La investigación abierta en Sevilla por una operación urbanística vinculada a una parcela de Emvisesa en Pino Montano ha dado este martes un giro de mayor calado. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detenido a Rafael Pineda, ex jefe de gabinete de la Delegación del Gobierno en Andalucía, junto a su esposa y otras tres personas más, por su supuesta relación con este caso, que salió a la luz tras una denuncia sobre el proceso de enajenación del terreno mediante subasta pública.
Según señala Europa Press, habría al menos cinco detenidos en esta operación. Entre los arrestados figuran, además de Pineda, empleados de la empresa pública de la vivienda. La investigación la dirige el Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla.
El Ayuntamiento ya reaccionó el pasado mes de noviembre, cuando abrió una investigación interna y suspendió de empleo a un trabajador de Emvisesa. La decisión llegó tras acceder a un informe de la UCO que, según el Consistorio, apuntaba a que dicho empleado formaba parte presuntamente del proceso “desierto y continuado” de la parcela, de su venta posterior y que, además, “recibió más de 78.000 euros en su condición de personal responsable de esta empresa municipal”.
El informe policial, al que tuvo acceso Canal Sur Televisión meses atrás, describe la secuencia de operaciones. En febrero de 2017 la parcela fue alquilada a empresas que instalaron tres negocios: un KFC, una gasolinera y un Burger King. Posteriormente, en septiembre del pasado año, el terreno se vendió en subasta pública a Higuerón Real Estate, propiedad según el informe de la esposa de Pineda.
El precio rondó 1,8 millones de euros. Apenas cuatro meses después, en enero de este año, la parcela fue revendida a otra empresa por cerca de cuatro millones, generando un beneficio aproximado de 2,2 millones. De esa cantidad, el matrimonio habría obtenido supuestamente unos 640.000 euros, siempre según el informe de la UCO.
Los agentes consideran que existen indicios de tráfico de influencias. En la misma operación, un trabajador de Emvisesa —suspendido previamente— habría cobrado 78.000 euros de comisión en el proceso “desierto y continuado” de venta.
“Nos dan una tasación de 1,8 millones y estos inquilinos que la compran, la venden cinco meses después por casi cuatro millones de euros, que es lo sospechoso”, señalaban desde el Ayuntamiento de Sevilla en noviembre.
El Consistorio se personó en el caso el 20 de octubre, una vez levantado el secreto. El alcalde José Luis Sanz sostuvo que en los ocho años de gobierno socialista “solo se construyeron 83 viviendas de protección oficial”. Por su parte, el Grupo Socialista mantenía que el expediente “se ajusta en todo momento a la legalidad”. A raíz de la investigación, Pineda dimitió como jefe de gabinete del delegado del Gobierno en Andalucía. Anteriormente fue concejal de Medio Ambiente en 2007 y, durante la etapa de Espadas, director gerente de Lipassam.