El próximo pleno ordinario de la Diputación de Cádiz, previsto para el miércoles 15 de julio, no incluirá en su orden del día ninguna moción ni pregunta sobre la investigación por presunto blanqueo de capitales y narcotráfico que desarrolla la Guardia Civil, con epicentro en El Puerto.

En la relación de asuntos que se abordarán en la sesión no aparece ninguna iniciativa dirigida al vicepresidente cuarto de la Diputación, Germán Beardo, también alcalde de El Puerto, para que ofrezca explicaciones sobre este caso. Ningún grupo ha incorporado una moción específica ni una pregunta sobre la trama.

Así, no habrá preguntas a Beardo sobre este asunto en el pleno de la institución provincial. Sí las hubo el viernes 3 de julio en el pleno municipal del Ayuntamiento de El Puerto, donde sí se le pidieron explicaciones. Fue el concejal del grupo mixto José Luis Bueno, de Izquierda Unida, quien aludió a las informaciones que apuntan a que el alcalde se encuentra en una vivienda de Pascual Llopis, detenido y en prisión provisional desde ese mismo día.

La semana pasada, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) aclaró que Beardo no estaba investigado por esta causa. Lo mismo hizo la propia presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, preguntada al respecto.

Registro en el Edificio Roma de Diputación de Cádiz

La macrorredada de la Guardia Civil desarrollada en distintos puntos de las provincias de Sevilla y Cádiz hizo una parada en dependencias de la Diputación de Cádiz, concretamente en el Edificio Roma, sede del Área de Planificación, Coordinación y Desarrollo Estratégico, que dirige Germán Beardo.

Desde el primer momento, el vicepresidente cuarto de la institución provincial negó que se hubiera producido un registro en su despacho. Según explicó, los agentes "solicitaron cinco expedientes de contratos públicos de patrocinio relacionados con el empresario sobre conciertos en diversas localidades de la provincia" y el personal técnico facilitó toda la información "en máxima colaboración".

Beardo añadió que acudió al Edificio Roma "por propia iniciativa, sin ser requerido", para apoyar al personal técnico durante la entrega de documentación.

La investigación continúa abierta y, según confirman a lavozdelsur.es fuentes cercanas al caso, Germán Beardo no aparece entre las personas citadas a declarar. Otro alto cargo se encuentra en el punto de mira desde este jueves, un tal Gordo, que, como según adelanta El País, aparece en una conversación de WhatsApp en la que Mario G.L. intenta averiguar si se le ha dado “algo” a este cargo de la Junta. 

Los cargos públicos se encuentran en el punto de mira desde que el TSJA señaló que entre los delitos que se investigan figuran la prevaricación y la malversación, que solo pueden imputarse a estos.  Hasta el momento no ha habido nadie de estas esferas entre las once detenciones practicadas.

Otros puntos del orden del día del pleno de Diputación

El pleno de la institución provincial sí abordará otros asuntos de carácter administrativo, económico y político. Entre ellos figura la aprobación inicial del plan de asistencia económica a municipios menores de 25.000 habitantes para la incorporación de personal técnico en 2026. También se tratará la aprobación provisional de la plantilla de personal 2026, dentro de la Comisión Informativa Permanente de Función Pública.

Además, el orden del día recoge, por ejemplo, la modificación presupuestaria número 60/2026 y la propuesta de aprobación de la Cuenta General del ejercicio 2023, integrada por la propia Diputación, sus organismos autónomos, sociedades mercantiles, ente público empresarial y fundaciones.

En el bloque de proposiciones, el grupo socialista llevará una iniciativa relativa al acuerdo político e ideológico entre el Partido Popular y Vox, así como otra sobre el incremento de medios materiales y humanos en el Infoca. Izquierda Unida Andalucía, por su parte, planteará el reconocimiento de la nacionalidad española a la población saharaui nacida bajo administración española y a sus descendientes, además de una proposición sobre el cierre de la oficina de Correos del Río San Pedro y los servicios que presta.

También se incluye una proposición socialista para impulsar la mesa para la erradicación del alga asiática Rugulopteryx y otra del grupo popular relativa a la implantación de un régimen de exención del IVA para trabajadores autónomos que no superen los 85.000 euros de facturación anual.