La inspectora jefa de delitos sexuales ha relatado que los investigadores analizaron "cientos y cientos" de archivos informáticos extraídos del dispositivo entregado por la primera denunciante, que contenían fotografías, capturas de pantalla y vídeos con agresiones sexuales a mujeres inconscientes. Los archivos estaban organizados en carpetas, cada una con el nombre de una mujer. En uno de esos vídeos, según ha declarado la inspectora, se ve "claramente" la cara del sacerdote "con actitud libidinosa" mientras agredía a una de las víctimas.
Las víctimas no sabían que habían sido drogadas ni agredidas
Los agentes han explicado que lograron geolocalizar los vídeos y determinar la fecha exacta de las fotografías gracias a los metadatos del material analizado, lo que les permitió identificar a las víctimas y localizarlas para entrevistarlas. El resultado fue unánime: ninguna de ellas era consciente de haber sido drogada ni agredida sexualmente. Los investigadores han mantenido en el juicio que el acusado se aprovechó deliberadamente de su condición de sacerdote porque generaba en las víctimas "cercanía y confianza", lo que facilitaba el acceso a ellas en contextos de aparente normalidad.
En la misma sesión ha comparecido un testigo que fue amigo del acusado hasta que se destapó el caso. Este ha relatado que ambos acudieron juntos a distintos campamentos, donde el procesado dormía en la misma habitación que algunas mujeres, aunque siempre enviaba al testigo a dormir en otra. También ha declarado que en uno de esos campamentos el sacerdote le mostró un bote con una sustancia a la que llamaba "la alegría" y que aseguró haber traído de Ámsterdam, aunque nunca se la ofreció. El testigo ha indicado que en su momento no le resultó extraño, dado el contexto de amistad que el acusado mantenía con las mujeres.
El juicio continuará este miércoles con la declaración de más testigos. La declaración del propio sacerdote está prevista para el final de la fase testifical, según el orden habitual del procedimiento. El acusado enfrenta cargos por las presuntas agresiones a cuatro mujeres cometidas a lo largo de cuatro años, en un caso que salió a la luz tras la denuncia de una de las víctimas y la posterior entrega de material digital que desencadenó la investigación policial.
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