Un vecino de Castilleja de la Cuesta, en la provincia de Sevilla, mantiene desde hace años una particular batalla urbanística por el edificio que se ha levantado justo delante de su vivienda. Francisco Manuel Silva define su situación como una guerra de “David contra Goliat”: reclama que la nueva construcción respete una separación mínima de tres metros respecto a su propiedad, mientras que la promotora Caralca defiende que las obras cumplen escrupulosamente con la legalidad.

El conflicto ha llevado a Silva a acumular papeleos, negociaciones y denuncias desde 2021, aunque sitúa el origen del problema mucho antes, en 2010. Fue entonces cuando se modificó el planeamiento urbanístico del municipio y se abrió la posibilidad de construir frente a su jardín un edificio que, según denuncia, ha terminado alterando por completo el entorno de su vivienda.

La promotora, por su parte, insiste en que está ejecutando el proyecto con todos los permisos y conforme a las normas vigentes. Silva asegura que no es el único afectado. Según explica, hay cinco vecinos en la misma situación y considera que una de las claves está en cómo se dio a conocer la modificación urbanística: “al que solo se le dio publicidad en el Boletín Oficial de la Provincia -BOP-, de modo que nadie presentó alegaciones”.

De viviendas unifamiliares a un edificio de diez metros

El afectado sitúa parte de los antecedentes en el Plan Parcial de La Valdovina de 2005. Según relata, “lo que iban a ser viviendas unifamiliares terminó siendo un edificio de diez metros de altura que no solo tapa toda la vista”.

A ello suma su principal reclamación: sostiene que la construcción está demasiado cerca de su vivienda y que no se respetaría la distancia mínima que, según defiende, establece la normativa municipal.

“Lo más curioso del caso es que la empresa que compró estos terrenos para edificar fue Bhluma, y la modificación del PGOU del 2010 se realiza a petición de esta empresa”, afirma Silva.

El Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta confirma que aquella petición empresarial fue estudiada y que se aceptó modificar el planeamiento. Sin embargo, el Consistorio considera que la situación actual es un conflicto entre particulares “en el que la alcaldesa ha intentado mediar, pero sin resultado”. Al tratarse de una interpretación del Código Civil, añade, "el Ayuntamiento no puede entrar".

Silva recuerda el momento en el que fue consciente de lo que iba a construirse ante su casa. Un día salió al jardín y se encontró con un cartel anunciando un edificio de tres plantas.

“Donde se podían promover 50 viviendas, ahora eran 150, sin notificárselo a ningún ciudadano afectado”, lamenta.

Un balcón a 1,90 metros, según el vecino

Uno de los puntos centrales de la disputa está en los balcones del nuevo inmueble. Silva afirma que la base del más cercano a su propiedad se encuentra a solo 1,90 metros, “y debería estar a tres”.

Para el vecino, no se trata únicamente de una cuestión de distancias. Considera que la cercanía de la construcción afecta directamente a su privacidad porque “quita toda la intimidad, y facilita que cualquiera pueda entrar en mi casa dando un salto”.

Según explica, la constructora terminó recortando parte de ese balcón, aunque sostiene que continúa estando demasiado próximo.

El director general de Caralca, Rafael Miranda, confirma que efectivamente se realizaron modificaciones en los balcones, pero rechaza que exista una ilegalidad. La empresa mantiene que la obra cumple con toda la normativa vigente.

Miranda subraya además que Caralca adquirió los terrenos en 2018, cuando el PGOU ya había sido modificado. Admite que comprende que algunos propietarios puedan sentir que su “proyecto de vida” se ha visto alterado por la construcción, aunque recuerda que “pudieron alegar y no alegaron, y lo hicieron ya con el edificio arriba”.

La promotora asegura que la fachada supera los tres metros

La empresa defiende además una interpretación distinta sobre la distancia que debe tenerse en cuenta. Miranda sostiene que la fachada del edificio se encuentra a más de tres metros, cumpliendo así el mínimo establecido en Castilleja de la Cuesta, al margen de la discusión concreta sobre la base de los balcones.

El responsable de Caralca explica también que los afectados plantearon soluciones que la empresa consideró imposibles de asumir, entre ellas la instalación de una pared de alrededor de 10 o 12 metros de altura para mantener la privacidad de las viviendas.

“Aparte de otras cuestiones, habría que pensar que, para favorecer a unos vecinos, se perjudicaría a otros, los compradores de los pisos”, argumenta.

Según Miranda, sobre la mesa se pusieron otras posibilidades. “Se intentó llegar a una solución intermedia, como un muro más bajo, o indemnizar, pero no ha sido posible, y seguimos abiertos a un acuerdo, a dialogar para arreglarlo”, sostiene.