá de Guadaíra, llevan años trasladando quejas por la acumulación de polvo oscuro en sus hogares. Describe fotografías de cocinas y baños en los que aparecen residuos sobre las superficies y habla de familias que deben limpiar constantemente.

La Plataforma atribuye esos episodios a la actividad industrial. No obstante, para establecer la procedencia de las partículas sería necesario analizar su composición y estudiar las diferentes fuentes de contaminación presentes en la zona. El registro PRTR recoge que la fábrica declaró en 2024 emisiones de 23,2 toneladas de partículas PM10 y 860 toneladas de óxidos de nitrógeno. Son cantidades anuales de contaminantes emitidos por la instalación, no concentraciones registradas en el aire que respiran los vecinos. Por tanto, tampoco permiten concluir automáticamente que se hayan superado los valores legales de calidad atmosférica.

La inquietud de Martín va más allá de los residentes más próximos a la fábrica. La portavoz rechaza que el problema pueda delimitarse a un único barrio, puesto que las emisiones atmosféricas se dispersan siguiendo las condiciones meteorológicas. "Las emisiones llegan a todas partes", afirma al explicar por qué considera necesario ampliar la vigilancia al conjunto del entorno. Durante las charlas que imparte en centros educativos y encuentros ciudadanos utiliza una comparación especialmente gráfica. Describe la columna de humo como la base de un hongo que, al elevarse, se extiende en función de la dirección del viento. Según su planteamiento, los contaminantes pueden alcanzar municipios situados a decenas de kilómetros.

La dispersión atmosférica es un fenómeno complejo y depende de la altura de emisión, las características de las partículas, la meteorología y otros factores. Por ello, no puede afirmarse que todos los municipios citados por la Plataforma reciban las mismas concentraciones de contaminantes ni que exista una exposición uniforme en un radio determinado. Martín considera que la preocupación debería extenderse a Mairena del Alcor, El Viso del Alcor, Dos Hermanas y Sevilla, además de Alcalá. Defiende la necesidad de estudiar el comportamiento de las emisiones en el conjunto del territorio y no limitar el análisis a las inmediaciones de la fábrica.

La salud, la gran incógnita

La cuestión sanitaria constituye una de las reivindicaciones más persistentes de la Plataforma. Martín asegura que durante años han recibido testimonios de familias preocupadas por la aparición de enfermedades graves en las zonas próximas a la actividad industrial. La portavoz menciona casos de cáncer de mama, colon, esófago y pulmón, algunos diagnosticados, según sus palabras, en personas jóvenes. También habla de un grupo de aproximadamente sesenta viviendas donde los residentes habrían contabilizado entre dieciséis y dieciocho casos de cáncer a lo largo de distintos años.

Estas cifras proceden del testimonio recogido por el colectivo y no constituyen un estudio epidemiológico. Sin conocer el número de personas que han residido en esas viviendas, sus edades, los periodos de exposición y los diagnósticos verificados, no es posible determinar si existe una incidencia de cáncer superior a la esperada. Mucho menos establecer una relación causal con las emisiones de la cementera. Precisamente por eso, Martín considera imprescindible contar con datos sanitarios específicos: "Desde que empezamos en la plataforma, hemos solicitado un estudio de salud de la zona, que hasta la fecha no hemos conseguido", lamenta.

La Plataforma reclama un estudio epidemiológico específico que permita analizar la incidencia de determinadas enfermedades en la población y contrastar las preocupaciones vecinales con información científica. También demanda un seguimiento más exhaustivo de la calidad atmosférica y el acceso público a los resultados. En sus intervenciones, Martín llega a describir el entorno industrial sevillano como uno de los vértices de lo que denomina el "triángulo del cáncer" andaluz, junto con Huelva y el Campo de Gibraltar. Se trata de una expresión utilizada en el debate ambiental, no de una clasificación epidemiológica oficial que permita atribuir enfermedades a instalaciones concretas.

La portavoz insiste en que Alcalá reúne circunstancias que merecen una atención particular. A la cementera se suman otras actividades industriales, la presencia de instalaciones relacionadas con la gestión de residuos y el tráfico de la autovía A-92. Es precisamente esa acumulación de fuentes lo que, a su juicio, exige una visión más amplia. La autorización ambiental de la cementera contempla obligaciones de control y seguimiento, y existen mediciones relacionadas con la calidad del aire en el entorno de La Liebre. La Plataforma considera, sin embargo, que la información disponible no ofrece una imagen suficientemente detallada de la exposición conjunta de la población a los diferentes contaminantes. Para Martín, conocer las emisiones individualizadas de cada instalación no resuelve todas las dudas sobre el aire que respira la ciudadanía.

Una ciudad industrial bajo examen

La relación de Alcalá de Guadaíra con la industria forma parte de su historia económica. El municipio ha concentrado durante décadas importantes actividades productivas que generan empleo, inversiones y riqueza. La cementera constituye uno de los elementos más reconocibles de ese paisaje industrial y participa en una actividad esencial para la construcción y las infraestructuras. La cuestión, por tanto, no se reduce a una confrontación entre desarrollo económico y protección ambiental. El debate gira alrededor de las condiciones en las que debe mantenerse esa actividad, los controles que han de aplicarse y la información que reciben los ciudadanos. Martín utiliza una expresión contundente para definir lo que considera una distribución desigual de los costes ambientales. "Nos hemos convertido en una zona de sacrificio", afirma.

Con esas palabras describe territorios donde se concentran actividades industriales y sus posibles impactos sobre una población determinada. Se trata de una valoración del colectivo, no de una calificación administrativa ni de una conclusión sanitaria acreditada sobre Alcalá. La portavoz establece también una comparación entre las exigencias ambientales dirigidas a los ciudadanos y las que, en su opinión, soportan las grandes industrias. Recuerda que las campañas institucionales insisten en reducir los desplazamientos en vehículos contaminantes, mejorar los hábitos de consumo, evitar determinadas quemas y adoptar estilos de vida saludables. Son recomendaciones que considera necesarias, pero cuestiona que se traslade tanta responsabilidad al individuo mientras determinadas actividades productivas continúan beneficiándose de mecanismos de protección económica.

Su crítica apunta a una contradicción que considera fundamental: la ciudadanía debe modificar numerosos comportamientos cotidianos para reducir su impacto ambiental, mientras la transformación de algunos procesos industriales avanza con calendarios mucho más prolongados. La reducción de emisiones en el sector cementero presenta, ciertamente, dificultades tecnológicas y económicas importantes. Las alternativas incluyen combustibles con menor huella de carbono, nuevos materiales, una reducción de la proporción de clínker en el cemento y tecnologías de captura de CO₂, entre otras posibilidades. Para la Plataforma, esas actuaciones deberían acompañarse de objetivos verificables, plazos definidos e información pública que permita conocer sus resultados.

Las explicaciones pendientes

La controversia alcanza también a las administraciones responsables de supervisar la actividad industrial y atender las preocupaciones ciudadanas. Este medio se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, sin haber recibido respuesta sobre este asunto al cierre del reportaje. La falta de contestación impide conocer la valoración actual del Gobierno municipal ante la denuncia de la Plataforma y las reivindicaciones relacionadas con la vigilancia ambiental y sanitaria.

Las competencias sobre la autorización ambiental integrada de la cementera corresponden fundamentalmente a la Junta de Andalucía, pero la preocupación ciudadana también sitúa al Ayuntamiento ante la necesidad de participar en el debate público sobre la calidad del aire y las condiciones de vida en el municipio. La discusión tampoco se limita a una resolución europea. En 2024, la nueva autorización para la valorización de residuos volvió a movilizar a los colectivos ecologistas, que han recurrido decisiones administrativas relacionadas con este proyecto.

Por su parte, Cementos Portland Valderrivas ha defendido públicamente sus actuaciones en materia de eficiencia energética y sostenibilidad. En una entrevista publicada en 2025, un representante de la compañía destacó los esfuerzos para reducir la huella de carbono y la puesta en marcha de iniciativas de seguimiento ambiental en Alcalá. Estas manifestaciones reflejan la posición empresarial expresada entonces, aunque no constituyen una respuesta específica a la actual denuncia sobre los derechos gratuitos de emisión.

Para la Plataforma, las explicaciones empresariales y administrativas deberían acompañarse de información accesible, mediciones actualizadas y estudios que permitan evaluar los posibles efectos acumulados de la actividad industrial. Entre sus principales reclamaciones figuran la reducción progresiva de las asignaciones gratuitas, la aplicación efectiva del principio de "quien contamina, paga", la exigencia de planes de descarbonización verificables y el refuerzo de la vigilancia sobre la contaminación atmosférica.

Las preguntas que siguen en el aire

En Bruselas, la contaminación se contabiliza en toneladas y los compromisos se proyectan hasta 2030. En Alcalá de Guadaíra, la preocupación tiene otras medidas: los años de reivindicaciones, el polvo que algunos vecinos denuncian encontrar en sus casas y los estudios sanitarios que siguen reclamando. La idea es ofrecer respuestas a quienes llevan demasiado tiempo esperando explicaciones.

Los derechos gratuitos irán disminuyendo. Las chimeneas continuarán formando parte del paisaje industrial y la Plataforma seguirá reclamando garantías para la población. Porque las cifras pueden cambiar, los permisos pueden renovarse y los expedientes pueden cerrarse. Pero hay algo que no entiende de plazos administrativos: el aire que se respira cada día.