El exalcalde solicita el perdón de su pena, pero ni populares ni socialistas lo apoyan. Pelayo pide que devuelva el dinero exonerado. UPyD también se posiciona en contra y anuncia que no respalda a "ningún condenado por corrupción". Una plataforma ciudadana recoge firmas para intentar impedir el ingreso en prisión del exregidor andalucista
El exalcalde Pedro Pacheco pedirá su indulto como última medida para evitar la cárcel. O más bien para retrasar su ingreso en prisión. Porque el PP no está por la labor de concedérselo. De hecho, la alcaldesa María José García-Pelayo ya ha manifestado que no apoyará a su ex socio de gobierno y ha pedido que el exalcalde devuelva los 206.833,66 euros desviados para costear las contrataciones de los asesores José López y Manuel Cobacho. "El Ayuntamiento tiene la responsabilidad de reclamar que ese dinero sea devuelto a las arcas municipales y lógicamente cuanto antes", asegura Pelayo. Por su parte, el delegado del Gobierno andaluz en Cádiz, Fernando López Gil, apunta en declaraciones a la Cadena Ser que no van a apoyar ningún indulto a un político. Mientras tanto, los abogados del Pacheco trabajan para solicitar la medida de gracia para el exregidor, al que el Tribunal Supremo aumentó a cinco años y seis meses la pena de cárcel por prevaricación administrativa, malversación de fondos públicos y falsificación de documentos oficiales por la contratación irregular de dos asesores entre 2005 y 2007.
Aunque consiguiera librarse de la cárcel —algo poco probable por los antecedentes y por la poca predisposición del PP—, Pacheco tendría que devolver el dinero exonerado, ya que esta medida de gracia no le exime de rendir cuentas. Con la dimisión de Gallardón, la cartera de Justicia está provisionalmente en manos de Soraya Sáenz de Santamaría mientras toma posesión Rafael Catalá, el nuevo ministro. Este cambio puede provocar que el proceso se retrase, aunque debe conocerse la decisión del Gobierno antes de final de año. El Supremo, instancia que ha emitido el fallo, notificará en breve la sentencia a la Audiencia Provincial de Cádiz, que será la que ordenará el ingreso en prisión de Pacheco, que pedirá la suspensión provisional de la condena mientras el Gobierno resuelve su solicitud de indulto.
En la ciudad, como publica ABC, una plataforma ciudadana ha empezado a recoger firmas para pedir el indulto del Pacheco. En un folio que ha empezado a difundirse por varios puntos de Jerez se recogen sus logros durante su etapa como alcalde, como la construcción del Circuito, el desarrollo urbanístico de Jerez o el "impulso municipal" a las hermandades. Tampoco descarta este movimiento hablar con los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento para que se pronuncien en el próximo pleno municipal. También hay voces críticas, como las del coordinador local de UPyD, Francisco Jesús Espinosa, quien anuncia que su formación no apoyará el indulto a Pacheco, "como no lo ha hecho ni lo hará nunca con ningún condenado por corrupción". Espinosa apunta en una nota de prensa que "fue UPyD el primer partido en pedir la dimisión de los entonces concejales Pacheco y López cuando fueron condenados en primera instancia, por coherencia con la línea de nuestro partido que impide que los imputados, y por supuesto los condenados por corrupción puedan formar parte de listas electorales ni ocupar cargos públicos". Para Espinosa, "sería una pena que Jerez y su ayuntamiento no aprendieran una lección de esta condena", por lo que anima al gobierno local a "abandonar los últimos puestos en transparencia que les otorgan organizaciones como Transparencia Internacional".
Según publica Diario de Jerez, los otros dos condenados, José López y Manuel Cobacho, puede que pidan también el indulto de sus penas, ya que los dos años y diez meses solicitados para el primero y los dos años, seis meses y quince días para el segundo los obliga a ingresar en prisión. Además de esta condena, Pacheco tiene pendientes otros cuatro procesos judiciales, uno por la venta de 4.000 metros cuadrados de la antigua estación de autobuses (piden siete años de prisión), otro por la expropiación de huertos particulares en favor de una constructora, otro por regalar obras a la hermandad de El Rocío de Jerez y cargarlas al erario público (seis años de cárcel) y un cuarto por supuestos delitos de prevaricación en procesos de adjudicación sin licitación pública.
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