El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha abierto un expediente sancionador contra una gran inmobiliaria por posibles prácticas abusivas hacia inquilinos. El departamento dirigido por Pablo Bustinduy no ha revelado el nombre de la empresa investigada, aunque sí ha indicado que gestiona miles de viviendas de alquiler distribuidas en varias comunidades autónomas. La actuación se enmarca en la estrategia impulsada por Consumo para vigilar la actividad de grandes operadores del mercado inmobiliario.

La investigación se centra en varias cláusulas presuntamente irregulares incluidas en contratos de arrendamiento. Entre las posibles infracciones detectadas figura la imposición de un seguro de impago, una práctica que el ministerio considera ilegal conforme a la normativa vigente. También se cuestiona la inclusión de una cláusula que asegura que existió una “negociación individualizada del contrato de adhesión”, algo que, según Consumo, no se habría producido realmente.

El expediente recoge además otras prácticas consideradas abusivas, como la imposición de penalizaciones “desproporcionadas” por retrasos en el pago del alquiler y el cobro de gastos y sanciones “injustificadas” relacionados con suministros y cambios de titularidad. El ministerio sostiene que estas cláusulas podrían vulnerar los derechos de los arrendatarios y dar lugar a importantes sanciones económicas para la compañía investigada.

Multas de más de un millón

Según ha detallado la Dirección General de Consumo, cada una de las infracciones detectadas podría acarrear multas de hasta un millón de euros o sanciones equivalentes a entre seis y ocho veces el beneficio ilícito obtenido. No obstante, el organismo subraya que “la apertura de estos expedientes no prejuzga el resultado final de la investigación”, por lo que la empresa todavía podrá presentar alegaciones y recurrir antes de que exista una resolución definitiva.

El departamento de Bustinduy ha recordado además el precedente más reciente en esta ofensiva contra determinadas prácticas del sector inmobiliario. Hace apenas dos meses, el ministerio ratificó una multa de 3,6 millones de euros a Alquiler Seguro tras una investigación iniciada en 2025. Consumo concluyó entonces que la compañía había cometido infracciones graves y muy graves al “aprovechar su posición de predominio de mercado” mediante cobros indebidos, seguros impuestos y servicios accesorios vinculados al alquiler.