Telefónica: el Gobierno nunca contenta a la derecha

Los socialistas dicen que la entrada en el capital es para defender una empresa estrátégica, pero desde el PP desconfían y se afirma que la operación saudí se podía haber vetado apelando precisamente a ese criterio

Pedro Sánchez y Núñez Feijóo, en su última reunión de hace una semana.
Pedro Sánchez y Núñez Feijóo, en su última reunión de hace una semana.

La decisión del Gobierno de entrar en el capital social de Telefónica abre un nuevo frente con el PP, que hace un conflicto de todas las decisiones de relieve que adopta el Ejecutivo de coalición.

El Gobierno ha adoptado esta decisión después de que el grupo saudí STC haya tomado el control del 9.9% de la empresa española en dos operaciones distintas, por un montante total estimado de unos 2.100 millones de euros. Ante esta jugada, el Gobierno tenía ante sí tres opciones: no hacer nada; vetar la entrada del capital saudí al ser considerada Telefónica una empresa estratégica o, tal y como ha ocurrido finalmente, decantarse porque el Estado (vía SEPI) entre a su vez en el capital social de la empresa, tomando también otro 10%.

Desde la parte socialista del Gobierno se justifica la inversión atendiendo a dicho carácter estratégico de Telefónica (no solo porque sea propietaria de buena parte de la infraestructura que usan otras operadoras en España, sino porque tiene importantes intereses en la defensa nacional), mientras sus socios de Sumar no solo aplauden su decisión, sino que alientan la toma de decisiones similares en otros sectores, caso de las energéticas o las farmacéuticas.

Sin embargo, es un tema que genera una nueva controversia política. El PP y medios de comunicación de centro-derecha destacan que, antes de decidirse por entrar en el capital de la operadora, el Gobierno podía haber vetado la inversión saudí invocando, precisamente, a la consideración de Telefónica como "estratégica", pero van más allá al entender que es la consumación de las ‘amenazas’ lanzadas contra las empresas del IBEX y un 'aviso' por su rechazo –más o menos explícito, más o menos velado– a algunas de las decisiones que han acompañado a la nueva investidura. Pero hay más: también se habla directamente de una nueva suma de poder del Ejecutivo de Sánchez que, como accionista de referencia de una empresa que maneja tanta información, ahora tendrá acceso a la misma desde el consejo de administración y podría utilizarla en su provecho propio.

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