Un paisaje único en el mundo, otra vez amenazado. Esta vez, paradójicamente, por las energías limpias. Su imparable colonización del territorio, sin apenas regulación, ha pinchado en hueso en Macharnudo bajo, una zona con viñedos con cientos de años. El pleno municipal de mayo ha aprobado, con el apoyo de todos los grupos salvo el PSOE, una proposición del Grupo Municipal Adelante Jerez relativa a la denuncia interpuesta ante urbanismo por las obras de El Barroso.
Dicha proposición pasa por reclamar a la Junta de Andalucía, a la vista de que por parte de la Delegación de Urbanismo del Ayuntamiento de Jerez “no ha habido respuesta”, sea revocada la licencia y, de forma paralela, sea denegada la declaración de utilidad pública de este proyecto de megaparque eólico en el corazón de la viña jerezana. Igualmente, se ha aprobado instar al Gobierno andaluz para que, “atendiendo a las competencias que la ley le confiere, adopte las medidas cautelares de suspensión previstas en el decreto 60/2010 de 16 de marzo por el que se aprueba el reglamento de disciplina urbanística de la comunidad autónoma de Andalucía”.
El proyecto, promovido por la empresa Capital Energy, se alza en la zona de Macharnudo, pagos históricos del Marco en manos de muchos pequeños viñistas. Según anunció la compañía en agosto del año pasado, se trata de su segundo proyecto de esta tecnología en Andalucía y contará con una potencia inicial de 22,5 megavatios (MW), suponiendo una inversión de unos 30 millones de euros. Ubicado en la provincia de Cádiz, el parque eólico El Barroso contará con un total de cinco aerogeneradores del modelo de General Electric Cypress, que serán capaces de suministrar cerca de 65.000 megavatios hora (MWh) anuales de energía limpia, equivalentes al consumo de unos 27.000 hogares de la región, y de evitar, asimismo, la emisión a la atmósfera de más de 25.000 toneladas de CO2 al año.
Desde el inicio de las obras, el proyecto ha tenido en frente a multitud de viñistas y, en general, a la sociedad jerezana. El gobierno local, por boca del delegado de Urbanismo, José Antonio Díaz, ha vuelto a defender la legalidad de la inversión —pese a que anunció que expedientaba al promotor por alterar el proyecto— y, en el debate en el pleno, ha asegurado que “hay un 90% de viñistas que han alquilado sus parcelas y terrenos a Capital Energy, por tanto, nosotros apoyamos la utilidad pública de este proyecto”. Asimismo, ha añadido, “si hay alguna cuestión de ilegalidad urbanística lo que hay que hacer es irse al juzgado, mañana mismo, pero no estar sembrando continuamente la sombra de la ilegalidad. Cuenta con todos los informes favorables”.
La proposición la ha defendido Rocío Monedero, portavoz de Podemos dentro del grupo Adelante Jerez, quien ha insistido en la necesidad de paralizar el proyecto, y revocar la licencia y la autorización medioambiental. “Están en un marrón, en la mierda, y tienen que hacer algo para salir de ahí”, ha dicho de forma muy gráfica la representante morada.
También se ha mostrado contrario al mismo el portavoz del PP, Jaime Espinar, quien ha hablado de una actuación del ejecutivo socialista “contradictoria, falta de empatía” y que “ha dejado mucho que desear”. “No quiero pensar que se esté haciendo esto por un criterio de caja, poniéndole precio al viñedo, sin protegerlo. Si se hacen cosas que no se acogen al proyecto hay que actuar”, ha advertido. En concepto de impuestos municipales el Ayuntamiento prevé ingresar en las arcas públicas un 3,6% de 18,2 millones de euros en concepto de Impuesto de Construcciones y Obras, y un 2% por estación compensatoria, “que es un 2% sobre el 10% de gravamen, de 2,5 millones de euros”.
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