La nueva La Vega ha quedado de dulce. Casi un año de obras y en torno a un millón de euros de inversión para rescatar a un edificio pasto del paso del tiempo y la falta de reformas. Con tres socios, alrededor de 25 trabajadores y espacio para desayunos, almuerzos, meriendas, cenas y copas, la rehabilitación del emblemático local del centro de Jerez ha pretendido inaugurarse coincidiendo con el pasado puente de diciembre, época propicia para hacer caja con la que empezar a rentabilizar la inversión. Hasta ahí, lo lógico en cualquier negocio.
Sin embargo, lo menos lógico es que hasta entonces, según aseguran fuentes de Urbanismo a este periódico, nadie hubiera reparado en la obligatoriedad legal de que para abrir las puertas al público de un negocio hay que pedir la preceptiva licencia de apertura. Después de adelantar lavozdelsur.es la noticia del decreto que ordenaba el cierre y la incoación de expediente sancionador, hay muchos comentaristas en redes sociales rebelados contra la postura del Ayuntamiento y que braman contra un gobierno municipal que, al menos en este caso, lo que ha hecho es ni más ni menos que cumplir con sus obligaciones como cabezas políticas de la gestión de una administración pública. Así lo ha reconocido la dirección del establecimiento en un comunicado publicado en Facebook, donde aclara que solicitó la licencia el jueves antes del puente.
No hablamos de un refino, ni de un tenderete de andar por casa, ni siquiera hablamos de que hubiera habido comunicación previa y una tramitación en marcha de la necesaria licencia —en estos casos, por sentido común, puede haber mayor laxitud—, hablamos de una inversión millonaria que se ha abierto oficiosamente sin contar con una petición de los permisos necesarios y eso, lógicamente, no debería consentirse. De hecho, el principal problema que se encuentra en esta polémica que no debería de ser tal es que de unos años a esta parte el Ayuntamiento ha hecho la vista gorda con demasiadas cosas y ahora va a costar un mundo reeducar y hacer ver a la ciudadanía (la de a pie, los empresarios o el cónsul) que las ordenanzas y los acuerdos están para cumplirlos. También las promesas, pero eso da para otro capítulo.
En el pasado reciente se hicieron desde el Ayuntamiento despidos masivos con criterios subjetivos; se permitió que los promotores decidieran qué suelos eran más apetitosos para recalificar a su antojo, no en función de lo que necesitaba la ciudad; se vació el centro comercial abierto en el corazón de Jerez en favor de grandes superficies en el extrarradio; se abrieron muchos, demasiados, negocios sin licencia (que se eternizaban, también hay que recordarlo); se hacían obras mayores con permisos de reforma de un baño; y hasta trabajadores municipales se llevaron quince años sin fichar por su puesto de trabajo. Por perderse, se perdió hasta el Pendón.
Si después de esa década larga de malas prácticas vuelve la Disciplina, no solo la urbanística, ganaremos todos, aunque por parte del gobierno local y la oposición responsable haya que hacer ese esfuerzo extra pedagógico para parte de una ciudadanía mal acostumbrada a que todo sea un campo sin vallar. Esa disciplina y esa concienciación de que las cosas hay que hacerlas como hay que hacerlas (desde tirar la basura dentro de los contenedores hasta no inundar la vía pública de cosas privadas), desde luego, tendrá que ser para todos porque si no, no será. La segunda acepción del término disciplina es "conjunto de reglas o normas cuyo cumplimiento de manera constante conducen a cierto resultado". Un resultado que raras veces coincide en el tiempo con los tiempos electorales. Y de esos polvos, estos lodos.
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