El Partido Animalista Pacma ha puesto en el punto de mira al Ayuntamiento de Chipiona por, presuntamente, no garantizar el cumplimiento de la normativa de protección animal. Su coordinador provincial en Cádiz, Marcelino Laínez, ha reclamado al Consistorio que adopte medidas inmediatas para asegurar el cumplimiento tanto de la Ley 7/2023, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, como de la normativa municipal en la materia.

La petición de PACMA no surge de la nada: llega después de que el propio Ayuntamiento reconociera formalmente una realidad preocupante para la organización animalista. Según explican, salvo un contrato de asistencia veterinaria, no consta la existencia de contratos, convenios u otros instrumentos jurídicos que regulen servicios que consideran esenciales, como la recogida y transporte de animales abandonados, su alojamiento en un centro de acogida o la gestión de adopciones y devoluciones.

Falta de información sobre los animales recogidos

Más allá de la ausencia de contratos, Pacma señala otra carencia relevante: la respuesta municipal tampoco aporta información completa sobre los animales recogidos durante 2025 y 2026, ni sobre su destino final, ni sobre los pagos realizados por estos servicios. Para la organización, estas lagunas constituyen indicios claros de que el Ayuntamiento no está acreditando adecuadamente cómo cumple sus competencias obligatorias en materia de protección animal, un aspecto que consideran especialmente grave al tratarse de una obligación legal del municipio.

Laínez ha sido claro al valorar la situación: "El Ayuntamiento debe garantizar un servicio completo, estable y con cobertura jurídica". El coordinador provincial insiste en que la atención puntual no es suficiente para cumplir con la ley: "No basta con prestar asistencia veterinaria puntual: es necesario saber quién recoge a los animales, cómo son trasladados, dónde son alojados y cuál es su destino final".

Esta reivindicación se enmarca en un contexto en el que las asociaciones de protección animal vienen reclamando, en distintos municipios españoles, una mayor transparencia y profesionalización de los servicios relacionados con los animales abandonados, especialmente tras la entrada en vigor de la Ley 7/2023, que refuerza las obligaciones de las administraciones locales en este ámbito.

Pacma reclama protocolos y registros públicos

Ante este escenario, Pacma ha trasladado al gobierno municipal de Chipiona una serie de exigencias concretas. La organización pide que se formalicen estos servicios mediante los correspondientes contratos o convenios, que se establezcan protocolos claros de actuación y que se creen registros públicos que permitan conocer con detalle qué ocurre con cada animal abandonado que es recogido en el municipio.

El objetivo final, según explican desde la organización, es garantizar una atención permanente a los animales abandonados, y no dejar esta cuestión sujeta a improvisaciones o soluciones puntuales. Laínez ha sido tajante al respecto en sus declaraciones finales: "La protección animal es una obligación legal del Ayuntamiento y no puede depender de actuaciones improvisadas".

Con esta denuncia, Pacma busca presionar al Consistorio chipionero para que revise su modelo actual de gestión de la protección animal y lo dote de la estructura jurídica y administrativa que, según la organización, exige la legislación vigente. Por el momento, el Ayuntamiento de Chipiona no ha realizado declaraciones públicas adicionales sobre las exigencias planteadas por la organización animalista.