El Ministerio Fiscal, en un escrito remitido al Juzgado número 1 de El Puerto, solicita que continúe el procedimiento penal abierto en enero de 2024 tras la investigación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, al considerar que ya existen indicios suficientes para pasar a la fase de acusación contra responsables policiales y municipales del Ayuntamiento portuense.

La investigación se estructura en torno a tres episodios: la explotación de los aparcamientos de la Feria de 2023, el trenecito turístico que circuló ese mismo verano por Puerto Sherry, y el presunto uso de medios públicos para fines personales por parte del exintendente de la Policía Local, Rafael Muñoz Leonisio, a quien además se atribuye haber usado su cargo para perdonar multas.

2.000 euros por autorizar los parkings de la Feria

Sobre los aparcamientos de la Feria, el escrito fiscal recoge la presunta exigencia de 2.000 euros por parte de Muñoz Leonisio a las asociaciones interesadas antes de autorizar la explotación del parking, llegando a afirmar, según el informe, que "él tenía el poder absoluto sobre las concesiones".

El episodio más detallado del informe es el del "trenecito" de Puerto Sherry, que funcionó durante el verano de 2023. Según la Fiscalía, Rafael Muñoz y su hijo "urdieron un plan con la finalidad de obtener cuantiosos beneficios económicos, prevaliéndose de la posición privilegiada que ostentaba entonces Muñoz Leonisio en la Corporación municipal", contando para ello con la colaboración del técnico de Infraestructuras José Manuel Camacho y del delegado de Seguridad y Policía Local, Jesús Garay.

La pasividad del delegado de Seguridad

Respecto a Jesús Garay, la tesis de la Fiscalía es que conocía la situación, tenía competencias para impedirla y, pese a ello, permitió que continuara, lo que podría constituir prevaricación omisiva. El informe recoge una conversación entre Camacho y Garay el día antes de que el tren circulara, en la que el concejal llegó a decir que "no lo ve, ya que es un servicio público del que se están lucrando gratuitamente, pero que si él lo ve no se iba a meter en eso".

El tren comenzó a funcionar sin licencia alguna, con la permisividad del delegado de Tráfico, hasta que en la madrugada del 6 de agosto sufrió un accidente circulando repleto de pasajeros. Según el informe, todo se destapó por la insistencia de una ciudadana que se percató de la conducción temeraria del tren y no cesó hasta lograr que se abriera un atestado que terminó en el juzgado. 

IU exige la salida inmediata de Garay del gobierno municipal

Ante esta petición, Izquierda Unida ha exigido que el concejal Jesús Garay abandone de forma inmediata el gobierno municipal. El portavoz de IU, José Luis Bueno, advirtió de que "la responsabilidad política no puede esperar a las sentencias" y calificó la situación como "de una enorme gravedad política".

"Garay debería estar apartado de cualquier responsabilidad pública mientras se aclaran todos los hechos. No estamos hablando de un concejal cualquiera, sino de una de las figuras centrales del núcleo duro del beardismo", afirmó Bueno, quien criticó que el alcalde "continúe actuando como si nada estuviera ocurriendo" y atribuyó lo sucedido a "una forma de gobernar basada en los amiguismos, la opacidad y el trato de favores".

IU reclamó explicaciones claras por parte del alcalde: "Beardo tiene la obligación de dar la cara. No basta con el silencio o las respuestas evasivas. Cuando las investigaciones afectan de manera reiterada a personas de su máxima confianza, la responsabilidad política alcanza también a quien ha dirigido y amparado ese modelo de gobierno".