Durante cerca de un mes, los vecinos de la avenida Ana de Viya, en Cádiz, convivieron con un olor a putrefacción que no sabían de dónde salía. Lo tenían localizado: procedía del Parsa Doner Kebab de los soportales, un local precintado judicialmente desde marzo. Eso era precisamente lo que alimentaba las sospechas más inquietantes.

La intervención realizada este martes 15 de septiembre despejó la incógnita. El foco era una nevera averiada en cuyo interior se almacenaba carne. El fallo impidió conservarla a la temperatura adecuada, el producto se descompuso y generó el fuerte hedor. Los responsables del negocio habían seguido pagando el suministro eléctrico durante todos estos meses, así que no hubo corte general de luz: falló solo uno de los frigoríficos.

Una vez localizado el origen, la empresa Recosol retiró los productos que seguían en el establecimiento y llevó a cabo las labores de desinfección, con los protocolos de protección que exigen este tipo de casos. La escena no pasó desapercibida entre peatones y residentes. 

El avanzado estado de descomposición explica la intensidad y la persistencia del olor. Se percibía desde la propia calle, pero era especialmente intenso en las escaleras del bloque situado sobre el establecimiento y, en algunos momentos, alcanzaba incluso la primera planta del edificio. 

La combinación de un hedor tan fuerte y un local cerrado desde hacía meses disparó todo tipo de hipótesis. "El olor a putrefacto que desprendía era muy fuerte. El local lleva precintado desde marzo y llegamos a pensar que podía haber algún animal muerto dentro, e incluso alguna persona porque el hedor persistía y no era normal", relata una vecina en declaraciones recogidas por Diario de Cádiz.

Las primeras molestias se detectaron a principios de agosto. El 14 de agosto, agentes de la Policía Local y técnicos del área municipal de Salud acudieron al establecimiento y comprobaron la existencia del olor, pero tampoco pudieron acceder al interior por el precinto judicial.

Ahí estaba la dificultad añadida: el Ayuntamiento de Cádiz no podía autorizar por sí solo la entrada. La presidenta de la comunidad de vecinos —que además es la dueña del local donde estaba instalado el kebab— fue quien denunció primero la situación, acudió al Consistorio ante la persistencia del olor y tuvo que dirigirse al Juzgado de Badajoz que instruye la causa para obtener el permiso.

Destaca que el Ayuntamiento "ha colaborado en todo momento". El Consistorio, por su parte, señala en una nota que inició las gestiones con el juzgado pacense porque el precinto exigía autorización judicial y coordinación, y que en paralelo contrató a la empresa encargada de retirar los alimentos en mal estado y desinfectar. El juzgado autorizó finalmente la entrada para este 15 de septiembre.

Un local cerrado por una presunta red de trata

El cierre del Parsa Doner Kebab de Ana de Viya no tiene nada que ver con la salubridad. Está relacionado con una investigación desarrollada conjuntamente por las brigadas provinciales de Extranjería y Fronteras de Cádiz y Badajoz, en la que la Policía Nacional desarticuló una organización investigada por presuntos delitos de trata de seres humanos, contra los derechos de los trabajadores y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

La operación, desarrollada en marzo de 2026, afectó a cuatro establecimientos Parsa Doner Kebab: dos en Cádiz y dos en Badajoz. Se detuvo a cuatro personas, tres de ellas en la capital gaditana, y se liberó a 11 víctimas, ciudadanos extranjeros en situación de extrema vulnerabilidad. Hubo además cuatro registros domiciliarios: dos en Badajoz —una vivienda utilizada para alojar a trabajadores y el domicilio de uno de los investigados— y otros dos en Cádiz, ambos empleados también como alojamiento para las víctimas.

Según la investigación policial, los negocios se utilizaban presuntamente para explotar laboralmente a personas extranjeras en situación de especial vulnerabilidad, procedentes principalmente de Pakistán. Algunas, según informó la Policía Nacional tras la operación, residían en los mismos locales donde trabajaban, dormían en sillas y utilizaban los baños destinados al público para asearse. Sus jornadas se prolongaban entre doce y catorce horas y, en algunos casos, no recibían salario o percibían remuneraciones mínimas.