El principal sospechoso del crimen de Helena Jubany, la bibliotecaria asesinada en Sabadell (Barcelona) en diciembre de 2001 cuando tenía 27 años, será juzgado por un jurado popular después de que la jueza instructora haya decretado la apertura de juicio oral. La Fiscalía y la acusación particular solicitan 26 años de prisión para Santiago Laiglesia, al considerar que existen indicios suficientes para sostener su presunta participación en los hechos.

La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Sabadell, Neus Soriano, ha adoptado esta decisión tras la audiencia preliminar celebrada este viernes, en la que tanto la Fiscalía como la acusación particular defendieron que el acusado debía sentarse en el banquillo. La defensa, por su parte, solicitó el archivo de la causa al cuestionar la validez de las pruebas de ADN que apuntan a su cliente.

Existen "indicios racionales de criminalidad"

La magistrada considera que existen "indicios racionales de criminalidad" contra Santiago Laiglesia por su presunta implicación en los delitos de asesinato y detención ilegal. Una vez concluida la investigación, la jueza ha acordado que sea un jurado popular de la Audiencia de Barcelona el encargado de juzgar los hechos, ocurridos hace casi 25 años.

El procedimiento se remonta a la muerte de Helena Jubany, cuyo cuerpo fue hallado tras caer desde la azotea de un edificio de Sabadell. La investigación se archivó inicialmente en 2005, pero se reabrió en 2020 después de que aparecieran nuevos indicios. Entre las diligencias practicadas desde entonces destacan los análisis genéticos que han reforzado las sospechas sobre Laiglesia.

Según la resolución judicial, los hechos se produjeron durante la madrugada del 2 de diciembre de 2001, cuando "una o varias personas" habrían suministrado sustancias estupefacientes a Jubany de forma "consciente" para impedir que pudiera escapar. La jueza sostiene que, aprovechándose de su "absoluta incapacidad", la trasladaron hasta la azotea de un edificio y la "arrojaron al vacío". La resolución aprecia indicios de que Santiago Laiglesia "participó activamente" en estos actos y considera que habría tenido capacidad para evitar tanto la privación de sentido de la víctima como la posterior caída mortal.

La defensa cuestiona las pruebas de ADN y la cadena de custodia

La defensa ha insistido en que los indicios genéticos no son concluyentes y ha cuestionado la conservación de las pruebas. Antes de la audiencia preliminar, el abogado de Laiglesia, Jaime Lapaz, presentó dos informes periciales elaborados por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Santa Cruz de Tenerife que cuestionan la valoración de los resultados genéticos obtenidos en el jersey de la víctima.

El letrado también ha sostenido que se rompió la cadena de custodia de la prenda, al considerar que no fue precintada correctamente después de los primeros análisis realizados en 2001. Como hipótesis, la defensa ha planteado que Laiglesia trabajó en su día en un despacho de abogados que pudo tener acceso al jersey, lo que habría permitido una posible contaminación indirecta. Además, solicitó que la Entidad Nacional de Acreditación evaluara la validez técnica del informe policial que vincula al acusado con el caso mediante el ADN.

La Fiscalía y la acusación particular han mantenido sus peticiones de 26 años de prisión y se han opuesto al archivo solicitado por la defensa. La jueza ha acordado, por otra parte, el sobreseimiento provisional respecto del otro investigado, Xavi Jiménez, identificado también en la resolución como Francisco Javier G. M., y ha dejado sin efecto las medidas cautelares que pesaban sobre él. Santiago Laiglesia continuará en libertad provisional, después de haber permanecido en prisión preventiva desde noviembre de 2025 hasta enero de 2026, cuando la Audiencia de Barcelona acordó su puesta en libertad al no apreciar riesgo de fuga.