La provincia de Cádiz no tiene un registro oficial actualizado con información técnica y económica sobre el estado de sus infraestructuras. Esa carencia, que la Diputación de Cádiz califica de lacra para la competitividad y el desarrollo de la provincia, va a empezar a subsanarse. La presidenta de la institución provincial, Almudena Martínez del Junco, y el decano del Colegio de Economistas de Cádiz, Javier Cabeza de Vaca, han firmado el convenio de colaboración que encarga a este organismo profesional la elaboración de un estudio exhaustivo sobre la situación de las infraestructuras de transporte y energía en la provincia, formalizando así un acuerdo alcanzado meses atrás.

Martínez del Junco no escatimó en el diagnóstico durante la firma del convenio. La presidenta subrayó las "graves deficiencias" de Cádiz en materia de infraestructuras de comunicación y recalcó que "es necesario contar con un estudio específico y profesional actualizado de la situación que analice el impacto de esas deficiencias en la economía, la atracción de inversión y el desarrollo de Cádiz y trace una ruta basada en datos y análisis". Una declaración que, por su contundencia, va más allá de la firma de un convenio técnico y apunta directamente a la agenda política de las próximas legislaturas.

Un mapa que no existe: la provincia lleva una década sin datos actualizados

La ausencia de ese registro oficial no es un detalle menor. A día de hoy, la provincia de Cádiz carece de información técnica actualizada sobre la evolución de las infraestructuras, la inversión y el stock de capital, un indicador que mide el crecimiento económico de la última década y que resulta imprescindible para diagnosticar necesidades, priorizar actuaciones y detectar carencias que lastran la competitividad provincial. Sin ese mapa, cualquier política de infraestructuras carece de base sólida.

El estudio impulsado por la Diputación, que contará con la participación de agentes del territorio y expertos, se centrará en las infraestructuras de comunicación, transporte y energía. La presidenta lo describió como "una herramienta de trabajo estratégica al servicio de la provincia, que servirá de plan de acción y podrá marcar la agenda política en la necesaria tarea de mejorar las infraestructuras de comunicación y de energía, dos ámbitos determinantes para el crecimiento socioeconómico y que afectan a la vida diaria de los gaditanos".

Tres capítulos para una década de análisis

El informe cubrirá el período 2015-2025 y se estructurará en tres grandes bloques. El primero analizará la evolución económica, social, empresarial e institucional de la provincia en esa última década. El segundo abordará específicamente la evolución de las infraestructuras en ese mismo período. Y el tercero incluirá una propuesta de prioridades generales de actuación derivada del diagnóstico de la situación actual, que servirá de guía para las próximas inversiones públicas de las distintas administraciones.

El convenio fija el 31 de octubre de 2026 como fecha límite para la entrega del informe y establece un coste de 8.500 euros, que correrá íntegramente a cargo de la Diputación de Cádiz. Un precio modesto para un documento que, si cumple su propósito, podría convertirse en la hoja de ruta que marque las inversiones en infraestructuras de una de las provincias con mayor potencial económico y turístico de Andalucía, pero también con algunas de las carencias de conectividad más persistentes del sur de España.