El Ayuntamiento de Jerez ha aprobado este viernes, durante el pleno de marzo, una declaración institucional, impulsada por La Confluencia, en defensa del empleo en el sector del contact center y en solidaridad con la plantilla de Majorel, integrada actualmente en el grupo multinacional Teleperformance, que ha ejecutado un expediente de regulación de empleo que afecta a 279 trabajadores a nivel estatal, 39 de ellos en el centro de trabajo jerezano.
La declaración ha sido leída de forma conjunta por varios portavoces municipales, que fueron desgranando los distintos apartados del texto aprobado. Teresa Chamizo, portavoz de Ganemos, integrada en La Confluencia, abrió la intervención contextualizando la relevancia del sector en la economía local. Los centros de atención telefónica, señaló, se han consolidado como una actividad clave para el empleo en numerosas ciudades españolas, entre ellas Jerez, abarcando desde la resolución de incidencias por distintos canales hasta la venta proactiva de productos y servicios. Sin embargo, advirtió de sus fragilidades estructurales: alta rotación de personal, externalización creciente y una progresiva inestabilidad en el empleo.
En ese marco situó la crisis de Majorel. La compañía había iniciado un proceso de despido colectivo que en un principio contemplaba 329 afectados en toda España, 48 de ellos en Jerez. La cifra final quedó en 279 despidos, con 39 correspondientes al centro jerezano, en un contexto de reducción sostenida de plantilla que ha llevado a la empresa de cerca de 1.300 trabajadores a apenas 800 en los últimos años en Jerez. La Confluencia ha puesto el acento en una decisión "injusta y desmedida", que premia salidas voluntarias con 28 días por año trabajado, pero "castiga" a los despidos forzosos con apenas 20 días.
Los grupos leen de forma conjunta
Ignacio Soto, concejal de Vox, ha situado el caso en el escenario sectorial más amplio, recordando que estas reestructuraciones se están produciendo en múltiples empresas del sector a escala estatal. Informó asimismo de que el período de consultas del ERE concluyó sin acuerdo entre la empresa y la representación legal de los trabajadores, pese a que sobre la mesa se pusieron distintas propuestas: salidas voluntarias, condiciones económicas específicas y medidas de recolocación. Ninguna de ellas fue suficiente para lograr un consenso.
Recogió también Soto el planteamiento de los sindicatos, que han reclamado un análisis en profundidad de las causas del expediente y la exploración de alternativas reales para reducir los despidos, incluyendo medidas organizativas, la reordenación de la actividad o la revisión de los modelos de contratación.
Dionisio Díaz, concejal del PSOE, ha puesto el foco en el perfil humano y social de quienes trabajan en el sector. La plantilla del contact center, recordó, tiene una presencia mayoritaria de mujeres y una alta proporción de contratos a tiempo parcial, lo que obliga a prestar especial atención al impacto de estos procesos. Señaló que en las últimas semanas se han registrado movilizaciones a nivel estatal como reflejo de la creciente preocupación de los trabajadores, y subrayó que distintos agentes sociales vienen reclamando un modelo que refuerce la estabilidad laboral y el arraigo de esta actividad en el territorio.
La delegada municipal Nela García, responsable de Empleo, Comercio y Consumo, ha cerrado la lectura con el llamamiento a la acción institucional. Ante esta situación, ha afirmado, las administraciones públicas tienen la obligación de actuar desde la responsabilidad y el compromiso con el empleo.
Acuerdos aprobados por el pleno
En consecuencia, el pleno ha acordado, entre otros puntos: mostrar apoyo y solidaridad con los trabajadores afectados; instar a Majorel-Teleperformance a reconsiderar las medidas y explorar alternativas que preserven el empleo en Jerez; reclamar al Gobierno de España que impulse medidas de estabilidad laboral para el sector; instar a la Junta de Andalucía a continuar con sus políticas de apoyo al empleo productivo; y trasladar a las empresas que externalizan estos servicios la necesidad de incorporar criterios de responsabilidad social territorial.
El acuerdo será remitido al comité de empresa de Majorel, a la dirección de la compañía, al Ministerio de Trabajo y Economía Social, a la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía y a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados.