El proyecto del hotel de Las Piñas, en Tarifa, vuelve a estar en el centro de la polémica. Tras publicarse en la prensa comarcal que el que sería el primer hotel de lujo de la localidad tenía "vía libre" para abrir en abril de 2029, Ecologistas en Acción ha salido al paso para desmentir este extremo.

La organización quiere aclarar a la ciudadanía y a los grupos municipales qué dice realmente el Dictamen 548/2026 del Consejo Consultivo de Andalucía, y, sobre todo, qué no dice.

Según la organización ecologista, el dictamen no debe presentarse como una declaración sobre la legalidad del proyecto hotelero. Su alcance es mucho más limitado.

Qué dice realmente el dictamen del Consejo Consultivo

El Consejo Consultivo ha respaldado la propuesta del Ayuntamiento de Tarifa de desestimar la revisión de oficio que había solicitado Ecologistas en Acción. Esa revisión afectaba a dos acuerdos plenarios concretos, del 2 de octubre de 2018 y del 29 de marzo de 2022. Para la organización, el pronunciamiento era solo un paso rutinario y previo: el que habría permitido, en su caso, revisar de oficio esos acuerdos municipales impugnados.

El núcleo del dictamen es una interpretación urbanística. El Consejo Consultivo considera que el artículo 76.1 del Plan de Ordenación del Territorio del Campo de Gibraltar (POTCG) permite el alojamiento hotelero en las llamadas Zonas de Interés Territorial.

Según su criterio, esa norma prevalece sobre la prohibición de uso hotelero que recoge el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Tarifa, que es anterior al POTCG.

Ecologistas en Acción no comparte esa lectura. Recuerda que esta cuestión es precisamente el centro de la controversia jurídica que acompaña al proyecto desde sus comienzos.

Tres administraciones que opinaban lo contrario

La organización insiste en que no se trata de una simple discrepancia entre ella y el Consejo Consultivo. La interpretación del órgano consultivo, subraya, se aparta de lo que sostuvieron antes otras tres instancias públicas:

La Junta de Andalucía. La Administración autonómica competente en Ordenación del Territorio requirió en enero de 2019 al Ayuntamiento de Tarifa que anulara el acuerdo plenario de 2018. La Diputación de Cádiz. El Servicio de Asistencia a Municipios (SAM) emitió un informe, de 11 de noviembre de 2021, que cuestionaba la legalidad urbanística del proyecto. El propio Ayuntamiento. También la cuestionó el secretario general del Ayuntamiento de Tarifa durante la tramitación del expediente en 2022.

Según Ecologistas en Acción, la Diputación y el secretario municipal cuestionaron la legalidad urbanística del proyecto desde perspectivas distintas.

La organización también quiere dejar claro qué significa que el dictamen sea vinculante. Lo es para el Ayuntamiento en este procedimiento de revisión de oficio, pero eso no lo deja fuera del control judicial. El Consejo Consultivo es un órgano consultivo, no jurisdiccional, y sus dictámenes pueden ser revisados por los tribunales si se recurre la resolución administrativa correspondiente ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

Con el pleno del próximo martes en el horizonte, Ecologistas en Acción considera especialmente importante que se sepa con precisión qué se va a votar y qué alcance tiene el dictamen. En su opinión, no puede presentarse como una "vía libre" para construir el hotel lo que en realidad es el visto bueno del órgano consultivo a desestimar una revisión de oficio concreta.

La organización concluye que la controversia jurídica no desaparece porque un órgano consultivo haya adoptado una determinada interpretación. Será, en su caso, la jurisdicción contencioso-administrativa la que tenga la última palabra sobre el futuro del hotel de Las Piñas.