Hay un psiquiatra que acude una vez al mes a la prisión de Puerto III, que en estos momentos cuenta con más de 1.300 internos. No es una situación nueva, pero sí preocupante, y sobre todo alargada durante demasiado tiempo. Hasta la última Memoria de la Fiscalía General del Estado recoge la preocupación transmitida por la Fiscalía de Cádiz, que habla del "deterioro que año tras año sufre la sanidad penitenciaria por falta de facultativos". 

Sobre el terreno, lo constatan los trabajadores que se topan cada día con esta realidad. La plantilla de Puerto III contempla un subdirector médico y diez facultativos, más dos de contratación interina. La realidad, según sindicatos CSIF y Acaip-UGT, es otra: tres médicos —dos funcionarios de carrera y un interino— y una facultativa contratada a razón de 30 horas semanales. Uno de los tres, además, se encuentra con adaptación del puesto.

Ángel Luis Perea, delegado de CSIF en Puerto III, asegura en declaraciones a lavozdelsur.es que hay "masificación" en el centro penitenciario. En esta prisión hay 1.008 plazas y la ocupación supera los 1.300 internos. En 2024 había unos 1.200. En poco más de un año, la población reclusa ha crecido más de un 12%.

"Una prisión tipo tiene principio unicelular, es decir, de una celda por persona", explica Perea, quien señala que en Puerto III no se cumple, como tampoco en otros muchos centros penitenciarios del país. A ello hay que sumar que la prisión debe reservar espacio para ingresos, aislamiento y enfermería. 

Muy cerca, en Puerto I, hay solo dos médicos, en Puerto II la jubilación de un facultativo este año ha dejado el centro al borde del colapso asistencial, y Algeciras (Botafuegos) está en una situación parecida.

Puerto III, además, recibe internos en tránsito con destino a otras prisiones del país, que también deben ser atendidos sanitariamente. Solo en 2023, entre tránsitos e ingresos, pasaron por sus instalaciones 2.054 personas, según cifra CSIF. Y, a pesar de ello, "hay días que no hay médicos en Puerto III", cuenta Perea.

Un solo médico en Puerto II

El sindicato Acaip-UGT denuncia que, por su parte, Puerto II, se haya quedado con un único médico de los nueve que recoge su Relación de Puestos de Trabajo (RPT). A principios de este año tenía tres, pero por jubilaciones y traslados la plantilla se ha visto aún más mermada. La Administración ha recurrido a la contratación de un médico externo que acude "de manera muy esporádica", una solución que el sindicato considera "absolutamente insuficiente".

La ausencia de facultativos no es solo un problema sanitario: es un problema regimental. El Reglamento Penitenciario obliga a que todo interno sea examinado por un médico en las primeras 24 horas desde su ingreso y exige intervención y seguimiento diario del facultativo en situaciones sensibles, como el aislamiento provisional o el cumplimiento de sanciones de aislamiento en celda. Sin informe previo, reconocimiento médico y vigilancia diaria, el aislamiento no puede aplicarse. Sin médicos, la prisión pierde una de sus herramientas para gestionar a los internos conflictivos.

Además, Puerto II acometerá una importante obra que obligará a ir cerrando y abriendo módulos de forma paulatina, por lo que los departamentos residenciales pasarán de 318 celdas disponibles a 236, con una población que ya ha crecido de 405 internos a principios del año pasado a los 432 actuales.

La salud mental, la asignatura pendiente

La atención psiquiátrica en los centros penitenciarios es prácticamente nula. La especialidad ni siquiera está integrada en la plantilla de los centros penitenciarios, sino que en el caso de las prisiones de El Puerto, se cubre mediante un convenio con el Servicio Andaluz de Salud. Cada mes, acude un especialista acude a Puerto III y atiende un cupo máximo de 15 internos por visita. La mayoría son revisiones y seguimientos ya pautados.

El resultado, describe ACAIP-UGT, es que decenas de reclusos quedan sin acceso real a diagnóstico ni intervención temprana en un entorno donde abundan las patologías psiquiátricas graves combinadas con conductas adictivas. El personal sanitario y de vigilancia lidia a diario con sobredosis y descompensaciones conductuales severas.

El módulo de Enfermería, mientras tanto, permanece saturado y obligado a convivir con perfiles incompatibles entre sí: internos de avanzada edad con movilidad reducida y necesidad de silla de ruedas, pacientes psiquiátricos y población tanto masculina como femenina.

Casi ocho de cada diez plazas médicas para prisiones no se cubren

En julio de 2026 permanecían vacantes más del 76% de las plazas médicas de las prisiones españolas, según datos citados por Acaip-UGT. El propio Defensor del Pueblo ha advertido este año de que la dotación médica resulta muy insuficiente en numerosas prisiones.

La respuesta de Interior ha sido convocar este mes 65 plazas temporales de Medicina para centros penitenciarios. Para el sindicato, apenas suple una carencia que supera los 300 profesionales. Y las previsiones de refuerzo contemplan, para un centro como Puerto III, la dotación de un único facultativo adicional.

La pregunta de fondo es por qué las plazas no se cubren. Ángel Luis Perea, delegado de CSIF en Puerto III, apunta a tres causas. La primera, el sueldo: la diferencia salarial con la sanidad pública ronda, según sus cálculos, entre 600 y 800 euros mensuales, algo que puede compensarse haciendo guardias, pero son horas extraordinarias.

La segunda causa es la exigencia: las convocatorias para prisiones piden titulación de Medicina de Familia, con el MIR correspondiente. Las ofertas públicas de empleo quedan desiertas mayoritariamente, y el sistema no permite ampliar la entrada a otro tipo de perfiles profesionales.

La tercera causa es la responsabilidad que recae sobre estos profesionales, que tienen que atender pacientes con enfermedades mentales, patologías crónicas y toxicomanías. "Son servicios sanitarios que se están dejando extinguir, por ahogamiento", resume Perea.

23 años de una ley que no se cumple

Sobre esta situación planea la Ley 16/2003 de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, de 2003, que obligaba a las comunidades autónomas a asumir las transferencias de la sanidad penitenciaria en un plazo de 18 meses. Pero han pasado 23 años y regiones como Andalucía no lo han hecho, como otras muchas.

"Ningún Gobierno se ha atrevido a hacer un requerimiento a las comunidades autónomas", denuncia Perea sobre los sucesivos Ejecutivos que ha tenido España en este tiempo. La respuesta que reciben los sindicatos, resume, es "silencio administrativo y encogimiento de hombros".

Andalucía concentra en torno a la cuarta parte de la población reclusa dependiente de la Administración General del Estado: 14.056 internos sobre unos 63.000 en el conjunto de España, excluidos País Vasco y Cataluña, que tienen las competencias transferidas. Es, además, la comunidad con más centros penitenciarios.