El anterior ejecutivo del PP reconoció en 2012 a Defensa la titularidad de las instalaciones que había cedido el Consistorio en 1941, por lo que no cabe vía legal para reclamar la propiedad municipal
El gobierno local insiste en acudir a la vía judicial si no hay un acuerdo con Defensa, que en la época del ejecutivo de García-Pelayo quiso una contraprestación municipal de 8 millones de euros
