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La trama por presunto blanqueo de capitales vinculado al narcotráfico con epicentro en El Puerto sigue arrojando detalles. Según han confirmado a lavozdelsur.es fuentes próximas a la investigación, parte del dinero metálico intervenido el pasado miércoles 1 de julio en el macrooperativo de la Guardia Civil llevado a cabo en Cádiz y Sevilla se encontraba emparedado. Tras una treintena de registros en puntos de las provincias de Cádiz y Sevilla, los agentes descubrieron alrededor de 1,2 millones de euros repartidos en distintos domicilios y locales. Algunos fajos estaban entre las paredes de los negocios y locales registrados.
Entre los locales donde se realizaron los registros por parte de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial, con apoyo de la Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic) de la Comandancia de la Guardia Civil de Sevilla, se distinguen el restaurante Babu, la discoteca Banana y Margarita, en El Puerto, pertenecientes al empresario Pascual Llopis. También figuran sus oficinas de la calle Misericordia y su domicilio particular. Según confirman fuentes cercanas a la investigación a este medio, el atestado de la Guardia Civil de unos 500 folios, que da a entender la gran complejidad del caso, también se han incautado vehículos y relojes de alta gama.
El juez envío a prisión provisional este viernes 3 de julio a dos de los supuestos cabecillas de la trama, el conocido empresario portuense Pascual Llopis, Pascuali, y M. G. L., un empresario de Dos Hermanas que, según ha podido saber este medio, tiene antecedentes por narcotráfico de cocaína y hachís. El resto de detenidos o investigados, unas trece personas en total —aseguran las mismas fuentes—, quedó en libertad con cargos.
Hay que recordar que se han requerido contratos de patrocinio de dinero público a eventos promovidos por la presunta trama, entre ellos el festival portuense Puro Latino. De hecho en poco más de año y medio la Diputación de Cádiz, desde el área que dirige el alcalde de El Puerto, Germán Beardo, como vicepresidente cuarto de la institución provincial, concedió cinco contratos de patrocinio por más de un millón de euros a estas empresas.
El propio Beardo acudió el miércoles pasado al edificio Roma de la capital gaditana para facilitar el requerimiento de la Policía Judicial, si bien, como ha dejado claro el TSJA, no está siendo investigado en las pesquisas que se han seguido en la primera fase de la macrooperación. El caso continúa abierto. Aún no queda claro a qué cargo público se acusa de prevaricación y malversación, delitos que asevera el TSJA que están incluidos entre los que habría cometido presuntamente algún miembro de esta trama y que solo pueden ser perpetrados por funcionarios o autoridades.
La trama por presunto blanqueo de capitales vinculado al narcotráfico con epicentro en El Puerto sigue arrojando detalles. Según han confirmado a lavozdelsur.es fuentes próximas a la investigación, parte del dinero metálico intervenido el pasado miércoles 1 de julio en el macrooperativo de la Guardia Civil llevado a cabo en Cádiz y Sevilla se encontraba emparedado. Tras una treintena de registros en puntos de las provincias de Cádiz y Sevilla, los agentes descubrieron alrededor de 1,2 millones de euros repartidos en distintos domicilios y locales. Algunos fajos estaban entre las paredes de los negocios y locales registrados.
Entre los locales donde se realizaron los registros por parte de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial, con apoyo de la Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic) de la Comandancia de la Guardia Civil de Sevilla, se distinguen el restaurante Babu, la discoteca Banana y Margarita, en El Puerto, pertenecientes al empresario Pascual Llopis. También figuran sus oficinas de la calle Misericordia y su domicilio particular. Según confirman fuentes cercanas a la investigación a este medio, el atestado de la Guardia Civil de unos 500 folios, que da a entender la gran complejidad del caso, también se han incautado vehículos y relojes de alta gama.
El juez envío a prisión provisional este viernes 3 de julio a dos de los supuestos cabecillas de la trama, el conocido empresario portuense Pascual Llopis, Pascuali, y M. G. L., un empresario de Dos Hermanas que, según ha podido saber este medio, tiene antecedentes por narcotráfico de cocaína y hachís. El resto de detenidos o investigados, unas trece personas en total —aseguran las mismas fuentes—, quedó en libertad con cargos.
Hay que recordar que se han requerido contratos de patrocinio de dinero público a eventos promovidos por la presunta trama, entre ellos el festival portuense Puro Latino. De hecho en poco más de año y medio la Diputación de Cádiz, desde el área que dirige el alcalde de El Puerto, Germán Beardo, como vicepresidente cuarto de la institución provincial, concedió cinco contratos de patrocinio por más de un millón de euros a estas empresas.
El propio Beardo acudió el miércoles pasado al edificio Roma de la capital gaditana para facilitar el requerimiento de la Policía Judicial, si bien, como ha dejado claro el TSJA, no está siendo investigado en las pesquisas que se han seguido en la primera fase de la macrooperación. El caso continúa abierto. Aún no queda claro a qué cargo público se acusa de prevaricación y malversación, delitos que asevera el TSJA que están incluidos entre los que habría cometido presuntamente algún miembro de esta trama y que solo pueden ser perpetrados por funcionarios o autoridades.
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