El Gobierno ha sorprendido con el anuncio de que algo más del 3% del capital de Telefónica es ya propiedad del Estado, a través de la SEPI, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. Serían unos 700 millones de euros los invertidos hasta la fecha.
El movimiento de la SEPI venía esperándose desde hace cosa de tres meses, desde que el Gobierno anunció que entraría en el capital de esta empresa tomando hasta el 10% del capital, en respuesta al anuncio anterior del grupo saudí STC Group (cuyo accionista mayoritario es el Estado de Arabia Saudí) de que iba a adquirir el 9,9% de la empresa por unos 2.100 millones de euros, lo que le convierte, al menos en lo que termina la SEPI de hacer su adquisición, en el mayor socio de referencia de la empresa española.
Las compras de la SEPI se han llevado con el mayor sigilo, casi como si fuera un inversor privado, ya que, de hecho, el sector llevaba semanas preguntándose cuándo iba a ser la compra e incluso planteándose la posibilidad de que, al final, el Gobierno hubiera desistido.
Hay que tener en cuenta que la entrada de toda empresa extranjera en el capital de las cotizadas españolas se somete a las disposiciones estatales ‘anti opas’ en caso de superar el 10%, por lo que el Gobierno siempre tiene la última palabra. Además, hay que tener en cuenta que Telefónica es una empresa considerada estratégica, ya que tiene intereses en determinados temas de la seguridad y la defensa nacional, lo que supone un doble blindaje.
Telefónica, una empresa que precisamente se fundó hace un siglo, en 1924, tuvo mayoría del Estado español desde 1945 (casi el 80%) y se privatizó a lo largo de los años 90 del siglo pasado. Fue en 1997, bajo el Gobierno de José María Aznar, cuando se vendió el último 21% que quedaba en manos públicas.
La entrada de la SEPI en Telefónica ha sido recibida con cierto recelo por parte de las empresas del Ibex, que temen que el Gobierno PSOE-Sumar realice en el futuro operaciones similares, que no serían de su agrado. No obstante, hay que tener en cuenta que países del entorno, caso de Alemania, Italia y Francia, mantienen porcentajes superiores en sus respectivas operadoras telefónicas de referencia, que van del 13% al 20% del capital.
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