El Consejo de Ministros ha dado el visto bueno este pasado martes a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para hacerse con hasta el 10% de Telefónica después de que el grupo de telecomunicaciones saudí STC anunciara en septiembre pasado su intención de convertirse en el mayor accionista de la empresa española.
El golpe de mano en la multinacional, 26 años después de que precisamente el Estado completase su privatización total, se produce justo cuando se negocia un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en Telefónica para un total de 3.959 trabajadores en toda España.
"Es una empresa estratégica de nuestro país", ha destacado el portavoz del PSOE en el Congreso Patxi López, en los pasillos de la Cámara Baja, en referencia a Telefónica. También ha apuntado el portavoz socialista que el movimiento de la sociedad estatal para hacerse con hasta el 10% del grupo de telecomunicaciones supone "anclar los intereses" de la empresa.
Pese a que en septiembre pasado dijo que Telefónica es una compañía "estratégica" para los intereses nacionales y por ello confió en que siguiera con mayoría de capital español, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha lamentado que se "use el dinero de los españoles" para entrar en la multinacional y que no se le informara.
La compra estatal, valorada en unos 2.000 millones de euros, daría derecho a un consejero en el consejo de administración, convirtiéndose en el primer accionista por delante de BBVA, Caixabank, Saudí Telecom Company (STC), y el fondo BlackRock.
El holding público SEPI, que preside Belén Gualda, ha explicado en un comunicado que Telefónica desarolla un conjunto de actividades que resultan "de crucial relevancia" para la economía, el tejido productivo y la seguridad del país. Por ello, defiende que su participación permitirá proporcionar a la empresa "una mayor estabilidad accionarial".
El portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, ha abogado por la nacionalización de Telefónica. En los pasillos de la Cámara Baja ha dicho que más que hacerse con una participación accionarial, lo que el Estado debería hacer con esta empresa es nacionalizarla para que no esté "al servicio del mercado, además, en el peor sentido posible".
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